Es muy justo que en el informe que el Ejército le ha presentado a la JEP se destaquen las víctimas producidas en sus filas y se pida justicia y reparación para ellas y sus familias. Según Semana, ahora en manos de un grupo contrario al proceso de paz, el informe estima que hasta 2016 hubo 18.841 militares asesinados, 5.707 desaparecidos, 316 secuestrados y muchos más gravemente lesionados, que causaron intenso dolor a madres, padres, esposas, hijos y allegados. Sus derechos deben ser adecuadamente resarcidos y la implementación del Acuerdo de Paz debe contribuir a ello.
Pero es muy atrevido y equivocado que esa justa reclamación se acompañe de una interpretación tergiversada de su propia responsabilidad en materia de violación de derechos humanos. Con base en la versión de Semana, que tuvo acceso “exclusivo” a las 9.713 páginas del informe (aunque no se revela por qué esa exclusividad), se observan al menos tres aspectos protuberantes de dicha tergiversación.
En primer lugar, en relación con los paramilitares, cuyo surgimiento atribuye el informe a “la incapacidad del Estado de atender las necesidades propias de la seguridad del territorio, además del inadecuado manejo de la distribución de la tierra y el poco control del monopolio de las armas y el poder armado”. Es la teoría del Estado víctima, que desconoce que el Estado creó a los paramilitares y lo hizo desde antes de que existieran guerrillas en Colombia, en 1962, y los legalizó al autorizar al Ejército para entregarles armas de guerra, mediante el Decreto 3398 de 1965 (art. 33, parágr. 3º). Suspendida y luego declarada inconstitucional esa norma en 1989, volvió a autorizar la entrega de armas de guerra mediante el Decreto 356 de 1994 (parágr. del art. 39), norma declarada inconstitucional en 1997. La responsabilidad del Estado y del Ejército en la creación de los grupos paramilitares es inocultable.
En segundo lugar, en relación con los mal llamados “falsos positivos”. El informe dice que no fue política de la institución. Es un mal chiste. ¿Quién puede creer que 6.402 asesinatos de civiles mostrados falsamente como combatientes muertos en combate son casos aislados? Esto es lo que tiene registrado la JEP, y parece que la cifra puede ser mayor. Siendo una práctica que se dio en todo el país y en diferentes unidades militares, no cabe la hipótesis de que haya sido mera coincidencia, hipótesis que además sería irrespetuosa con la inteligencia de los comandantes militares.
En tercer lugar, en relación con la doctrina. El Ejército, dice la revista, “entregó ocho libros en los que presenta la doctrina que se enseña en sus escuelas militares, como una prueba de que insisten desde siempre en el respeto por los derechos humanos”. Con seguridad no incluyó allí el Reglamento de Combate de Contraguerrillas de 1969 y los complementarios de 1977, 1979, 1982 y 1987, que prevén acciones conjuntas con grupos paramilitares, y están vigentes todavía.
El informe se titula Catarsis, que quiere decir “purificación”. Para purificar al Ejército se requiere reconocer estos tres graves asuntos, junto con algunos más, y corregirlos a fondo. Que la JEP le ayude a hacerlo, para bien de la población colombiana.
*Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org)
Es muy justo que en el informe que el Ejército le ha presentado a la JEP se destaquen las víctimas producidas en sus filas y se pida justicia y reparación para ellas y sus familias. Según Semana, ahora en manos de un grupo contrario al proceso de paz, el informe estima que hasta 2016 hubo 18.841 militares asesinados, 5.707 desaparecidos, 316 secuestrados y muchos más gravemente lesionados, que causaron intenso dolor a madres, padres, esposas, hijos y allegados. Sus derechos deben ser adecuadamente resarcidos y la implementación del Acuerdo de Paz debe contribuir a ello.
Pero es muy atrevido y equivocado que esa justa reclamación se acompañe de una interpretación tergiversada de su propia responsabilidad en materia de violación de derechos humanos. Con base en la versión de Semana, que tuvo acceso “exclusivo” a las 9.713 páginas del informe (aunque no se revela por qué esa exclusividad), se observan al menos tres aspectos protuberantes de dicha tergiversación.
En primer lugar, en relación con los paramilitares, cuyo surgimiento atribuye el informe a “la incapacidad del Estado de atender las necesidades propias de la seguridad del territorio, además del inadecuado manejo de la distribución de la tierra y el poco control del monopolio de las armas y el poder armado”. Es la teoría del Estado víctima, que desconoce que el Estado creó a los paramilitares y lo hizo desde antes de que existieran guerrillas en Colombia, en 1962, y los legalizó al autorizar al Ejército para entregarles armas de guerra, mediante el Decreto 3398 de 1965 (art. 33, parágr. 3º). Suspendida y luego declarada inconstitucional esa norma en 1989, volvió a autorizar la entrega de armas de guerra mediante el Decreto 356 de 1994 (parágr. del art. 39), norma declarada inconstitucional en 1997. La responsabilidad del Estado y del Ejército en la creación de los grupos paramilitares es inocultable.
En segundo lugar, en relación con los mal llamados “falsos positivos”. El informe dice que no fue política de la institución. Es un mal chiste. ¿Quién puede creer que 6.402 asesinatos de civiles mostrados falsamente como combatientes muertos en combate son casos aislados? Esto es lo que tiene registrado la JEP, y parece que la cifra puede ser mayor. Siendo una práctica que se dio en todo el país y en diferentes unidades militares, no cabe la hipótesis de que haya sido mera coincidencia, hipótesis que además sería irrespetuosa con la inteligencia de los comandantes militares.
En tercer lugar, en relación con la doctrina. El Ejército, dice la revista, “entregó ocho libros en los que presenta la doctrina que se enseña en sus escuelas militares, como una prueba de que insisten desde siempre en el respeto por los derechos humanos”. Con seguridad no incluyó allí el Reglamento de Combate de Contraguerrillas de 1969 y los complementarios de 1977, 1979, 1982 y 1987, que prevén acciones conjuntas con grupos paramilitares, y están vigentes todavía.
El informe se titula Catarsis, que quiere decir “purificación”. Para purificar al Ejército se requiere reconocer estos tres graves asuntos, junto con algunos más, y corregirlos a fondo. Que la JEP le ayude a hacerlo, para bien de la población colombiana.
*Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org)