“Yo no he pensado en más alternativa que en dar la batalla jurídica y ante la opinión pública”. Así respondió Álvaro Uribe, en rueda de prensa el pasado lunes, a la pregunta de cuál sería la alternativa si él recusaba a la Corte Suprema en el caso de soborno y fraude procesal por el que ha sido llamado a rendir indagatoria.
El caso se refiere a las gestiones realizadas por su abogado, Diego Cadena, ante el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que se retracte de unas declaraciones que involucran a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe con el Bloque Metro. Según Monsalve, hijo del mayordomo de la finca Guacharacas, de propiedad de los Uribe Vélez, allí se habría creado dicho Bloque. Cadena visitó a Monsalve en la cárcel en febrero tres veces y se reunió también con su esposa, pero no logró la retractación. El contacto para el efecto habría sido hecho por Carlos Eduardo López (alias “Caliche”), residente en el Huila, quien a su vez habría sido contactado por el jefe del Centro Democrático en ese departamento, y hoy congresista, Álvaro Hernán Prada, quien habló con “Caliche” en nombre del expresidente Uribe.
Los contactos entre todos estos personajes están probados. La batalla jurídica ha consistido entonces en decir que no fueron buscados por el expresidente y sus colaboradores, sino que fueron solicitados por el propio Monsalve. Como no resulta convincente que Monsalve haya pretendido reunirse con ellos y negarse a la retractación, se ha afirmado que su propósito era enredar al expresidente en un proceso penal para desprestigiarlo. Un complot, pero sin prueba alguna sobre su autoría. Entonces se especula que pudo ser urdido por el Gobierno, o por los magistrados que llamaron a indagatoria a Uribe, o por sus enemigos políticos, o por todos ellos juntos.
Para darle apariencia formal al argumento, se recusa a los magistrados porque no habrían informado que existía la investigación, aunque dos veces se les pidió que lo hicieran, mientras que algunos periodistas sí tuvieron acceso a ella. Además, se anuncia que se elevará queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La discusión jurídica no es sólida, pues poco importa que fuera Monsalve y no Uribe quien hubiera tenido la iniciativa del contacto. Está prohibido “negociar directa o indirectamente con la contraparte, sin la intervención o autorización del abogado de esta”. Constituye falta a la lealtad y honradez con los colegas, según el Código Disciplinario del Abogado (ley 1123/07, art. 36.3). Por otra parte, es demasiado forzada la teoría del complot, respecto de la cual no hay ningún indicio, mientras que sí hay varias pruebas sobre la intervención del expresidente en las diversas operaciones.
Por eso, tiene sentido que la alternativa contemple la “batalla ante la opinión pública”. Una absolución popular, que el expresidente podría lograr con todo el manejo mediático que tiene, le permitiría enfrentar una eventual condena judicial. Pero sería irresponsable y podría poner a prueba vilmente la estabilidad institucional. Hará falta mucha movilización social y apoyo de la Comisión Interamericana y de la comunidad internacional para mantener en pie el Estado social de derecho en Colombia.
*Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org)
“Yo no he pensado en más alternativa que en dar la batalla jurídica y ante la opinión pública”. Así respondió Álvaro Uribe, en rueda de prensa el pasado lunes, a la pregunta de cuál sería la alternativa si él recusaba a la Corte Suprema en el caso de soborno y fraude procesal por el que ha sido llamado a rendir indagatoria.
El caso se refiere a las gestiones realizadas por su abogado, Diego Cadena, ante el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que se retracte de unas declaraciones que involucran a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe con el Bloque Metro. Según Monsalve, hijo del mayordomo de la finca Guacharacas, de propiedad de los Uribe Vélez, allí se habría creado dicho Bloque. Cadena visitó a Monsalve en la cárcel en febrero tres veces y se reunió también con su esposa, pero no logró la retractación. El contacto para el efecto habría sido hecho por Carlos Eduardo López (alias “Caliche”), residente en el Huila, quien a su vez habría sido contactado por el jefe del Centro Democrático en ese departamento, y hoy congresista, Álvaro Hernán Prada, quien habló con “Caliche” en nombre del expresidente Uribe.
Los contactos entre todos estos personajes están probados. La batalla jurídica ha consistido entonces en decir que no fueron buscados por el expresidente y sus colaboradores, sino que fueron solicitados por el propio Monsalve. Como no resulta convincente que Monsalve haya pretendido reunirse con ellos y negarse a la retractación, se ha afirmado que su propósito era enredar al expresidente en un proceso penal para desprestigiarlo. Un complot, pero sin prueba alguna sobre su autoría. Entonces se especula que pudo ser urdido por el Gobierno, o por los magistrados que llamaron a indagatoria a Uribe, o por sus enemigos políticos, o por todos ellos juntos.
Para darle apariencia formal al argumento, se recusa a los magistrados porque no habrían informado que existía la investigación, aunque dos veces se les pidió que lo hicieran, mientras que algunos periodistas sí tuvieron acceso a ella. Además, se anuncia que se elevará queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La discusión jurídica no es sólida, pues poco importa que fuera Monsalve y no Uribe quien hubiera tenido la iniciativa del contacto. Está prohibido “negociar directa o indirectamente con la contraparte, sin la intervención o autorización del abogado de esta”. Constituye falta a la lealtad y honradez con los colegas, según el Código Disciplinario del Abogado (ley 1123/07, art. 36.3). Por otra parte, es demasiado forzada la teoría del complot, respecto de la cual no hay ningún indicio, mientras que sí hay varias pruebas sobre la intervención del expresidente en las diversas operaciones.
Por eso, tiene sentido que la alternativa contemple la “batalla ante la opinión pública”. Una absolución popular, que el expresidente podría lograr con todo el manejo mediático que tiene, le permitiría enfrentar una eventual condena judicial. Pero sería irresponsable y podría poner a prueba vilmente la estabilidad institucional. Hará falta mucha movilización social y apoyo de la Comisión Interamericana y de la comunidad internacional para mantener en pie el Estado social de derecho en Colombia.
*Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org)