El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el Gobierno presentó en Cartagena lo que llamó pomposamente el “Marco de Política Pública de Protección Integral y Garantías para Líderes Sociales, Comunales, Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos”. Su punto de partida es simple: las y los líderes sociales y defensores de derechos humanos estarían en riesgo por “el reacomodamiento de grupos armados organizados y delincuenciales alrededor de las economías ilícitas”, en medio de un bajo nivel de control institucional, circunstancias favorables a la corrupción, debilidades organizativas para la defensa de derechos humanos y estigmatización de dicha actividad. Frente a esas causas, el Gobierno propone cinco acciones igualmente limitadas: garantizar mediante la fuerza pública condiciones para la defensa de derechos humanos en territorios con presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas, fortalecer la capacidad institucional, luchar contra la corrupción, vigorizar la capacidad de las personas y organizaciones de derechos humanos, y promover una cultura de respeto del derecho a defender los derechos humanos. No se contemplan otras causas de riesgo, como las acciones del Estado mismo, la impunidad, o la actividad económica legal. Tampoco se reconoce la persistencia del conflicto armado ni la existencia del Acuerdo de Paz.
Supuestamente este marco sería el producto de una amplia concertación con sectores de sociedad civil y agentes estatales, acompañados de comunidad internacional en 114 mesas de trabajo de cinco talleres territoriales y tres sectoriales, con participación de 160 servidores públicos y 370 personas defensoras de derechos humanos durante los últimos ocho meses. No se dice, sin embargo, que dicho proceso se afectó con el retiro de las plataformas de derechos humanos y la Cumbre Agraria el 6 de noviembre por la participación de miembros de la fuerza pública en el asesinato del excombatiente Dimar Torres en el Catatumbo, y del indígena Flower Trompeta en Corinto, o la precaria respuesta ante los asesinatos de líderes indígenas en el Cauca en los últimos meses, y por la ausencia de aplicación de dispositivos legales, que el Gobierno, violando sus deberes, se resiste a poner en funcionamiento, como el Decreto 660 de 2018 (Plan Integral de Seguridad y Protección para Organizaciones y Comunidades en los Territorios) o la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
Además, este marco deja por fuera la mayoría de los temas y propuestas planteados por las organizaciones de sociedad civil, limitándose a recoger los cinco parámetros en que se enfoca el Gobierno. Por ejemplo, no se mencionan la implementación de las medidas de garantías previstas en el Acuerdo de Paz, ni los riesgos derivados de la impunidad, o de la acción de las empresas, o de las alianzas entre agentes estatales y grupos paramilitares, o de la discriminación por razones de género, y las propuestas para enfrentarlos, que las y los defensores y líderes han resaltado en los talleres.
Así, este supuesto marco está lejos de ser una política pública. Apenas es un resumen, mal escrito y autista como el Gobierno, de algunas gestiones y actividades inconclusas.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el Gobierno presentó en Cartagena lo que llamó pomposamente el “Marco de Política Pública de Protección Integral y Garantías para Líderes Sociales, Comunales, Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos”. Su punto de partida es simple: las y los líderes sociales y defensores de derechos humanos estarían en riesgo por “el reacomodamiento de grupos armados organizados y delincuenciales alrededor de las economías ilícitas”, en medio de un bajo nivel de control institucional, circunstancias favorables a la corrupción, debilidades organizativas para la defensa de derechos humanos y estigmatización de dicha actividad. Frente a esas causas, el Gobierno propone cinco acciones igualmente limitadas: garantizar mediante la fuerza pública condiciones para la defensa de derechos humanos en territorios con presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas, fortalecer la capacidad institucional, luchar contra la corrupción, vigorizar la capacidad de las personas y organizaciones de derechos humanos, y promover una cultura de respeto del derecho a defender los derechos humanos. No se contemplan otras causas de riesgo, como las acciones del Estado mismo, la impunidad, o la actividad económica legal. Tampoco se reconoce la persistencia del conflicto armado ni la existencia del Acuerdo de Paz.
Supuestamente este marco sería el producto de una amplia concertación con sectores de sociedad civil y agentes estatales, acompañados de comunidad internacional en 114 mesas de trabajo de cinco talleres territoriales y tres sectoriales, con participación de 160 servidores públicos y 370 personas defensoras de derechos humanos durante los últimos ocho meses. No se dice, sin embargo, que dicho proceso se afectó con el retiro de las plataformas de derechos humanos y la Cumbre Agraria el 6 de noviembre por la participación de miembros de la fuerza pública en el asesinato del excombatiente Dimar Torres en el Catatumbo, y del indígena Flower Trompeta en Corinto, o la precaria respuesta ante los asesinatos de líderes indígenas en el Cauca en los últimos meses, y por la ausencia de aplicación de dispositivos legales, que el Gobierno, violando sus deberes, se resiste a poner en funcionamiento, como el Decreto 660 de 2018 (Plan Integral de Seguridad y Protección para Organizaciones y Comunidades en los Territorios) o la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
Además, este marco deja por fuera la mayoría de los temas y propuestas planteados por las organizaciones de sociedad civil, limitándose a recoger los cinco parámetros en que se enfoca el Gobierno. Por ejemplo, no se mencionan la implementación de las medidas de garantías previstas en el Acuerdo de Paz, ni los riesgos derivados de la impunidad, o de la acción de las empresas, o de las alianzas entre agentes estatales y grupos paramilitares, o de la discriminación por razones de género, y las propuestas para enfrentarlos, que las y los defensores y líderes han resaltado en los talleres.
Así, este supuesto marco está lejos de ser una política pública. Apenas es un resumen, mal escrito y autista como el Gobierno, de algunas gestiones y actividades inconclusas.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).