Es lugar común en las discusiones sobre la educación superior pública hoy, señalar los impactos negativos que ha dejado la Ley 30 de 1992 en su artículo 86 y 87, que ha buscado llevarla a su marchitamiento por el déficit estructural en su financiación.
Como rector de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) estoy totalmente de acuerdo con las exigencias del Sistema Universitario Estatal (SUE) y de la comunidad académica, respaldadas a su vez por redes de profesores(as), organizaciones sindicales, plataformas organizativas estudiantiles, sobre la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Apoyamos en el Congreso de la República las iniciativas que en este sentido se vienen adelantando y participaremos en las construcciones y debates correspondientes que conduzcan a la aprobación de la reforma.
Sin embargo, el propósito de esta reflexión es sostener que estas reivindicaciones de tipo administrativo y financiero solamente tienen sentido si hay un proyecto académico que lo fundamente. Vale decir, la defensa de la financiación adecuada para la universidad pública es una exigencia ética, académica y política de acuerdo con su naturaleza, función y misión en el proyecto de construcción de un país con democracia y justicia social, que se oriente a superar las brechas de desigualdad e injusticia, y se apoye en una educación pública de excelencia, con presencia regional y proyección social.
En consonancia con estos planteamientos, señalo a continuación algunos sentidos que considero importantes para revitalizar la relevancia de la universidad pública que nos permita movilizar los respaldos de la sociedad a nuestras justas demandas.
El primer sentido hace referencia a sus orígenes, pues desde el siglo XII, la universidad se ha considerado un centro del saber, una comunidad de estudiantes y profesores reunidos en busca del conocimiento permitiendo la construcción, de visiones del mundo, de la sociedad y de la persona misma. La universidad es unidad en medio de la diversidad de enfoques, es una apuesta por la educación y la pedagogía en diálogo con la ciencia, la cultura, la tecnología y la técnica.
Un filósofo francés muy importante decía “La universidad constituye el lugar por excelencia en el que se ha de garantizar y ejercer la libertad incondicional de la palabra y de cuestionamiento: el derecho a decir todo.” (Derrida, 2002). Estas palabras nos hacen resonancia, porque la universidad es la institución que hace posible el acceso de jóvenes y adultos al torrente universal de la cultura en todas sus dimensiones.
Si no hay universidad se estaría privando a los sujetos del derecho a una educación plena, articuladora, integradora, de acuerdo con sus capacidades e intereses. La educación superior es pues, un bien público común y un derecho humano nuclear, y los Estados tienen el deber fundamental de garantizar ese derecho. Es allí donde se hace posible “El cultivo de la humanidad” como dice Martha Nusbaum.
El segundo sentido relieva la universidad pública anclada a un proyecto educativo de país, en el que se establecen las condiciones que hacen posible la formación de los sujetos en un espacio autónomo y académico donde la lectura y la escritura, la interacción comunicativa, la investigación, el diálogo de saberes, entre otras acciones pedagógicas, constituyen un movimiento permanente de argumentación reflexiva.
Es en la universidad pública donde se lee y escribe sin afán, con deseo y profundidad, con tiempo y con respeto a las diferencias de perspectivas, pero con rigor en la comprensión de los conceptos y teorías que configuran los distintos saberes.
Es allí donde se socializa en la cultura propia de las profesiones y se aprende a investigar para superar visiones ingenuas o de sentido común, donde nos reconocemos como diferentes pero unificados en el propósito, en el ethos de la universidad, como espacio privilegiado de la reflexión inteligente y del actuar democrático.
Es también donde nos preguntamos quiénes somos y cómo hemos llegado a ser lo que somos, y donde construimos en colectivo proyectos críticos y emancipadores para superar condiciones de injusticia y exclusión. Profesores(as) y estudiantes le apostamos a la investigación como búsqueda inacabada, pero metódica y con propósitos de transformar los problemas sociales, científicos y culturales que nos condicionan, pero no nos determinan. La autonomía en la universidad pública es una construcción propia y no una prescripción legal, es el derecho a pensar y soñar que otra realidad es posible y que podemos organizarnos para lograrlo con lucidez, sensibilidad, cuidado y dignidad.
Insistimos en que el sentido de la universidad es su carácter público, no solamente porque cuenta con la garantía de financiación por parte del Estado sino porque es un proyecto colectivo y común que cohesiona el tejido social en la recepción de lo mejor de la cultura, la educación, las artes y la ciencia, para formar profesionales que le sirvan al país y se sientan orgullosos de vivir y participar en la construcción de la democracia.
