Cristina Bautista Taquinás, gobernadora del resguardo de Tacueyó, pocos días antes de morir dijo esto: “Si nos quedamos callados nos matan y si hablamos también… Entonces, hablamos”. Es un conmovedor mensaje por la valentía casi sobrehumana que transmite. Pero ahora el asunto no es de estremecerse por el coraje de una lideresa que sobrellevó un destino que sentía como una obligación con su pueblo. Se caracterizaba por ser defensora de los derechos de su comunidad, en especial de la libertad de las mujeres.
Ahora la cuestión es de rabia porque ella y tantos otros se suman a la cadena de aniquilación a que están siendo sometidos líderes de las comunidades en su lucha por una vida mejor.
Porque el grito ya no puede limitarse a la congoja sino a la rebeldía contra una situación que muestra un Estado impotente.
El 29 de octubre de 2019, desde una camioneta negra, salieron los proyectiles fatales.
El 1° de agosto de ese mismo año, Gersaín Yatacué Escué, coordinador indígena de la vereda de San Julián, reconocido líder de proyectos productivos para su gente, fue agredido en Pajarito, Toribío. Como con Cristina, todo indica que el responsable fue una columna disidente de las Farc.
13 de septiembre de 2019. José Manuel Pana Epieyú, integrante de la Junta Autónoma Mayor de Palabreros por los Derechos Humanos, fue sacado de un vehículo y asesinado de manera repugnante. ¿Autor de la muerte? Los registros oficiales, con monotonía aberrante, solo dicen: “Autor desconocido”. Pero no. Por los lados de Maicao, todos saben que murió por la palabra. La palabra de la conciliación. El lenguaje de la solución pacífica de conflictos.
Varios columnistas hemos querido elevar nuestra voz para proclamar que es necesaria una verdadera cruzada, para que el lamento anticipado no sea la agenda de tantas personas en las profundidades de este país cuya muerte llevan escrita en la frente.
Este Estado impotente no es el que merecemos.
Soy cuidadoso con las palabras. Me he referido al Estado porque no deseo caer en la simple letanía de volcar todo el reclamo sobre el Gobierno actual. Es cierto que hay raíces anteriores. Pero no puedo dejar de decir que un fenómeno que venía en declive ha resurgido ahora con la fuerza de una violencia que quisimos y queremos desterrar.
Sé sin ingenuidad que a las disidencias de las Farc las mueven diferentes propósitos. Y que el lucro criminal del narcotráfico hace parte del escenario. Pero también tengo que decir, con todo respeto, que la insistencia en desconocer lo acordado con ese grupo guerrillero ha contribuido a catalizar esta situación.
Dentro de este propósito de los columnistas, queremos compartir este texto:
A pesar del Acuerdo del Teatro Colón, la violencia contra líderes sociales se ha incrementado. Entre 2017 y 2019 fueron asesinados 339 líderes, según cifras confirmadas por la ONU. En 2020, según la Defensoría del Pueblo, 56 más. Michel Forst, relator de Naciones Unidas, sostiene que Colombia es uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos.
¡Basta ya! Hagamos una nueva marcha del silencio, como la de Gaitán en su momento, en cada una de las plazas de los más de mil municipios. Un grito de todos, sin excepción ninguna.
Cristina Bautista Taquinás, gobernadora del resguardo de Tacueyó, pocos días antes de morir dijo esto: “Si nos quedamos callados nos matan y si hablamos también… Entonces, hablamos”. Es un conmovedor mensaje por la valentía casi sobrehumana que transmite. Pero ahora el asunto no es de estremecerse por el coraje de una lideresa que sobrellevó un destino que sentía como una obligación con su pueblo. Se caracterizaba por ser defensora de los derechos de su comunidad, en especial de la libertad de las mujeres.
Ahora la cuestión es de rabia porque ella y tantos otros se suman a la cadena de aniquilación a que están siendo sometidos líderes de las comunidades en su lucha por una vida mejor.
Porque el grito ya no puede limitarse a la congoja sino a la rebeldía contra una situación que muestra un Estado impotente.
El 29 de octubre de 2019, desde una camioneta negra, salieron los proyectiles fatales.
El 1° de agosto de ese mismo año, Gersaín Yatacué Escué, coordinador indígena de la vereda de San Julián, reconocido líder de proyectos productivos para su gente, fue agredido en Pajarito, Toribío. Como con Cristina, todo indica que el responsable fue una columna disidente de las Farc.
13 de septiembre de 2019. José Manuel Pana Epieyú, integrante de la Junta Autónoma Mayor de Palabreros por los Derechos Humanos, fue sacado de un vehículo y asesinado de manera repugnante. ¿Autor de la muerte? Los registros oficiales, con monotonía aberrante, solo dicen: “Autor desconocido”. Pero no. Por los lados de Maicao, todos saben que murió por la palabra. La palabra de la conciliación. El lenguaje de la solución pacífica de conflictos.
Varios columnistas hemos querido elevar nuestra voz para proclamar que es necesaria una verdadera cruzada, para que el lamento anticipado no sea la agenda de tantas personas en las profundidades de este país cuya muerte llevan escrita en la frente.
Este Estado impotente no es el que merecemos.
Soy cuidadoso con las palabras. Me he referido al Estado porque no deseo caer en la simple letanía de volcar todo el reclamo sobre el Gobierno actual. Es cierto que hay raíces anteriores. Pero no puedo dejar de decir que un fenómeno que venía en declive ha resurgido ahora con la fuerza de una violencia que quisimos y queremos desterrar.
Sé sin ingenuidad que a las disidencias de las Farc las mueven diferentes propósitos. Y que el lucro criminal del narcotráfico hace parte del escenario. Pero también tengo que decir, con todo respeto, que la insistencia en desconocer lo acordado con ese grupo guerrillero ha contribuido a catalizar esta situación.
Dentro de este propósito de los columnistas, queremos compartir este texto:
A pesar del Acuerdo del Teatro Colón, la violencia contra líderes sociales se ha incrementado. Entre 2017 y 2019 fueron asesinados 339 líderes, según cifras confirmadas por la ONU. En 2020, según la Defensoría del Pueblo, 56 más. Michel Forst, relator de Naciones Unidas, sostiene que Colombia es uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos.
¡Basta ya! Hagamos una nueva marcha del silencio, como la de Gaitán en su momento, en cada una de las plazas de los más de mil municipios. Un grito de todos, sin excepción ninguna.