Lejos de ser un distractor para evadir la justicia (como se temía), el acuerdo del Gobierno y las Farc sobre la creación de una jurisdicción especial de paz es un instrumento para superar la impunidad en materia de derechos humanos y derecho humanitario en el país, que es del 99,99%.
En efecto, además de obligar a hacer justicia en relación con violaciones de derechos de las víctimas perpetradas por las Farc, lo cual es positivo y era lo que la mayoría del país y de los observadores internacionales solicitaban, el acuerdo también exige que se investiguen y sancionen las violaciones cometidas por otros actores, tales como agentes del Estado, paramilitares, políticos y particulares, que es lo que se requiere para afianzar la paz y superar la crisis de derechos humanos en Colombia. Con el tiempo esta evidencia tranquilizará a quienes, apoyando el proceso de paz, todavía dudan legítimamente de su credibilidad.
No así a quienes se oponen a ultranza a la negociación de paz con los grupos guerrilleros, cuya crítica al acuerdo la expresan generalmente por la supuesta impunidad que este brindaría a las Farc. En el fondo lo que de verdad rechazan es la posibilidad de que se haga justicia sobre otros actores, entre los cuales pueden estar incluidos ellos mismos como perpetradores. Por eso se esgrime el débil argumento de la indebida “igualación” en el tratamiento que este acuerdo daría a unos “terroristas”, por un lado, y a unos “héroes”, por otro, al someterlos a un mismo escrutinio judicial. Baste advertir que no es el acuerdo el que genera dicha igualación, sino la conducta del presunto héroe que, al delinquir, se haya puesto en iguales condiciones que el guerrillero frente a la ley, por infringirla.
Si el acuerdo hubiera diseñado un artificio de justicia simulada para encubrir impunidad, no recibiría tantas críticas de quienes se oponen a la paz negociada, pues dicha impunidad los beneficiaría. Precisamente, por ser un acuerdo orientado a garantizar justicia y a enfrentar la impunidad, es por lo que ha sido objeto de tal repudio por parte de quienes tienen algo que temer. A diferencia de otros acuerdos de paz en el mundo, y del Marco Jurídico para la paz antes de que fuera revisado por la Corte Constitucional, donde ha prevalecido el ánimo de garantizar el máximo de impunidad, en este acuerdo se aprecia el esfuerzo por lograr el máximo de justicia, en medio de las dificultades que ello implica respecto de múltiples delitos cometidos durante el conflicto armado. Esa es su principal e inmensa virtud: la de no atravesar la paz como un obstáculo para la justicia, sino convertirla en un dinamizador de la superación de la impunidad.
Por eso, víctimas de las guerrillas como del Estado han expresado su satisfacción, pues durante décadas han promovido diversos mecanismos para enfrentar la impunidad, mecanismos que ahora más que nunca deben funcionar: la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, los principios de Naciones Unidas sobre lucha contra la impunidad, la actividad de la Comisión y la Corte Interamericana, y el propio proceso de paz, basado centralmente en los derechos de las víctimas.
* El autor es el director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
Lejos de ser un distractor para evadir la justicia (como se temía), el acuerdo del Gobierno y las Farc sobre la creación de una jurisdicción especial de paz es un instrumento para superar la impunidad en materia de derechos humanos y derecho humanitario en el país, que es del 99,99%.
En efecto, además de obligar a hacer justicia en relación con violaciones de derechos de las víctimas perpetradas por las Farc, lo cual es positivo y era lo que la mayoría del país y de los observadores internacionales solicitaban, el acuerdo también exige que se investiguen y sancionen las violaciones cometidas por otros actores, tales como agentes del Estado, paramilitares, políticos y particulares, que es lo que se requiere para afianzar la paz y superar la crisis de derechos humanos en Colombia. Con el tiempo esta evidencia tranquilizará a quienes, apoyando el proceso de paz, todavía dudan legítimamente de su credibilidad.
No así a quienes se oponen a ultranza a la negociación de paz con los grupos guerrilleros, cuya crítica al acuerdo la expresan generalmente por la supuesta impunidad que este brindaría a las Farc. En el fondo lo que de verdad rechazan es la posibilidad de que se haga justicia sobre otros actores, entre los cuales pueden estar incluidos ellos mismos como perpetradores. Por eso se esgrime el débil argumento de la indebida “igualación” en el tratamiento que este acuerdo daría a unos “terroristas”, por un lado, y a unos “héroes”, por otro, al someterlos a un mismo escrutinio judicial. Baste advertir que no es el acuerdo el que genera dicha igualación, sino la conducta del presunto héroe que, al delinquir, se haya puesto en iguales condiciones que el guerrillero frente a la ley, por infringirla.
Si el acuerdo hubiera diseñado un artificio de justicia simulada para encubrir impunidad, no recibiría tantas críticas de quienes se oponen a la paz negociada, pues dicha impunidad los beneficiaría. Precisamente, por ser un acuerdo orientado a garantizar justicia y a enfrentar la impunidad, es por lo que ha sido objeto de tal repudio por parte de quienes tienen algo que temer. A diferencia de otros acuerdos de paz en el mundo, y del Marco Jurídico para la paz antes de que fuera revisado por la Corte Constitucional, donde ha prevalecido el ánimo de garantizar el máximo de impunidad, en este acuerdo se aprecia el esfuerzo por lograr el máximo de justicia, en medio de las dificultades que ello implica respecto de múltiples delitos cometidos durante el conflicto armado. Esa es su principal e inmensa virtud: la de no atravesar la paz como un obstáculo para la justicia, sino convertirla en un dinamizador de la superación de la impunidad.
Por eso, víctimas de las guerrillas como del Estado han expresado su satisfacción, pues durante décadas han promovido diversos mecanismos para enfrentar la impunidad, mecanismos que ahora más que nunca deben funcionar: la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, los principios de Naciones Unidas sobre lucha contra la impunidad, la actividad de la Comisión y la Corte Interamericana, y el propio proceso de paz, basado centralmente en los derechos de las víctimas.
* El autor es el director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).