La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, ha anunciado que el 2025 será el año de la Agricultura Campesina, Étnica, Familiar y Comunitaria, toda vez que son la fuerza productora que abastece el 70 % de los alimentos en el país.
Coincido con este enfoque de política pública para mejorar la productividad y rentabilidad de los agronegocios de esta población productiva rural del país, pero me preocupa que se vaya a quedar en un anuncio más del gobierno, pues no veo las estrategias para sacar de la ineficiencia productiva y el subdesarrollo rural a más de 2 millones de pequeños productores del campo que, según el Censo Nacional Agropecuario, no existen para la banca, no cuentan con sistemas de riego ni mecanización de cultivos, no reciben capacitación en buenas prácticas agrícolas y no tienen los títulos de sus predios al día. Son familias campesinas que cultivan pobreza con ingresos inferiores al millón de pesos mensuales.
Con este diagnóstico, el ministerio de Agricultura debería concentrar todos sus esfuerzos y presupuesto, en un plan de capacitación en buenas prácticas productivas, principios básicos de contabilidad y planificación financiera, en los 690 municipios rurales del país, para organizar una nueva generación de agricultores técnicamente más competentes y capaces de asumir como suya la responsabilidad de corregir sus propias ineficiencias para que sean los protagonistas en la solución de sus problemas. Para ello, es necesario sustituir los obsoletos mecanismos de intervención estatal, cuyas abultadas burocracias suelen consumir los escasos recursos destinados a los programas de asistencia técnica y bancarización rural, por plataformas tecnológicas que enseñen de manera ágil, sencilla y didáctica a estructurar proyectos productivos rentables y planificar los créditos.
La nueva agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria debe estar organizada en cooperativas agrarias con propósitos empresariales, para lograr economía de escala, reducir costos, incorporar valor a las cosechas, comprar insumos y vender cosechas con menor intermediación. Para ello será necesario orientar los créditos de fomento de Finagro, incentivos y respaldo del Fondo Agropecuario de Garantía (FAG) a proyectos productivos asociados a una cooperativa de productores y ordenar a Agrosavia y al ICA, proveer gratuitamente la transferencia de biotecnologías (semillas genéticamente mejoradas), incentivar la diversificación de los cultivos y prestar el servicio de control fitosanitario.
Claramente, la reforma agraria juega un papel fundamental en este propósito del gobierno, pero la adjudicación y formalización de predios rurales no garantiza al propietario obtener rentas del predio, a menos que la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), el Banco Agrario y la Bolsa Mercantil de Colombia les garanticen la financiación de los proyectos productivos y los contratos futuros de las cosechas, en vez de tratar de revivir los nostálgicos e ineficientes organismos estatales de comercialización. Es con este espíritu de pragmatismo que los países en vía de desarrollo están sobreviviendo ante la agresiva competencia de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y sacando ventajas de las oportunidades que ellos ofrecen.
En el tintero. Mi gratitud a todos los lectores por apoyarme y motivarme a continuar -desde este espacio- a defender los intereses y derechos de los productores del campo, ejercer el control ciudadano y proponer alternativas de desarrollo agroindustrial.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, ha anunciado que el 2025 será el año de la Agricultura Campesina, Étnica, Familiar y Comunitaria, toda vez que son la fuerza productora que abastece el 70 % de los alimentos en el país.
Coincido con este enfoque de política pública para mejorar la productividad y rentabilidad de los agronegocios de esta población productiva rural del país, pero me preocupa que se vaya a quedar en un anuncio más del gobierno, pues no veo las estrategias para sacar de la ineficiencia productiva y el subdesarrollo rural a más de 2 millones de pequeños productores del campo que, según el Censo Nacional Agropecuario, no existen para la banca, no cuentan con sistemas de riego ni mecanización de cultivos, no reciben capacitación en buenas prácticas agrícolas y no tienen los títulos de sus predios al día. Son familias campesinas que cultivan pobreza con ingresos inferiores al millón de pesos mensuales.
Con este diagnóstico, el ministerio de Agricultura debería concentrar todos sus esfuerzos y presupuesto, en un plan de capacitación en buenas prácticas productivas, principios básicos de contabilidad y planificación financiera, en los 690 municipios rurales del país, para organizar una nueva generación de agricultores técnicamente más competentes y capaces de asumir como suya la responsabilidad de corregir sus propias ineficiencias para que sean los protagonistas en la solución de sus problemas. Para ello, es necesario sustituir los obsoletos mecanismos de intervención estatal, cuyas abultadas burocracias suelen consumir los escasos recursos destinados a los programas de asistencia técnica y bancarización rural, por plataformas tecnológicas que enseñen de manera ágil, sencilla y didáctica a estructurar proyectos productivos rentables y planificar los créditos.
La nueva agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria debe estar organizada en cooperativas agrarias con propósitos empresariales, para lograr economía de escala, reducir costos, incorporar valor a las cosechas, comprar insumos y vender cosechas con menor intermediación. Para ello será necesario orientar los créditos de fomento de Finagro, incentivos y respaldo del Fondo Agropecuario de Garantía (FAG) a proyectos productivos asociados a una cooperativa de productores y ordenar a Agrosavia y al ICA, proveer gratuitamente la transferencia de biotecnologías (semillas genéticamente mejoradas), incentivar la diversificación de los cultivos y prestar el servicio de control fitosanitario.
Claramente, la reforma agraria juega un papel fundamental en este propósito del gobierno, pero la adjudicación y formalización de predios rurales no garantiza al propietario obtener rentas del predio, a menos que la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), el Banco Agrario y la Bolsa Mercantil de Colombia les garanticen la financiación de los proyectos productivos y los contratos futuros de las cosechas, en vez de tratar de revivir los nostálgicos e ineficientes organismos estatales de comercialización. Es con este espíritu de pragmatismo que los países en vía de desarrollo están sobreviviendo ante la agresiva competencia de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y sacando ventajas de las oportunidades que ellos ofrecen.
En el tintero. Mi gratitud a todos los lectores por apoyarme y motivarme a continuar -desde este espacio- a defender los intereses y derechos de los productores del campo, ejercer el control ciudadano y proponer alternativas de desarrollo agroindustrial.