Después de resistir por varios años la consigna de volver trizas el Acuerdo del Colón, aparece ahora una nueva amenaza que puede resultar aún más nociva. No exagero. Nunca antes el riesgo sobre el Acuerdo ha sido mayor. Recientes declaraciones de miembros de las Farc sobre el tema del reclutamiento de menores de edad han generado en buena parte de la ciudadanía una turbación creciente. Muchos han sido los llamados pidiendo a los excombatientes que asuman una actitud ante la JEP mucho más acorde con los elementos centrales de la justicia transicional: verdad, reparación y garantía de no repetición.
El problema central no se desprende de la configuración del Acuerdo. De hecho, la posibilidad de obtener sanciones restrictivas de la libertad menos duras está condicionada al cumplimiento de las finalidades mencionadas. En el caso de que esto no ocurra, la misma JEP puede adoptar otro camino, el de penas privativas de la libertad hasta por 20 años. En tales condiciones, no se debe mezclar el Acuerdo con actitudes humanas.
Hay una diferencia entre los procesos de la justicia ordinaria, en los que el implicado puede guardar silencio y dejar que sea el Estado el que haga todo el esfuerzo probatorio. Esta actitud no es aceptable en la JEP so pena de perder la opción más favorable. Este criterio fue aceptado por las partes con pleno conocimiento de su naturaleza y sus consecuencias. Las mismas Farc sostenían que La Habana no era un lugar de intercambio de impunidades. Les llegó la hora de asumir esto de verdad.
El Partido FARC no puede desdeñar esta situación de exasperación. En este caso no hay un juego de propaganda. No es el consabido truco para alimentar la venganza. Hay abundante información sobre reclutamiento de menores. No se les pide a los miembros de las ex-Farc que confiesen delitos individuales que no han cometido. Pero tampoco basta con acudir simplemente al contexto de la guerra como excusa genérica e insuficiente. En particular, la condición de máximos responsables impone una carga insoslayable. Se siente una atmósfera de reticencia en sus declaraciones, una deriva de la culpa hacia mandos inferiores y un juego clásico de procesalismos que contradicen la esencia del Acuerdo.
Ahora bien, estos criterios se aplican también a los demás victimarios. También es igualmente reprochable si actúan de la misma manera.
Será la JEP la que resuelva si las actitudes asumidas son compatibles con las sanciones menos fuertes. O si los declarantes han incumplido sus deberes y deben someterse al camino de las sanciones duras. Pero hay todavía la oportunidad de asumir con toda franqueza y liderazgo la responsabilidad. Invito a los ex-Farc a hacer una reflexión. Es un momento de quiebre.
El segundo problema crítico es la necesidad de acelerar los sistemas de monitoreo futuro del cumplimiento cabal de las sanciones. Es una tarea que corresponde al Gobierno. Nunca hemos aceptado la tesis de que esta es una justicia ficticia. Pero como nación, no podemos correr el riesgo de que la sola incapacidad de vigilancia eche por tierra, ahí sí de manera irreversible, la esperanza. Un cruento conflicto de más de 50 años implica para varias generaciones un lastre enorme. Nadie le puede sacar el cuerpo a esta obligación. Es hora de superarlo para bien de los que vienen.
Después de resistir por varios años la consigna de volver trizas el Acuerdo del Colón, aparece ahora una nueva amenaza que puede resultar aún más nociva. No exagero. Nunca antes el riesgo sobre el Acuerdo ha sido mayor. Recientes declaraciones de miembros de las Farc sobre el tema del reclutamiento de menores de edad han generado en buena parte de la ciudadanía una turbación creciente. Muchos han sido los llamados pidiendo a los excombatientes que asuman una actitud ante la JEP mucho más acorde con los elementos centrales de la justicia transicional: verdad, reparación y garantía de no repetición.
El problema central no se desprende de la configuración del Acuerdo. De hecho, la posibilidad de obtener sanciones restrictivas de la libertad menos duras está condicionada al cumplimiento de las finalidades mencionadas. En el caso de que esto no ocurra, la misma JEP puede adoptar otro camino, el de penas privativas de la libertad hasta por 20 años. En tales condiciones, no se debe mezclar el Acuerdo con actitudes humanas.
Hay una diferencia entre los procesos de la justicia ordinaria, en los que el implicado puede guardar silencio y dejar que sea el Estado el que haga todo el esfuerzo probatorio. Esta actitud no es aceptable en la JEP so pena de perder la opción más favorable. Este criterio fue aceptado por las partes con pleno conocimiento de su naturaleza y sus consecuencias. Las mismas Farc sostenían que La Habana no era un lugar de intercambio de impunidades. Les llegó la hora de asumir esto de verdad.
El Partido FARC no puede desdeñar esta situación de exasperación. En este caso no hay un juego de propaganda. No es el consabido truco para alimentar la venganza. Hay abundante información sobre reclutamiento de menores. No se les pide a los miembros de las ex-Farc que confiesen delitos individuales que no han cometido. Pero tampoco basta con acudir simplemente al contexto de la guerra como excusa genérica e insuficiente. En particular, la condición de máximos responsables impone una carga insoslayable. Se siente una atmósfera de reticencia en sus declaraciones, una deriva de la culpa hacia mandos inferiores y un juego clásico de procesalismos que contradicen la esencia del Acuerdo.
Ahora bien, estos criterios se aplican también a los demás victimarios. También es igualmente reprochable si actúan de la misma manera.
Será la JEP la que resuelva si las actitudes asumidas son compatibles con las sanciones menos fuertes. O si los declarantes han incumplido sus deberes y deben someterse al camino de las sanciones duras. Pero hay todavía la oportunidad de asumir con toda franqueza y liderazgo la responsabilidad. Invito a los ex-Farc a hacer una reflexión. Es un momento de quiebre.
El segundo problema crítico es la necesidad de acelerar los sistemas de monitoreo futuro del cumplimiento cabal de las sanciones. Es una tarea que corresponde al Gobierno. Nunca hemos aceptado la tesis de que esta es una justicia ficticia. Pero como nación, no podemos correr el riesgo de que la sola incapacidad de vigilancia eche por tierra, ahí sí de manera irreversible, la esperanza. Un cruento conflicto de más de 50 años implica para varias generaciones un lastre enorme. Nadie le puede sacar el cuerpo a esta obligación. Es hora de superarlo para bien de los que vienen.