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El pasado 20 de diciembre, los miembros de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) autorizaron destinar 221.000 millones de pesos para atender el Plan Anual de Gestión de Riesgos Agropecuarios para el año 2025.
Se trata de un programa de subsidios, apoyos e incentivos para ayudar a los productores del campo a mejorar la productividad y asegurar sus rentas. Son instrumentos de apoyo al campo instituidos desde hace varias décadas atrás; el problema es que, en este gobierno, son entregados bajo criterios ideológicos, de forma injusta y arbitraria, tal como lo acaban de hacer los miembros de la CNCA, integrada por los ministros de Agricultura y de Hacienda, el Jefe del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y tres representantes del presidente de la República.
De esa plata, destinaron 128.000 millones de pesos para subsidiar el 90 % del costo de la pólizas de seguro contra riesgo climático, biológicos, antrópicos o de mercado, a pequeños productores, y el 40 % a los medianos. A los grandes productores los excluyeron del subsidio, una decisión absurda y revanchista, pues las inundaciones, sequías, plagas o incendios no distinguen entre pequeños, medianos o grandes agricultores.
El segundo error que cometieron fue autorizar la entrega de esos recursos públicos sin criterios en buenas prácticas agrícolas. No tienen en cuenta, por ejemplo, la buena gestión de unos frente a la mala gestión de otros: igualan a todos por debajo. Están entregándole hasta el 90 % del valor de las pólizas a las compañías de seguros, sin verificar el cálculo actuarial del costo de las pólizas al productor, el deducible ni la cobertura de indemnización por el daño causado al cultivo. Tampoco establecen un calendario de suscripción después de siembras.
En Casanare, por ejemplo, para que un productor de arroz pueda reclamar la indemnización de su póliza, el siniestro debe ser mayor al 50 % del rendimiento promedio de sus últimas cosechas. Es decir, los miembros de la CNCA aprobaron el subsidio de una póliza que, en vez de asegurar riesgos, asegura siniestros y, en vez de cubrir las rentas de los productores, asegura las rentas de las compañías de seguros.
Respecto a los subsidios de tasa de interés (LEC) e Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), cometieron dos errores garrafales. Para que un campesino pueda acceder a estos subsidios, debe tramitar un crédito ante una entidad bancaria. Pues estos miembros de la CNCA como que desconocen que el 90 % de los campesinos del país no accede a créditos bancarios porque no tienen la capacidad de endeudamiento para instalar un sistema de riego o comprarse un pequeño tractor para desarrollar un proyecto agrícola o hato ganadero rentable. De igual manera, destinaron extrañamente $30.000 millones para un incentivo integral a la gestión del riesgo agropecuario (IIGRA) creado el año pasado y destinaron una suma de $23.000 millones para estudios, pilotos y estrategias de gestión de riesgo que seguramente contratarán con ONG de parqueadero. Para rematar, le otorgaron una comisión del 1,5 % ($3.300 millones al año) a Finagro por administrar esos recursos.
La Contraloría y la Procuraduría están en mora de abrir una investigación de oficio.
