“Si no es capaz de responderme, no le hago más preguntas y la saco y la tiro a la Fiscalía”, le dijo el juez segundo de restitución de tierras de Apartadó, Alejandro Rincón Gallego, a una solicitante de restitución del predio La Guatinaja, en audiencia judicial realizada el pasado 30 de septiembre (ver El Espectador y Noticias Uno). Al ser preguntada por qué solicitaba esa restitución, ella había respondido: “Porque me siento con derecho, porque soy socia allá”, pues hace parte de un grupo de campesinos a los que el Incora les adjudicó el predio en los años 90, del cual fueron desplazados luego por paramilitares. Pero el juez le dijo que ese predio es una finca bananera, dando a entender que la reclamante no tenía derecho sobre el bien. Su abogada objetó la pregunta y el juez le replicó: “Usted no puede objetar, aquí simplemente está con un juez, también la tiro a usted a la Fiscalía”. A la agente del Ministerio Público, que igualmente intervino a favor de la declarante, también le advirtió que la “tiraba” a la Fiscalía.
Agregó que tenían que explicarle a la declarante “para que las respuestas a las preguntas que se le hagan digan si quiere o no quiere, o lo que quiere es una compensación, eso es lo que tienen ustedes que explicarle a ella”. Asumiendo funciones que no le corresponden, expresó que “el que sea allá el propietario puede decir no me opongo y reconozca las mejoras, y el que menos tiene que pagar le tendrá que pagar más de $30.000 millones al actual propietario o el actual propietario segundo poseedor, lo que sea, tiene que presentar demanda de pertenencia adquisitiva de dominio”.
Estas y otras barbaridades las dijo el juez porque estaba convencido de la vigencia del proyecto de ley 131 de 2018-Senado, presentado por la senadora Cabal, por medio del cual se pretendió modificar la Ley 1448 de 2011 en materia de restitución de tierras. Así lo reconoció ante las abogadas en su despacho, exhibiendo el texto del proyecto, recibido del partido Centro Democrático. “Esto se convierte en dejar de ser restitución a una acción reivindicatoria”, aseveró. Pero el proyecto de ley 131 nunca completó su trámite en el Congreso y fue archivado. La senadora Cabal presentó un nuevo proyecto de ley, radicado con el número 20 de 2019-Senado, con el mismo propósito. Su planteamiento central es la eliminación de la prueba de la buena fe exenta de culpa como exigencia para que el adquiriente del predio pueda hacer valer sus derechos. Así, afectado en su esencia, desaparecería el proceso de restitución como medida de justicia transicional. Este proyecto no ha tenido todavía ningún debate en el Congreso, pero el incidente de Apartadó es ilustrativo de los efectos que puede generar si es aprobado: la parcialización judicial a favor de los terratenientes y la amenaza de cárcel para los reclamantes.
Por eso, es necesario impedir la aprobación de este esperpento en el Congreso, si se quiere justicia y reparación para la población desplazada. Pero además causa curiosidad la petición de la abogada del Ministerio Público de practicar una valoración al juez para determinar si se encuentra en condiciones mentales aptas para desempeñar el cargo, es decir, si está en sus cabales.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
“Si no es capaz de responderme, no le hago más preguntas y la saco y la tiro a la Fiscalía”, le dijo el juez segundo de restitución de tierras de Apartadó, Alejandro Rincón Gallego, a una solicitante de restitución del predio La Guatinaja, en audiencia judicial realizada el pasado 30 de septiembre (ver El Espectador y Noticias Uno). Al ser preguntada por qué solicitaba esa restitución, ella había respondido: “Porque me siento con derecho, porque soy socia allá”, pues hace parte de un grupo de campesinos a los que el Incora les adjudicó el predio en los años 90, del cual fueron desplazados luego por paramilitares. Pero el juez le dijo que ese predio es una finca bananera, dando a entender que la reclamante no tenía derecho sobre el bien. Su abogada objetó la pregunta y el juez le replicó: “Usted no puede objetar, aquí simplemente está con un juez, también la tiro a usted a la Fiscalía”. A la agente del Ministerio Público, que igualmente intervino a favor de la declarante, también le advirtió que la “tiraba” a la Fiscalía.
Agregó que tenían que explicarle a la declarante “para que las respuestas a las preguntas que se le hagan digan si quiere o no quiere, o lo que quiere es una compensación, eso es lo que tienen ustedes que explicarle a ella”. Asumiendo funciones que no le corresponden, expresó que “el que sea allá el propietario puede decir no me opongo y reconozca las mejoras, y el que menos tiene que pagar le tendrá que pagar más de $30.000 millones al actual propietario o el actual propietario segundo poseedor, lo que sea, tiene que presentar demanda de pertenencia adquisitiva de dominio”.
Estas y otras barbaridades las dijo el juez porque estaba convencido de la vigencia del proyecto de ley 131 de 2018-Senado, presentado por la senadora Cabal, por medio del cual se pretendió modificar la Ley 1448 de 2011 en materia de restitución de tierras. Así lo reconoció ante las abogadas en su despacho, exhibiendo el texto del proyecto, recibido del partido Centro Democrático. “Esto se convierte en dejar de ser restitución a una acción reivindicatoria”, aseveró. Pero el proyecto de ley 131 nunca completó su trámite en el Congreso y fue archivado. La senadora Cabal presentó un nuevo proyecto de ley, radicado con el número 20 de 2019-Senado, con el mismo propósito. Su planteamiento central es la eliminación de la prueba de la buena fe exenta de culpa como exigencia para que el adquiriente del predio pueda hacer valer sus derechos. Así, afectado en su esencia, desaparecería el proceso de restitución como medida de justicia transicional. Este proyecto no ha tenido todavía ningún debate en el Congreso, pero el incidente de Apartadó es ilustrativo de los efectos que puede generar si es aprobado: la parcialización judicial a favor de los terratenientes y la amenaza de cárcel para los reclamantes.
Por eso, es necesario impedir la aprobación de este esperpento en el Congreso, si se quiere justicia y reparación para la población desplazada. Pero además causa curiosidad la petición de la abogada del Ministerio Público de practicar una valoración al juez para determinar si se encuentra en condiciones mentales aptas para desempeñar el cargo, es decir, si está en sus cabales.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).