La ley como disfraz


La investigación y el juicio para sancionar o absolver al presidente de la República son procesos políticos disfrazados de argumentos jurídicos.

Por eso salen sobrando los argumentos legales que hoy abundan sobre el fuero del presidente Petro, sobre la investigación que le abrió el CNE y sobre si estamos ante un “golpe blando”.

Pero eso no es lo que dice —ni es lo quiere— la Constitución. Por el contrario: el artículo 198 establece a las claras que “el presidente de la República será responsable de sus actos u omisiones que violen la Constitución o las leyes”; el hecho de ser jefe de Estado no le exime de las razones jurídicas para ser investigado y juzgado como cualquier ciudadano.

La única diferencia es el fuero especial del presidente: para evitar que cualquier juez municipal (o cualquier autoridad administrativa) empapele al jefe de Estado, el artículo 199 añade que, mientras esté en sus funciones, el presidente “no podrá ser perseguido ni juzgado por sus delitos”, sino en virtud de acusación de la Cámara ante el Senado.

Por eso el juicio es político, y nada más que político; ningún congreso del mundo ha condenado a un presidente cuya coalición sea mayoritaria y ninguno ha sido absuelto si no tiene mayoría.

Este es el problema insoluble de los regímenes presidencialistas: ¿qué hacer con los posibles delitos del gobernante? Una opción es declararlo por encima de la ley (y así, por ejemplo, lo propuso Caro en la Constituyente de 1886); pero entonces tendríamos un rey. La otra opción es el fuero para la investigación y el juzgamiento, que en teoría están sujetos a la ley, pero en la realidad dependen de la fuerza o la debilidad política del mandatario.

De aquí que en el caso de Petro no haya modo de saber (ni hay quién pueda decidir) si el argumento jurídico es sólido o si por mera coincidencia perjudica o beneficia al mandatario: algunos abogados de renombre dicen que el argumento X es indiscutible, pero otros con no menos renombre dicen todo lo contario. No me refiero, por supuesto, a los abogados de las partes, sino a los magistrados, juristas y columnistas-juristas que en estos días discuten si hay suficiente evidencia sobre el exceso de gastos, si el CNE podía investigar al candidato, si podría multarlo, si el asunto podría llegar a la Comisión de Acusaciones, si hay motivo para apelar a la Corte Interamericana….

Los malpensados pensamos que todos hacen política, que a un presidente se lo tumba con cualquier pretexto y que la única pregunta relevante es cómo votarían los 108 senadores de Colombia.

* Director de la revista digital Razón Pública.