Un video entregado por Aida Merlano a la revista Cambio —publicación que, felizmente, resucitó este domingo— muestra detalles del allanamiento a la cocina de su casa, el 11 de marzo de 2018. Allí se ve a una mujer policía depositar algo en una despensa. Una hora después, un grupo de policías retiran de esa despensa un revólver que, según Aida, fue exhibido en el proceso judicial en su contra como prueba de que ella habría cometido el delito de porte de arma de fuego sin salvoconducto.
Ese video no solo demuestra el montaje que se perpetró en su contra, sino que da credibilidad a su versión sobre los detalles de la compra de votos en la que está comprometida. Ella reconoce su participación al respecto, pero agrega que su actuación era parte de una operación mayor, organizada por políticos de la costa, entre los cuales menciona a los Gerlein y a los Char. Puso de presente también otra grabación, tomada un día antes, el 10 de marzo, en la que aparece acudiendo al vehículo de Alejandro Char quien, según ella, le entregó una caja con $500 millones en efectivo, para comprar votos, parte de los cuales fueron incautados en el allanamiento.
Como Alejandro Char, en declaraciones ante la Corte Suprema, negó haber tenido vínculos con ella, Merlano reveló que los dos habían tenido una relación sentimental y mostró fotos para demostrarlo. Dijo que los Char fraguaron su fuga cuando estaba presa, la cual se llevó a cabo descolgándose por la ventana del consultorio odontológico donde había sido atendida, y que la llevaron secuestrada a Valledupar. Afirmó que planeaban asesinarla y desaparecerla para que no contara lo que sabía de ellos sobre la compra de votos.
Dijo también que los Char “siempre han tenido un fiscal de bolsillo”. Quizás eso explique el montaje judicial en su contra, así como la eliminación o el borrado de otros videos que ella dice que había en su sede y que los comprometían. Pero lo más grave de esto es que en tales condiciones es muy difícil que prospere una investigación sobre algo tan delicado como lo denunciado por Merlano. En la medida en que hay señalamientos contra la Fiscalía, esta entidad debería considerarse impedida de actuar en este caso y procedería que la Corte Suprema nombrara un fiscal ad hoc para esclarecer este esperpento.
Algo similar se debería hacer con otras situaciones tanto o más escandalosas frente a las cuales la institucionalidad colombiana no tiene capacidad para reaccionar adecuadamente. Entre ellas cabe mencionar las más de 250 denuncias contra Álvaro Uribe engavetadas en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes; los nombramientos de embajadores no pertenecientes a la carrera diplomática por parte del presidente Duque, que han sido denunciados hace poco, que causarán un importante detrimento patrimonial al Estado por los ingentes gastos que implicará su desplazamiento y el de su menaje y su pronto regreso; la ñeñepolítica; los $70.000 millones del contrato con Centros Poblados; o las relaciones de Lafaurie con los paramilitares. La lista es larga.
Ojalá estas elecciones puedan crear una situación política más propicia para el nombramiento de ese o esa fiscal ad hoc.
*Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
Un video entregado por Aida Merlano a la revista Cambio —publicación que, felizmente, resucitó este domingo— muestra detalles del allanamiento a la cocina de su casa, el 11 de marzo de 2018. Allí se ve a una mujer policía depositar algo en una despensa. Una hora después, un grupo de policías retiran de esa despensa un revólver que, según Aida, fue exhibido en el proceso judicial en su contra como prueba de que ella habría cometido el delito de porte de arma de fuego sin salvoconducto.
Ese video no solo demuestra el montaje que se perpetró en su contra, sino que da credibilidad a su versión sobre los detalles de la compra de votos en la que está comprometida. Ella reconoce su participación al respecto, pero agrega que su actuación era parte de una operación mayor, organizada por políticos de la costa, entre los cuales menciona a los Gerlein y a los Char. Puso de presente también otra grabación, tomada un día antes, el 10 de marzo, en la que aparece acudiendo al vehículo de Alejandro Char quien, según ella, le entregó una caja con $500 millones en efectivo, para comprar votos, parte de los cuales fueron incautados en el allanamiento.
Como Alejandro Char, en declaraciones ante la Corte Suprema, negó haber tenido vínculos con ella, Merlano reveló que los dos habían tenido una relación sentimental y mostró fotos para demostrarlo. Dijo que los Char fraguaron su fuga cuando estaba presa, la cual se llevó a cabo descolgándose por la ventana del consultorio odontológico donde había sido atendida, y que la llevaron secuestrada a Valledupar. Afirmó que planeaban asesinarla y desaparecerla para que no contara lo que sabía de ellos sobre la compra de votos.
Dijo también que los Char “siempre han tenido un fiscal de bolsillo”. Quizás eso explique el montaje judicial en su contra, así como la eliminación o el borrado de otros videos que ella dice que había en su sede y que los comprometían. Pero lo más grave de esto es que en tales condiciones es muy difícil que prospere una investigación sobre algo tan delicado como lo denunciado por Merlano. En la medida en que hay señalamientos contra la Fiscalía, esta entidad debería considerarse impedida de actuar en este caso y procedería que la Corte Suprema nombrara un fiscal ad hoc para esclarecer este esperpento.
Algo similar se debería hacer con otras situaciones tanto o más escandalosas frente a las cuales la institucionalidad colombiana no tiene capacidad para reaccionar adecuadamente. Entre ellas cabe mencionar las más de 250 denuncias contra Álvaro Uribe engavetadas en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes; los nombramientos de embajadores no pertenecientes a la carrera diplomática por parte del presidente Duque, que han sido denunciados hace poco, que causarán un importante detrimento patrimonial al Estado por los ingentes gastos que implicará su desplazamiento y el de su menaje y su pronto regreso; la ñeñepolítica; los $70.000 millones del contrato con Centros Poblados; o las relaciones de Lafaurie con los paramilitares. La lista es larga.
Ojalá estas elecciones puedan crear una situación política más propicia para el nombramiento de ese o esa fiscal ad hoc.
*Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).