Hace cuatro años ―por esta época ―, un grupo de colaboradores del candidato presidencial Iván Duque, le sugerimos enfocar la política agraria hacia la reducción de los costos de producción; el aumento de la productividad; la eliminación de las causas en la ineficiencia de los agronegocios; y la cobertura de las rentas de los productores del campo, con el fin de poder competir con los productores de los países con los cuales suscribimos 16 tratados de Libre Comercio.
Desafortunadamente, en Palacio, terminaron orientando la política agraria hacia unos programas baladíes recomendados por una firma de consultoría global y un par de bibliotecarios del agro apadrinados por la oficina de la Vicepresidencia de la República. Hoy, cuatro años después, los resultados de gestión no pueden ser peores.
Revisando las estadísticas del Dane, observo que el PIB agropecuario, cayó del 5.9% al 2.4% entre el 2018 y el 2021. Se prevén peores resultados para el primer y segundo trimestre de 2022, por la caída de la superficie agrícola y la baja productividad como consecuencia de la trepada de los precios de los insumos agrícolas, el difícil acceso a créditos bancarios, la inexistencia de canales y distritos de riego y la ausencia de un instrumento de cobertura de precios mínimos al productor. Esta desacertada e improvisada política agropecuaria tiene hoy al país con los más altos índices de desempleo rural (10%); precio al productor (45.4%); precio al consumidor (8.01%); inflación anual (8.53%) y pobreza monetaria rural (43%).
Tampoco les fue bien en la diplomacia agrícola. A pesar de contar con una tasa de cambio favorable y un microciclo de precios altos en los commodities agrícolas, la balanza comercial agropecuaria se les cayó de 394 millones de dólares en 2018 a 349 millones en el 2021. Mientras tanto, las importaciones de alimentos y materias primas subieron de 12 a 14 millones de toneladas anuales, generando esos empleos e ingresos en los campos de otros países, teniendo más de 5 millones de hectáreas aptas para producir esos alimentos acá.
Respecto al crédito agropecuario, en tres años redujeron la cobertura de los pequeños y medianos productores del 33% al 26% y dejaron por fuera del sistema financiero a más de 2 millones de productores del campo. Finagro quedó reducido a financiar solo el 20% del sector agropecuario a través del crédito de redescuento subsidiado. Todo esto es consecuencia de la desacertada decisión de cederle el mando de la política de crédito agropecuario al ministerio de Hacienda, DNP y Banco de la República. Igual suerte corrieron los programas de vivienda social rural para campesinos, las vías terciarias y las salvaguardias de importación de productos agropecuarios. Desvalijaron por completo al ministerio de Agricultura.
Lo paradójico de este descalabro, es que, los culpables no asumieron ninguna responsabilidad política, y, por el contrario, fueron reubicados en mejores cargos burocráticos y en las juntas directivas de las entidades que ejecutan los recursos del sector agropecuario.
El “estado de las cosas” es un procedimiento sano que además de permitirnos conocer los indicadores de gestión del gobierno saliente, nos indica cómo será el punto de partida del gobierno entrante. Ojo con el agro, doctor Fico.
*Consultor en financiamiento agropecuario
Hace cuatro años ―por esta época ―, un grupo de colaboradores del candidato presidencial Iván Duque, le sugerimos enfocar la política agraria hacia la reducción de los costos de producción; el aumento de la productividad; la eliminación de las causas en la ineficiencia de los agronegocios; y la cobertura de las rentas de los productores del campo, con el fin de poder competir con los productores de los países con los cuales suscribimos 16 tratados de Libre Comercio.
Desafortunadamente, en Palacio, terminaron orientando la política agraria hacia unos programas baladíes recomendados por una firma de consultoría global y un par de bibliotecarios del agro apadrinados por la oficina de la Vicepresidencia de la República. Hoy, cuatro años después, los resultados de gestión no pueden ser peores.
Revisando las estadísticas del Dane, observo que el PIB agropecuario, cayó del 5.9% al 2.4% entre el 2018 y el 2021. Se prevén peores resultados para el primer y segundo trimestre de 2022, por la caída de la superficie agrícola y la baja productividad como consecuencia de la trepada de los precios de los insumos agrícolas, el difícil acceso a créditos bancarios, la inexistencia de canales y distritos de riego y la ausencia de un instrumento de cobertura de precios mínimos al productor. Esta desacertada e improvisada política agropecuaria tiene hoy al país con los más altos índices de desempleo rural (10%); precio al productor (45.4%); precio al consumidor (8.01%); inflación anual (8.53%) y pobreza monetaria rural (43%).
Tampoco les fue bien en la diplomacia agrícola. A pesar de contar con una tasa de cambio favorable y un microciclo de precios altos en los commodities agrícolas, la balanza comercial agropecuaria se les cayó de 394 millones de dólares en 2018 a 349 millones en el 2021. Mientras tanto, las importaciones de alimentos y materias primas subieron de 12 a 14 millones de toneladas anuales, generando esos empleos e ingresos en los campos de otros países, teniendo más de 5 millones de hectáreas aptas para producir esos alimentos acá.
Respecto al crédito agropecuario, en tres años redujeron la cobertura de los pequeños y medianos productores del 33% al 26% y dejaron por fuera del sistema financiero a más de 2 millones de productores del campo. Finagro quedó reducido a financiar solo el 20% del sector agropecuario a través del crédito de redescuento subsidiado. Todo esto es consecuencia de la desacertada decisión de cederle el mando de la política de crédito agropecuario al ministerio de Hacienda, DNP y Banco de la República. Igual suerte corrieron los programas de vivienda social rural para campesinos, las vías terciarias y las salvaguardias de importación de productos agropecuarios. Desvalijaron por completo al ministerio de Agricultura.
Lo paradójico de este descalabro, es que, los culpables no asumieron ninguna responsabilidad política, y, por el contrario, fueron reubicados en mejores cargos burocráticos y en las juntas directivas de las entidades que ejecutan los recursos del sector agropecuario.
El “estado de las cosas” es un procedimiento sano que además de permitirnos conocer los indicadores de gestión del gobierno saliente, nos indica cómo será el punto de partida del gobierno entrante. Ojo con el agro, doctor Fico.
*Consultor en financiamiento agropecuario