Cada persona tiene el derecho sagrado de votar o no votar como quiera y por la razón que le parezca. Precisamente en esto consisten la belleza y el riesgo de la democracia.
Es más. La evidencia científica demuestra que nuestras decisiones son el fruto de un complejo de intuiciones, intereses, emociones y razones que suelen servir como justificación más bien que como sustento de lo que hemos decidido. Por eso es muy posible que el plebiscito no sea más que un pulso entre personalidades “permisivas” (las del Sí) y personalidades “restrictivas” (las del No), donde las campañas, eslóganes y argumentos hayan pesado muy poco.
Pero esto no prohíbe el ejercicio racional. Ni menos todavía la deliberación ética, puesto que esta vez se trata de un dilema entre paz y justicia o, para ser precisos, entre el fin de la violencia por parte de (la mayoría) de las Farc y una justicia sin cárcel (más algunas curules) para los exguerrilleros.
Las Farc no obtendrán esos beneficios mientras no se desarmen, de manera que el fin de su violencia puede darse por seguro. La cuestión de la justicia es más compleja, porque no es fácil saber qué tipo de castigos recibirían los guerrilleros en ausencia del proceso de La Habana; y este punto es crucial porque la ética implica escoger la mejor de las alternativas factibles o —si Usted lo prefiere— la menos mala de las opciones disponibles.
Las personalidades “restrictivas” pensamos que la justicia es innegociable, y por eso nos inclinamos hacia el No. El argumento de moda según el cual la justicia penal no implica cárcel nos ofende porque entonces el pequeño delincuente recibe un peor castigo que los grandes criminales. Pero infortunadamente esta opción no es factible: nadie entrega sus armas para quedar sujeto al peso de las leyes ordinarias.
Tan es así que la justicia ordinaria no es ni siquiera la fórmula de los uribistas: con las Auc se acordaron entre cinco y ocho años de cárcel, y en la campaña de 2014 Óscar Iván Zuluaga propuso una pena de seis años para las guerrillas, vale decir, una sanción inferior a la del Código Penal para un aborto o para el peculado del ministro Arias. O sea que para los promotores del No la justicia es negociable, y así entramos en la cuestión insoluble de si a Santos se le fue o no se le fue la mano en el perdón a las Farc.
El asunto de la cárcel interesa sobre todo porque los comandantes desean hacer política y sentarse en el Congreso. Es el segundo argumento básico del No: no podemos aceptar que los enemigos de la democracia acaben siendo sus jefes. Pero en primer lugar el objetivo del proceso es que se cambien las balas por los votos. En segundo lugar, los escaños preasignados pesan poco, están lejos de los que la UP perdió por asesinatos, y ya estaban previstos en la Constitución de 1991. Y sobre todo: los mismos ciudadanos que votaremos en conciencia sobre el Acuerdo de La Habana tendremos que decidir en adelante si votamos o no por las personas que cometieron atrocidades o tomaron las armas en Colombia.
Yo he creído siempre que esta guerra es ilegítima y por eso no voto por exguerrilleros, ni exparamilitares, ni sus cómplices: para eso tenemos la izquierda y tenemos la derecha que no usaron la violencia.
*Director de la revista digital Razón Pública.
Cada persona tiene el derecho sagrado de votar o no votar como quiera y por la razón que le parezca. Precisamente en esto consisten la belleza y el riesgo de la democracia.
Es más. La evidencia científica demuestra que nuestras decisiones son el fruto de un complejo de intuiciones, intereses, emociones y razones que suelen servir como justificación más bien que como sustento de lo que hemos decidido. Por eso es muy posible que el plebiscito no sea más que un pulso entre personalidades “permisivas” (las del Sí) y personalidades “restrictivas” (las del No), donde las campañas, eslóganes y argumentos hayan pesado muy poco.
Pero esto no prohíbe el ejercicio racional. Ni menos todavía la deliberación ética, puesto que esta vez se trata de un dilema entre paz y justicia o, para ser precisos, entre el fin de la violencia por parte de (la mayoría) de las Farc y una justicia sin cárcel (más algunas curules) para los exguerrilleros.
Las Farc no obtendrán esos beneficios mientras no se desarmen, de manera que el fin de su violencia puede darse por seguro. La cuestión de la justicia es más compleja, porque no es fácil saber qué tipo de castigos recibirían los guerrilleros en ausencia del proceso de La Habana; y este punto es crucial porque la ética implica escoger la mejor de las alternativas factibles o —si Usted lo prefiere— la menos mala de las opciones disponibles.
Las personalidades “restrictivas” pensamos que la justicia es innegociable, y por eso nos inclinamos hacia el No. El argumento de moda según el cual la justicia penal no implica cárcel nos ofende porque entonces el pequeño delincuente recibe un peor castigo que los grandes criminales. Pero infortunadamente esta opción no es factible: nadie entrega sus armas para quedar sujeto al peso de las leyes ordinarias.
Tan es así que la justicia ordinaria no es ni siquiera la fórmula de los uribistas: con las Auc se acordaron entre cinco y ocho años de cárcel, y en la campaña de 2014 Óscar Iván Zuluaga propuso una pena de seis años para las guerrillas, vale decir, una sanción inferior a la del Código Penal para un aborto o para el peculado del ministro Arias. O sea que para los promotores del No la justicia es negociable, y así entramos en la cuestión insoluble de si a Santos se le fue o no se le fue la mano en el perdón a las Farc.
El asunto de la cárcel interesa sobre todo porque los comandantes desean hacer política y sentarse en el Congreso. Es el segundo argumento básico del No: no podemos aceptar que los enemigos de la democracia acaben siendo sus jefes. Pero en primer lugar el objetivo del proceso es que se cambien las balas por los votos. En segundo lugar, los escaños preasignados pesan poco, están lejos de los que la UP perdió por asesinatos, y ya estaban previstos en la Constitución de 1991. Y sobre todo: los mismos ciudadanos que votaremos en conciencia sobre el Acuerdo de La Habana tendremos que decidir en adelante si votamos o no por las personas que cometieron atrocidades o tomaron las armas en Colombia.
Yo he creído siempre que esta guerra es ilegítima y por eso no voto por exguerrilleros, ni exparamilitares, ni sus cómplices: para eso tenemos la izquierda y tenemos la derecha que no usaron la violencia.
*Director de la revista digital Razón Pública.