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                                                                                                                                  ¿Quién tiene la culpa?


                                                                                                                                  En América Latina, como somos bastante incapaces de resolver nuestros problemas por nosotros mismos, nos encanta echarles a otros la culpa. En su discurso en la ONU, ante un auditorio casi desierto, el presidente Petro defendió a los “países rebeldes, Cuba y Venezuela”, cuyos problemas, dijo, se debían a las sanciones económicas de las grandes potencias capitalistas. No mencionó ni un solo error cometido por estos “gobiernos rebeldes”. Es tan rebelde el régimen de Venezuela que se rebela incluso contra el voto de sus propios ciudadanos. Seguramente piensan que si el pueblo vota contra ellos es porque el pueblo está equivocado, y entonces no hay que hacerle caso.

                                                                                                                                  PUBLICIDAD
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                                                                                                                                  Read more!

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                                                                                                                                  Para seguir, también habría que tener presente que muchos pueblos indígenas de Hispanoamérica prefirieron aliarse con los ejércitos realistas que con las tropas de la Independencia. Tenían razón en no fiarse de los criollos, que eran los descendientes directos de quienes los habían subyugado. De la corona, en cambio, de vez en cuando venían leyes destinadas a protegerlos de los abusos de los criollos. Es emblemático el caso de los pueblos indígenas de Pasto que, comandados por Agualongo, fueron enemigos jurados del Libertador, o el del Cacique Mamatoco, nombrado por el gobierno español “capitán de los Reales Ejércitos” en las provincias caribeñas. Hay más descendientes de conquistadores en América que en España, así que si los crímenes de la conquista no han prescrito aún, más vale que los latinoamericanos nos pidamos perdón a nosotros mismos por los horrores cometidos por nuestros antepasados.

                                                                                                                                  Read more!
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                                                                                                                                  Ya para concluir habría que decir también que es absurdo que AMLO y su sucesora, Claudia Sheinbaum, se nieguen a invitar a Felipe VI, un rey republicano decente que no ha matado ni una mosca, un hombre digno que se ha apartado por completo del legado corrupto de su padre (a quien no se le permite siquiera vivir en España), y en cambio inviten a un perfecto asesino y a un criminal de guerra condenado por la Corte Penal Internacional, Vladímir Putin, dándole además todas las garantías de que sus jueces (ahora también escogidos por el gobierno) no ejecutarán la orden de arresto que un país signatario del Estatuto de Roma (el que dispuso la creación de la CPI, con competencia para juzgar crímenes de guerra) se ha obligado a cumplir.

                                                                                                                                  En América Latina, como somos bastante incapaces de resolver nuestros problemas por nosotros mismos, nos encanta echarles a otros la culpa. En su discurso en la ONU, ante un auditorio casi desierto, el presidente Petro defendió a los “países rebeldes, Cuba y Venezuela”, cuyos problemas, dijo, se debían a las sanciones económicas de las grandes potencias capitalistas. No mencionó ni un solo error cometido por estos “gobiernos rebeldes”. Es tan rebelde el régimen de Venezuela que se rebela incluso contra el voto de sus propios ciudadanos. Seguramente piensan que si el pueblo vota contra ellos es porque el pueblo está equivocado, y entonces no hay que hacerle caso.

                                                                                                                                  PUBLICIDAD
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                                                                                                                                  Read more!

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                                                                                                                                  Para seguir, también habría que tener presente que muchos pueblos indígenas de Hispanoamérica prefirieron aliarse con los ejércitos realistas que con las tropas de la Independencia. Tenían razón en no fiarse de los criollos, que eran los descendientes directos de quienes los habían subyugado. De la corona, en cambio, de vez en cuando venían leyes destinadas a protegerlos de los abusos de los criollos. Es emblemático el caso de los pueblos indígenas de Pasto que, comandados por Agualongo, fueron enemigos jurados del Libertador, o el del Cacique Mamatoco, nombrado por el gobierno español “capitán de los Reales Ejércitos” en las provincias caribeñas. Hay más descendientes de conquistadores en América que en España, así que si los crímenes de la conquista no han prescrito aún, más vale que los latinoamericanos nos pidamos perdón a nosotros mismos por los horrores cometidos por nuestros antepasados.

                                                                                                                                  Read more!
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                                                                                                                                  Ya para concluir habría que decir también que es absurdo que AMLO y su sucesora, Claudia Sheinbaum, se nieguen a invitar a Felipe VI, un rey republicano decente que no ha matado ni una mosca, un hombre digno que se ha apartado por completo del legado corrupto de su padre (a quien no se le permite siquiera vivir en España), y en cambio inviten a un perfecto asesino y a un criminal de guerra condenado por la Corte Penal Internacional, Vladímir Putin, dándole además todas las garantías de que sus jueces (ahora también escogidos por el gobierno) no ejecutarán la orden de arresto que un país signatario del Estatuto de Roma (el que dispuso la creación de la CPI, con competencia para juzgar crímenes de guerra) se ha obligado a cumplir.

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