Cuatro defensores de derechos humanos fueron asesinados durante los 14 días que estuvo de visita en Colombia Michel Forst, relator de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos. Por eso pidió un minuto de silencio durante la rueda de prensa con que concluyó su misión, el pasado lunes 3 de diciembre. Y no dudó en calificar la situación de “realmente dramática”, así como “sistemática”, debido a la gravedad y al enorme número de asesinatos y de amenazas de activistas de derechos humanos, lo que le permitió percibir que en las regiones se siente realmente temor. Por ello, para el relator hay “un patrón de ataques sistemáticos contra defensoras y defensores”, contrariamente a las declaraciones que han dado al respecto varias autoridades.
Algunas de ellas, como el ministro de Defensa y el gobernador de Antioquia, según el relator, han hecho señalamientos difamatorios contra los defensores. Dijo que en ocasiones se ha pasado de la declaración a la criminalización; es decir, a la aplicación de la ley para impedir el ejercicio de la labor de defensores, y se ha afectado la libertad de reunión y el derecho de protesta. “El uso excesivo de la fuerza también es motivo de preocupación”, expresó.
Definió como estremecedor el contraste entre la notoria reducción de los homicidios en general, debido al proceso de paz, y el aumento de los asesinatos de defensores de derechos humanos. Se mostró escéptico sobre las cifras de la Fiscalía, que a su juicio no siempre reflejan la realidad sobre la impunidad de estas agresiones. Y anunció que le hará seguimiento al papel de las compañías internacionales en Colombia, a algunas de las cuales enviará cartas transmitiéndoles denuncias en su contra sobre este tema y pidiéndoles explicaciones.
Como noticia positiva indicó que, a pesar de la gravedad de la situación, vislumbra en el nuevo Gobierno la ambición de encontrar una solución a este problema. Recordó que ningún relator de Naciones Unidas había venido en visita oficial durante los últimos ocho años y se declaró dispuesto a volver al país dentro de algunos meses para verificar bqué políticas se han puesto en práctica y qué progresos se han obtenido. Destacó el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, tanto en Bogotá como en las regiones, así como el de la Defensoría del Pueblo.
Con su apoyo se mostró confiado en brindar elementos para la adopción de una política global por parte de las autoridades en estrecha consulta con sus beneficiarios: los defensores de derechos humanos. En marzo de 2020, espera presentar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe basado en esta y en las sucesivas visitas de seguimiento que haga, sobre la situación de defensores de derechos humanos en Colombia.
Mejor dicho: le dio 15 meses de plazo al Gobierno para mejorar la situación. ¿Qué espera el presidente para convocar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y reactivar su funcionamiento? ¿Y para continuar la concertación iniciada en el pasado Gobierno sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos? En 15 meses el panorama puede ser peor si no se actúa bien desde ya.
*Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
Cuatro defensores de derechos humanos fueron asesinados durante los 14 días que estuvo de visita en Colombia Michel Forst, relator de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos. Por eso pidió un minuto de silencio durante la rueda de prensa con que concluyó su misión, el pasado lunes 3 de diciembre. Y no dudó en calificar la situación de “realmente dramática”, así como “sistemática”, debido a la gravedad y al enorme número de asesinatos y de amenazas de activistas de derechos humanos, lo que le permitió percibir que en las regiones se siente realmente temor. Por ello, para el relator hay “un patrón de ataques sistemáticos contra defensoras y defensores”, contrariamente a las declaraciones que han dado al respecto varias autoridades.
Algunas de ellas, como el ministro de Defensa y el gobernador de Antioquia, según el relator, han hecho señalamientos difamatorios contra los defensores. Dijo que en ocasiones se ha pasado de la declaración a la criminalización; es decir, a la aplicación de la ley para impedir el ejercicio de la labor de defensores, y se ha afectado la libertad de reunión y el derecho de protesta. “El uso excesivo de la fuerza también es motivo de preocupación”, expresó.
Definió como estremecedor el contraste entre la notoria reducción de los homicidios en general, debido al proceso de paz, y el aumento de los asesinatos de defensores de derechos humanos. Se mostró escéptico sobre las cifras de la Fiscalía, que a su juicio no siempre reflejan la realidad sobre la impunidad de estas agresiones. Y anunció que le hará seguimiento al papel de las compañías internacionales en Colombia, a algunas de las cuales enviará cartas transmitiéndoles denuncias en su contra sobre este tema y pidiéndoles explicaciones.
Como noticia positiva indicó que, a pesar de la gravedad de la situación, vislumbra en el nuevo Gobierno la ambición de encontrar una solución a este problema. Recordó que ningún relator de Naciones Unidas había venido en visita oficial durante los últimos ocho años y se declaró dispuesto a volver al país dentro de algunos meses para verificar bqué políticas se han puesto en práctica y qué progresos se han obtenido. Destacó el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, tanto en Bogotá como en las regiones, así como el de la Defensoría del Pueblo.
Con su apoyo se mostró confiado en brindar elementos para la adopción de una política global por parte de las autoridades en estrecha consulta con sus beneficiarios: los defensores de derechos humanos. En marzo de 2020, espera presentar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe basado en esta y en las sucesivas visitas de seguimiento que haga, sobre la situación de defensores de derechos humanos en Colombia.
Mejor dicho: le dio 15 meses de plazo al Gobierno para mejorar la situación. ¿Qué espera el presidente para convocar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y reactivar su funcionamiento? ¿Y para continuar la concertación iniciada en el pasado Gobierno sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos? En 15 meses el panorama puede ser peor si no se actúa bien desde ya.
*Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).