El viernes 16 de noviembre del año en marcha, publicó el diario Portafolio un oportuno artículo sobre este tema, del cual tomo las cifras que aparecen en el párrafo siguiente. Los comentarios son responsabilidad de quien escribe.
Cifras de Portafolio. En 2017 declararon renta 8.525 asociaciones religiosas y reportaron ingresos brutos por $5,4 billones. Declararon un patrimonio bruto de $14,4 billones y un patrimonio líquido de $13 billones. Según la dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, en este año existían en el país 7.264 iglesias propiamente. En 2018 se han inscrito 415 nuevas congregaciones.
Tiene uno que ser muy ingenuo para no sospechar que tan notable exuberancia de las congregaciones no se debe a la creciente religiosidad de los colombianos, sino a la existencia de subterfugios tributarios que saben utilizar muy bien algunos los narcotraficantes para lavar sus dineros ilícitos.
Como es sabido, ninguna de tales asociaciones paga impuestos, porque están amparadas bajo el artículo 23 del Estatuto Tributario, en el cual se señala que no son contribuyentes del impuesto de renta, pero que sí están obligadas a presentar la declaración de ingresos y la de patrimonio, con el fin de garantizar el origen de sus recursos, para evitar que se laven supuestos dineros como provenientes de las limosnas.
Las comunidades religiosas católicas que he conocido en mis años de vida, han sido modestas, pobres. Pretender cobrarles impuestos sería una injusticia mayúscula. Sin embargo, no excluyo la conveniencia de establecer una escala de tarifas razonables para las utilidades y patrimonios irrazonables. Estos impuestos podrían canalizarse casi todos a la apertura y sostenimiento de albergues para los sacerdotes ancianos
Es más, hasta hace muy poco, numerosos sacerdotes no cotizaban para su pensión de jubilación y si mal no recuerdo, tampoco para su salud. Entiendo que, a la fecha, ya casi todos cotizan para tales fines.
En el artículo citado de Portafolio, sugieren que los $14 billones que le faltan al Gobierno para financiar el Presupuesto General de la Nación en 2019, bien pueden provenir de las exenciones en impuestos de renta y la evasión del IVA, ya que en 2017 sumaron estos dos rubros nada menos que $59,3 billones, cifra nada despreciable.
El viernes 16 de noviembre del año en marcha, publicó el diario Portafolio un oportuno artículo sobre este tema, del cual tomo las cifras que aparecen en el párrafo siguiente. Los comentarios son responsabilidad de quien escribe.
Cifras de Portafolio. En 2017 declararon renta 8.525 asociaciones religiosas y reportaron ingresos brutos por $5,4 billones. Declararon un patrimonio bruto de $14,4 billones y un patrimonio líquido de $13 billones. Según la dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, en este año existían en el país 7.264 iglesias propiamente. En 2018 se han inscrito 415 nuevas congregaciones.
Tiene uno que ser muy ingenuo para no sospechar que tan notable exuberancia de las congregaciones no se debe a la creciente religiosidad de los colombianos, sino a la existencia de subterfugios tributarios que saben utilizar muy bien algunos los narcotraficantes para lavar sus dineros ilícitos.
Como es sabido, ninguna de tales asociaciones paga impuestos, porque están amparadas bajo el artículo 23 del Estatuto Tributario, en el cual se señala que no son contribuyentes del impuesto de renta, pero que sí están obligadas a presentar la declaración de ingresos y la de patrimonio, con el fin de garantizar el origen de sus recursos, para evitar que se laven supuestos dineros como provenientes de las limosnas.
Las comunidades religiosas católicas que he conocido en mis años de vida, han sido modestas, pobres. Pretender cobrarles impuestos sería una injusticia mayúscula. Sin embargo, no excluyo la conveniencia de establecer una escala de tarifas razonables para las utilidades y patrimonios irrazonables. Estos impuestos podrían canalizarse casi todos a la apertura y sostenimiento de albergues para los sacerdotes ancianos
Es más, hasta hace muy poco, numerosos sacerdotes no cotizaban para su pensión de jubilación y si mal no recuerdo, tampoco para su salud. Entiendo que, a la fecha, ya casi todos cotizan para tales fines.
En el artículo citado de Portafolio, sugieren que los $14 billones que le faltan al Gobierno para financiar el Presupuesto General de la Nación en 2019, bien pueden provenir de las exenciones en impuestos de renta y la evasión del IVA, ya que en 2017 sumaron estos dos rubros nada menos que $59,3 billones, cifra nada despreciable.