La pregunta fundamental es muy simple: qué es más importante, ¿proteger la salud de las personas o proteger las ganancias de las compañías farmacéuticas? Por supuesto que los gastos en que incurren las empresas se deben compensar para que las investigaciones en nuevos medicamentos útiles no se estanquen, pero no hasta el punto de que la preocupación esencial de los gobiernos sea proteger a la industria y no a los ciudadanos.
Esta semana hemos visto dos casos típicos, uno nacional y otro internacional, en los que los intereses de la industria privada (representada por empresas trasnacionales con ganancias multimillonarias) chocan con el bienestar general. Y la manera grotesca en que el gobierno Trump se alinea con estas empresas y contra la gente, recurriendo incluso al chantaje más burdo, por supuesto contra los países más pobres, es decir, contra los más fáciles de chantajear.
Según reveló hace poco The New York Times, Estados Unidos fue el único gobierno del mundo que se opuso —durante la última Asamblea General de la OMS— a una resolución para favorecer la leche materna y prohibir la publicidad y las presiones indebidas de las industrias que producen y promueven el uso de leche materna artificial o de sustitutos en polvo que se mezclan con agua. El consenso general de los expertos dice que amamantar trae grandes ventajas para la madre y para la criatura (la leche materna favorece el sistema inmune del bebé). Pero si las madres deciden dar teta las ganancias de la industria se estancan, y es lo que ha ocurrido gracias a las campañas a favor de la leche materna. Esas industrias fueron grandes aportantes en la elección de Trump (Abbott, en particular), y ahora Trump les paga el favor en los escenarios internacionales.
En un país pobre lo que una madre se gasta en sustitutos de su propia leche (que es la mejor), se lo deja de gastar en alimentos frescos para ella misma y para el resto de la familia. Muchas veces la leche en polvo se mezcla con agua no potable, y los bebés corren riesgos de enfermedad y muerte por enteritis y deshidratación. Muchos médicos y personal sanitario dejan que vendedores de la industria de los alimentos promuevan sus productos en los centros de salud. A cambio de permitir esta publicidad indebida, las industrias invitan al personal de salud a maravillosas vacaciones en paraísos turísticos. Las madres y las familias menos informadas pierden dinero y salud, mientras las empresas se llenan las alforjas.
El otro caso, esta vez colombiano, tiene que ver con los precios de las píldoras, los dispositivos y otros tratamientos anticonceptivos. El buen ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ha resuelto despedirse de su Ministerio con una decisión sabia y útil para las colombianas: que las industrias farmacéuticas dejen de abusar con los precios de los anticonceptivos. La anticoncepción fue un avance científico revolucionario que logró transformar la vida de la mujer y liberarla de embarazos indeseados y de la triste práctica del aborto. La industria, en más de medio siglo de venta y producción, ha librado con creces todas las inversiones e investigación en estos productos. Los países más avanzados así lo saben, y allá estos medicamentos esenciales no son caros. Cuanto más accesibles, mejor para el control demográfico, la paternidad responsable y para evitar el embarazo juvenil.
Pero de nuevo el gobierno Trump, a través de sus representantes en la Embajada en Colombia, y la industria farmacéutica (Abbott, en particular), adoptan un tono amenazante, en el límite del chantaje económico, para evitar una medida justa, sana y de elemental soberanía nacional. Esto no lo hacen en Noruega, el Reino Unido o España. Ojalá el nuevo ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, que tiene las mejores credenciales y es un médico sabio, no permita que el otro Uribe le imponga la liberación de precios (como hizo en su gobierno), y apoye esta saludable e importante circular del ministro Gaviria.
La pregunta fundamental es muy simple: qué es más importante, ¿proteger la salud de las personas o proteger las ganancias de las compañías farmacéuticas? Por supuesto que los gastos en que incurren las empresas se deben compensar para que las investigaciones en nuevos medicamentos útiles no se estanquen, pero no hasta el punto de que la preocupación esencial de los gobiernos sea proteger a la industria y no a los ciudadanos.
Esta semana hemos visto dos casos típicos, uno nacional y otro internacional, en los que los intereses de la industria privada (representada por empresas trasnacionales con ganancias multimillonarias) chocan con el bienestar general. Y la manera grotesca en que el gobierno Trump se alinea con estas empresas y contra la gente, recurriendo incluso al chantaje más burdo, por supuesto contra los países más pobres, es decir, contra los más fáciles de chantajear.
Según reveló hace poco The New York Times, Estados Unidos fue el único gobierno del mundo que se opuso —durante la última Asamblea General de la OMS— a una resolución para favorecer la leche materna y prohibir la publicidad y las presiones indebidas de las industrias que producen y promueven el uso de leche materna artificial o de sustitutos en polvo que se mezclan con agua. El consenso general de los expertos dice que amamantar trae grandes ventajas para la madre y para la criatura (la leche materna favorece el sistema inmune del bebé). Pero si las madres deciden dar teta las ganancias de la industria se estancan, y es lo que ha ocurrido gracias a las campañas a favor de la leche materna. Esas industrias fueron grandes aportantes en la elección de Trump (Abbott, en particular), y ahora Trump les paga el favor en los escenarios internacionales.
En un país pobre lo que una madre se gasta en sustitutos de su propia leche (que es la mejor), se lo deja de gastar en alimentos frescos para ella misma y para el resto de la familia. Muchas veces la leche en polvo se mezcla con agua no potable, y los bebés corren riesgos de enfermedad y muerte por enteritis y deshidratación. Muchos médicos y personal sanitario dejan que vendedores de la industria de los alimentos promuevan sus productos en los centros de salud. A cambio de permitir esta publicidad indebida, las industrias invitan al personal de salud a maravillosas vacaciones en paraísos turísticos. Las madres y las familias menos informadas pierden dinero y salud, mientras las empresas se llenan las alforjas.
El otro caso, esta vez colombiano, tiene que ver con los precios de las píldoras, los dispositivos y otros tratamientos anticonceptivos. El buen ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ha resuelto despedirse de su Ministerio con una decisión sabia y útil para las colombianas: que las industrias farmacéuticas dejen de abusar con los precios de los anticonceptivos. La anticoncepción fue un avance científico revolucionario que logró transformar la vida de la mujer y liberarla de embarazos indeseados y de la triste práctica del aborto. La industria, en más de medio siglo de venta y producción, ha librado con creces todas las inversiones e investigación en estos productos. Los países más avanzados así lo saben, y allá estos medicamentos esenciales no son caros. Cuanto más accesibles, mejor para el control demográfico, la paternidad responsable y para evitar el embarazo juvenil.
Pero de nuevo el gobierno Trump, a través de sus representantes en la Embajada en Colombia, y la industria farmacéutica (Abbott, en particular), adoptan un tono amenazante, en el límite del chantaje económico, para evitar una medida justa, sana y de elemental soberanía nacional. Esto no lo hacen en Noruega, el Reino Unido o España. Ojalá el nuevo ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, que tiene las mejores credenciales y es un médico sabio, no permita que el otro Uribe le imponga la liberación de precios (como hizo en su gobierno), y apoye esta saludable e importante circular del ministro Gaviria.