La universidad pública en Colombia tiene una historia y en ella se lee una lucha permanente por construir su identidad y autonomía, con espíritu liberal, gratuita, regional, estatal, frente a los intereses confesionales, conservadores o mercantilistas que siempre han tratado de colonizarla y ponerla a su servicio.
Finalmente, afirmar la importancia de la Universidad Pedagógica Nacional como la única institución dedicada exclusivamente a la formación de profesores(as). Podemos entender su misión y visión en el sentido de pensar la formación de los(as) formadores(as) que necesita la sociedad atravesada por los retos del siglo XXI como la globalización, las nuevas tecnologías, el capitalismo cognitivo, la crisis de los ecosistemas biológicos, la sindemia y la explosión de conflictos producto de la geopolítica de la guerra.
La responsabilidad como universidad pública tiene que ver con la dignificación de las nuevas generaciones de maestros(as) en formación, garantizando su cuidado y porvenir desde la construcción de un proyecto ético, político y pedagógico que potencie la configuración de sus subjetividades. Es por todo lo anterior que La UPN está decidida, en esta nueva administración, a fortalecer los procesos investigativos, curriculares y evaluativos; a trabajar en torno a los desafíos que nos implica asumir una educación para la paz, los Derechos Humanos y las memorias. A construir prácticas pedagógicas que aprovechen lo mejor del campo intelectual de la pedagogía, la educación popular y las pedagogías críticas.
Abrirle paso al nuevo(a) maestro(a) tiene que ver fundamentalmente con la pedagogía y con su formación como profesional en un mundo cambiante. Como ha quedado claro ninguna reforma de la educación se puede hacer sin tener en cuenta a los(as) maestros(as), son ellos(as) los que tienen que sacar, con su práctica en las regiones y en las instituciones, esos propósitos de democratización y justicia social señalados en un país tan desigual. Con los programas acreditados en pregrado, especializaciones y con las maestrías de investigación en educación y el doctorado interinstitucional con la universidad del Valle y Distrital, con una profusa producción editorial y un importante número de maestros(as) de la más alta formación profesional, la UPN está preparada para acompañar al Ministerio de Educación Nacional en la construcción de una política de formación de docentes y con las reformas necesarias para que el país tenga una educación pública, de excelencia, acorde a los tiempos y que contribuya en la profundización de la democracia.
Es lugar común en las discusiones sobre la educación superior pública hoy, señalar los impactos negativos que ha dejado la Ley 30 de 1992 en su artículo 86 y 87, que ha buscado llevarla a su marchitamiento por el déficit estructural en su financiación.
Como rector de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) estoy totalmente de acuerdo con las exigencias del Sistema Universitario Estatal (SUE) y de la comunidad académica, respaldadas a su vez por redes de profesores(as), organizaciones sindicales, plataformas organizativas estudiantiles, sobre la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Apoyamos en el Congreso de la República las iniciativas que en este sentido se vienen adelantando y participaremos en las construcciones y debates correspondientes que conduzcan a la aprobación de la reforma.
Sin embargo, el propósito de esta reflexión es sostener que estas reivindicaciones de tipo administrativo y financiero solamente tienen sentido si hay un proyecto académico que lo fundamente. Vale decir, la defensa de la financiación adecuada para la universidad pública es una exigencia ética, académica y política de acuerdo con su naturaleza, función y misión en el proyecto de construcción de un país con democracia y justicia social, que se oriente a superar las brechas de desigualdad e injusticia, y se apoye en una educación pública de excelencia, con presencia regional y proyección social.
En consonancia con estos planteamientos, señalo a continuación algunos sentidos que considero importantes para revitalizar la relevancia de la universidad pública que nos permita movilizar los respaldos de la sociedad a nuestras justas demandas.
El primer sentido hace referencia a sus orígenes, pues desde el siglo XII, la universidad se ha considerado un centro del saber, una comunidad de estudiantes y profesores reunidos en busca del conocimiento permitiendo la construcción, de visiones del mundo, de la sociedad y de la persona misma. La universidad es unidad en medio de la diversidad de enfoques, es una apuesta por la educación y la pedagogía en diálogo con la ciencia, la cultura, la tecnología y la técnica.
Un filósofo francés muy importante decía “La universidad constituye el lugar por excelencia en el que se ha de garantizar y ejercer la libertad incondicional de la palabra y de cuestionamiento: el derecho a decir todo.” (Derrida, 2002). Estas palabras nos hacen resonancia, porque la universidad es la institución que hace posible el acceso de jóvenes y adultos al torrente universal de la cultura en todas sus dimensiones.
