Una consulta inconsulta

El presidente escogió el mejor de los caballos que tenía, pero este flaco caballo no lo va a llevar muy lejos.

Ante la negativa del Congreso a aprobar su proyecto de reforma laboral y la inminencia de que esa misma Comisión entierre su reforma a la salud, el presidente optó por la herramienta más cercana a sus creencias ideológicas y a su ya larga trayectoria política: la apelación directa al “pueblo” para que exija sus derechos y apruebe las medidas que el Congreso se negó a adoptar.

El presidente invoca el artículo 104 de la Constitución, que le autoriza para “consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional (…) previo concepto favorable del Senado”. Y aquí topamos con la primera flaqueza del caballo: el Senado que se niega a aprobar las reformas es el mismo que debe preguntarle al pueblo si quiere las reformas. Esto plantea interrogantes que la frondosa Constitución no resolvió y no resuelven las leyes que reglamentan la consulta (134 de 1994 y 1757 de 2015): ¿puede el Senado renunciar a su propia competencia? ¿Acaso es más legitima la votación en consulta que aquella otra decisión del pueblo al escoger a sus representantes? ¿Puede usarse el mecanismo para zanjar desacuerdos entre los dos poderes?...

En términos más prácticos, la primera flaqueza del caballo es el riesgo de que el Senado no de concepto favorable a la consulta; con unos 35 senadores gobiernistas y unos 30 en la oposición, serían los liberales, conservadores y miembros de la U quienes inclinen la balanza; pero a juzgar por el voto en Comisión, la balanza va en contra del Gobierno. Más todavía cuando el asunto no son solo las reformas sino —y quizá más importante— el pulso por la legitimidad entre los dos poderes y el pulso anticipado por las elecciones de 2026. Con el recorte del gasto público y los ministros recién cambiados, al mágico Benedetti no le será fácil lograr la mayoría.

También está la cuestión de las preguntas, que “no pueden” consistir en el texto de una ley o un decreto (lo cual sería un referendo, no una consulta). El proyecto de reforma laboral tenía 81 artículos (y el de reforma a la salud tiene otros 83): ¿cuáles puntos escoger que sean “claros, precisos, y susceptibles de contestar ‘si’ o ‘no’”? Un cuestionario largo implica largas colas, confusión y campaña complicada; un cuestionario corto implica generalizaciones, omisiones o recortes de contenido que podrían ser cruciales; y en todo caso, habrá duda y debate sobre cada adjetivo, cada coma, cada palabra o silencio que traiga cada pregunta.

Lo cual me lleva a una cuarta flaqueza. La Corte decidió que no era competente para revisar “previamente” las preguntas sujetas a consulta, pero sí es competente para revisar las leyes que se sigan de esa consulta. Y ya sabemos lo que puede pasar en una corte de gramáticos.

Falta el premio de montaña de alcanzar el umbral de votación y la victoria del “sí”, un premio que no alcanzaron Uribe, ni Santos, ni la consulta contra la corrupción.

No menos, están los plazos… y el riesgo de zancadillas. Un mes para que el Senado autorice la consulta, tres meses para la votación y otros seis para que el Congreso expida unas reformas en las cuales nos ha dicho que no cree.

Sería un lánguido final para el Gobierno del cambio.

* Director de la revista digital Razón Pública.