Equidad, buen gobierno, justicia y paz es lo que cualquier sociedad espera que sus instituciones le brinden. Es también lo que la Constitución de 1991 intentó garantizar a través de algunas de sus principales innovaciones. Treinta años después, las posibilidades de avanzar en esa dirección son mayores que antes, pero falta lograr resultados mejores.
Colombia posee una gran diversidad étnica y cultural que no siempre se aprecia, ello se traduce en discriminación y miseria para sectores importantes de la población. Por eso, es valioso que la Constitución, basada en un Estado social de derecho, haya reconocido el derecho a la igualdad y el compromiso estatal de hacerla efectiva, y haya asumido como derechos la seguridad social y la vivienda digna, así como el deber de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios. Es importante también la consagración de los principios de igualdad de oportunidades para los trabajadores y de estabilidad en el empleo, así como el servicio público de la educación y su gratuidad en las instituciones del Estado, y los derechos colectivos y del medio ambiente. En estos últimos aspectos se requiere más desarrollo normativo y, en todos, más realizaciones materiales. Una renta básica es ineludible, a la luz de la pandemia que estamos viviendo.
Las pautas de buen gobierno también están regidas por el Estado social de derecho y por correctivos introducidos a abusos del poder. Antes, el país era gobernado tres años de cada cuatro bajo estado de sitio, durante el cual se permitía a los militares detener a civiles sin orden judicial, juzgarlos y condenarlos, entre otras arbitrariedades. La Constitución puso límites a esa figura, lo cual ha reducido la arbitrariedad presidencial, aunque ha habido intentos de revivir esas prácticas autoritarias. Además, se les dio rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, lo cual ha permitido un importante control supranacional, que complementa el ejercido por la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Rama Judicial en general, a través de la acción de tutela y otros recursos creados por la Constitución. Hace falta una reestructuración de la Policía y de la fuerza pública en general, como ha sido puesto en evidencia por el paro nacional.
En materia de justicia hace falta mucho. El Acuerdo de Paz creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que debe contribuir sustancialmente al respecto y servir de lección para rediseñar la justicia ordinaria, de tal forma que pueda superarse a fondo la impunidad existente.
Por último, en materia de convivencia pacífica, el Acuerdo de Paz, que es un complemento muy valioso de la Constitución de 1991, ha sentado bases muy importantes para lograrla. Lamentablemente, 1.058 líderes y lideresas sociales y 270 excombatientes de paz han sido asesinados desde diciembre de 2016. Urge parar las matanzas.
El trigésimo aniversario de la Constitución es una oportunidad para que quienes gobiernan o quieren gobernar a Colombia reafirmen los compromisos estatales adquiridos para proteger los derechos de las y los habitantes del país, sin ninguna distinción.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).