Algunas de sus decisiones han recibido duras críticas por parte de organizaciones internacionales, pero al mismo tiempo tiene el más fuerte respaldo (88%) de la población de su país. Actualmente, es el mandatario más popular y mejor evaluado de América Latina. Me refiero a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador.
Este joven empresario, nacido en una familia de origen palestino, logró atraer la atención de la inmensa mayoría de los jóvenes y de la población salvadoreña que estaba enfurecida con la clase política tradicional corrupta de su país. Fue así como consiguió vencer en primera vuelta —en febrero de 2019— a los candidatos tradicionales de la coalición conservadora ARENA y del partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), del cual renunció por discrepancias internas en el año 2017, siendo alcalde de San Salvador.
A pesar de haber sido elegido con el apoyo de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) —un movimiento radicalmente opuesto al izquierdista FMLN—, no aceptó imposiciones de cuotas burocráticas para ninguno de los miembros de esa colectividad, incluyendo a su “vicepresidente”. Antes de cumplir los cien días de gobierno expulsó de su país a la diplomacia venezolana del régimen de Nicolás Maduro, creó con la OEA una Comisión Internacional contra la Impunidad para combatir la corrupción pública y llevaba bastante avanzado el programa de recuperación de la economía mediante el plan de choque de inversión pública. Su cuenta de Twitter sólo la utiliza para anunciar ejecuciones o resultados. Nada de promesas ni carreta barata.
En la instalación de la XXXIV Reunión de Gobernadores del BID, en San Salvador, Bukele afirmó que había recibido un país gobernado por una bolea de delincuentes de cuello blanco que tenían montado un régimen de complicidad con la corrupción y poco o nada para el desarrollo del país. Como esa batalla le iba a costar sudor y dinero, le solicitó al Banco Centroamericano de Integración Económica un préstamo de 109 millones de dólares para implementar su plan de lucha contra la delincuencia y fortalecimiento de la Policía y el Ejército.
Como ese plan incluía acabar con las prácticas perversas de los diputados de los partidos políticos y las altas cortes, la solicitud del préstamo fue negada a pesar de que Bukele los presionó convocando al pueblo y a las fuerzas militares a las afueras del recinto de la Asamblea Legislativa. Bukele entendió que la corrupción no la iba a remover con un discurso o una ley, sino removiendo a los corruptos, entonces decidió apoyar una lista de candidatos nuevos a las elecciones parlamentarias, logrando una victoria contundente frente a los partidos de tradición.
Con la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, las dos primeras decisiones fueron destituir a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que habían puesto en riesgo la vida y la salud de toda la población cuando le quitaron las facultades a Bukele para atender la pandemia, y destituir al fiscal general, cuestionado por decisiones que ponían en tela de juicio su objetividad e independencia. Hoy, la mayoría de los políticos corruptos están presos o huyendo, y El Salvador pasó a ser unos de los países más próspero de Latinoamérica.
Algunas de sus decisiones han recibido duras críticas por parte de organizaciones internacionales, pero al mismo tiempo tiene el más fuerte respaldo (88%) de la población de su país. Actualmente, es el mandatario más popular y mejor evaluado de América Latina. Me refiero a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador.
Este joven empresario, nacido en una familia de origen palestino, logró atraer la atención de la inmensa mayoría de los jóvenes y de la población salvadoreña que estaba enfurecida con la clase política tradicional corrupta de su país. Fue así como consiguió vencer en primera vuelta —en febrero de 2019— a los candidatos tradicionales de la coalición conservadora ARENA y del partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), del cual renunció por discrepancias internas en el año 2017, siendo alcalde de San Salvador.
A pesar de haber sido elegido con el apoyo de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) —un movimiento radicalmente opuesto al izquierdista FMLN—, no aceptó imposiciones de cuotas burocráticas para ninguno de los miembros de esa colectividad, incluyendo a su “vicepresidente”. Antes de cumplir los cien días de gobierno expulsó de su país a la diplomacia venezolana del régimen de Nicolás Maduro, creó con la OEA una Comisión Internacional contra la Impunidad para combatir la corrupción pública y llevaba bastante avanzado el programa de recuperación de la economía mediante el plan de choque de inversión pública. Su cuenta de Twitter sólo la utiliza para anunciar ejecuciones o resultados. Nada de promesas ni carreta barata.
En la instalación de la XXXIV Reunión de Gobernadores del BID, en San Salvador, Bukele afirmó que había recibido un país gobernado por una bolea de delincuentes de cuello blanco que tenían montado un régimen de complicidad con la corrupción y poco o nada para el desarrollo del país. Como esa batalla le iba a costar sudor y dinero, le solicitó al Banco Centroamericano de Integración Económica un préstamo de 109 millones de dólares para implementar su plan de lucha contra la delincuencia y fortalecimiento de la Policía y el Ejército.
Como ese plan incluía acabar con las prácticas perversas de los diputados de los partidos políticos y las altas cortes, la solicitud del préstamo fue negada a pesar de que Bukele los presionó convocando al pueblo y a las fuerzas militares a las afueras del recinto de la Asamblea Legislativa. Bukele entendió que la corrupción no la iba a remover con un discurso o una ley, sino removiendo a los corruptos, entonces decidió apoyar una lista de candidatos nuevos a las elecciones parlamentarias, logrando una victoria contundente frente a los partidos de tradición.
Con la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, las dos primeras decisiones fueron destituir a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que habían puesto en riesgo la vida y la salud de toda la población cuando le quitaron las facultades a Bukele para atender la pandemia, y destituir al fiscal general, cuestionado por decisiones que ponían en tela de juicio su objetividad e independencia. Hoy, la mayoría de los políticos corruptos están presos o huyendo, y El Salvador pasó a ser unos de los países más próspero de Latinoamérica.