Si no hay universidad se estaría privando a los sujetos del derecho a una educación plena, articuladora, integradora, de acuerdo con sus capacidades e intereses. La educación superior es pues, un bien público común y un derecho humano nuclear, y los Estados tienen el deber fundamental de garantizar ese derecho. Es allí donde se hace posible “El cultivo de la humanidad” como dice Martha Nusbaum.
El segundo sentido relieva la universidad pública anclada a un proyecto educativo de país, en el que se establecen las condiciones que hacen posible la formación de los sujetos en un espacio autónomo y académico donde la lectura y la escritura, la interacción comunicativa, la investigación, el diálogo de saberes, entre otras acciones pedagógicas, constituyen un movimiento permanente de argumentación reflexiva.
Es en la universidad pública donde se lee y escribe sin afán, con deseo y profundidad, con tiempo y con respeto a las diferencias de perspectivas, pero con rigor en la comprensión de los conceptos y teorías que configuran los distintos saberes.
Es allí donde se socializa en la cultura propia de las profesiones y se aprende a investigar para superar visiones ingenuas o de sentido común, donde nos reconocemos como diferentes pero unificados en el propósito, en el ethos de la universidad, como espacio privilegiado de la reflexión inteligente y del actuar democrático.
Es también donde nos preguntamos quiénes somos y cómo hemos llegado a ser lo que somos, y donde construimos en colectivo proyectos críticos y emancipadores para superar condiciones de injusticia y exclusión. Profesores(as) y estudiantes le apostamos a la investigación como búsqueda inacabada, pero metódica y con propósitos de transformar los problemas sociales, científicos y culturales que nos condicionan, pero no nos determinan. La autonomía en la universidad pública es una construcción propia y no una prescripción legal, es el derecho a pensar y soñar que otra realidad es posible y que podemos organizarnos para lograrlo con lucidez, sensibilidad, cuidado y dignidad.
Insistimos en que el sentido de la universidad es su carácter público, no solamente porque cuenta con la garantía de financiación por parte del Estado sino porque es un proyecto colectivo y común que cohesiona el tejido social en la recepción de lo mejor de la cultura, la educación, las artes y la ciencia, para formar profesionales que le sirvan al país y se sientan orgullosos de vivir y participar en la construcción de la democracia.
La universidad pública en Colombia tiene una historia y en ella se lee una lucha permanente por construir su identidad y autonomía, con espíritu liberal, gratuita, regional, estatal, frente a los intereses confesionales, conservadores o mercantilistas que siempre han tratado de colonizarla y ponerla a su servicio.
Finalmente, afirmar la importancia de la Universidad Pedagógica Nacional como la única institución dedicada exclusivamente a la formación de profesores(as). Podemos entender su misión y visión en el sentido de pensar la formación de los(as) formadores(as) que necesita la sociedad atravesada por los retos del siglo XXI como la globalización, las nuevas tecnologías, el capitalismo cognitivo, la crisis de los ecosistemas biológicos, la sindemia y la explosión de conflictos producto de la geopolítica de la guerra.
La responsabilidad como universidad pública tiene que ver con la dignificación de las nuevas generaciones de maestros(as) en formación, garantizando su cuidado y porvenir desde la construcción de un proyecto ético, político y pedagógico que potencie la configuración de sus subjetividades. Es por todo lo anterior que La UPN está decidida, en esta nueva administración, a fortalecer los procesos investigativos, curriculares y evaluativos; a trabajar en torno a los desafíos que nos implica asumir una educación para la paz, los Derechos Humanos y las memorias. A construir prácticas pedagógicas que aprovechen lo mejor del campo intelectual de la pedagogía, la educación popular y las pedagogías críticas.
Abrirle paso al nuevo(a) maestro(a) tiene que ver fundamentalmente con la pedagogía y con su formación como profesional en un mundo cambiante. Como ha quedado claro ninguna reforma de la educación se puede hacer sin tener en cuenta a los(as) maestros(as), son ellos(as) los que tienen que sacar, con su práctica en las regiones y en las instituciones, esos propósitos de democratización y justicia social señalados en un país tan desigual. Con los programas acreditados en pregrado, especializaciones y con las maestrías de investigación en educación y el doctorado interinstitucional con la universidad del Valle y Distrital, con una profusa producción editorial y un importante número de maestros(as) de la más alta formación profesional, la UPN está preparada para acompañar al Ministerio de Educación Nacional en la construcción de una política de formación de docentes y con las reformas necesarias para que el país tenga una educación pública, de excelencia, acorde a los tiempos y que contribuya en la profundización de la democracia.