A finales del año pasado le propuse al Departamento Nacional de Planeación incluir en el texto del “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad” incorporar la agroindustria y el agrocomercio en los fondos parafiscales de los gremios de la producción primaria, con el fin de fortalecer la cadena agroalimentaria en materia de productividad y comercialización.
Obviamente, no entendieron de qué les estaba hablando y por eso la propuesta no fue incluida en el texto del articulado de dicho plan. Para ponerlos en contexto, en Colombia las relaciones entre el sector productivo y el industrial han sido como esos noviazgos largos sin posibilidades de matrimonio. A excepción de algunos casos, como los sectores palmero y cafetero, los demás viven en una constante confrontación por diferencias económicas y de principios.
Los consejos nacionales que preside el Ministerio de Agricultura no han podido nunca limar las asperezas entre estos dos sectores. Las veces que asistí —en el pasado— a los consejos del arroz o los lácteos jamás vi salir contentos de esas desgastantes jornadas de negociación a Fedearroz con Induarroz o a Fedegán con Asoleche. Los ministros de turno pocas veces lograban ponerlos de acuerdo en los compromisos de volúmenes de compra y precio de sus producciones. Un tema de demanda y oferta complicado, por los patrones estacionales.
Si bien es cierto que el programa “Agricultura por contrato” ha sido un mecanismo que ha ayudado a fortalecer la relación entre productores e industriales durante los últimos 20 años, no ha sido suficiente. Los escasos recursos de ayudas por parte del Estado para fomentar estos noviazgos no logran que sean perdurables en el tiempo. Ahí está el caso del programa “Coseche, venda a la fija” lanzado recientemente por el Ministerio de Agricultura. Los tres instrumentos claves de fomento del programa (crédito, seguro climático y cobertura de precios) cumplen, hoy, 69 días de estar cerrados porque los recursos no llegaron a tiempo a Finagro. Como los calendarios de siembras no saben de traslados presupuestales ni de funcionarios inexpertos, los miles de productores de arroz, maíz tecnificado y algodón, entre otros, tuvieron que iniciar sus siembras sin incentivos y sin contratos.
Una alternativa más eficiente y económica es llevar la industria y el comercio al campo, a través del mecanismo de los fondos parafiscales. Este modelo de integración vertical, además de triplicar los recursos del sector privado en la adopción de nuevas tecnologías, transferencia de conocimientos y mecanización de cultivos, permite generar economía de escalas y sinergias para buscar mayores utilidades y generar mayor valor agregado, partiendo del sector primario hasta el consumidor final. La industrialización del campo es el camino más eficaz que nos queda para enfrentar la ineficiencia de nuestros productores y la agresiva competencia de la internacionalización de la economía.
La semana pasada, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, dio una señal muy importante, al anunciar el compromiso de su gremio de crear las condiciones para que el agro aumente su potencial de creación de valor agregado. Celebro que la ANDI esté trabajando en esta misma línea. Por ahí es la cosa.
* Experto en financiamiento agroindustrial.
A finales del año pasado le propuse al Departamento Nacional de Planeación incluir en el texto del “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad” incorporar la agroindustria y el agrocomercio en los fondos parafiscales de los gremios de la producción primaria, con el fin de fortalecer la cadena agroalimentaria en materia de productividad y comercialización.
Obviamente, no entendieron de qué les estaba hablando y por eso la propuesta no fue incluida en el texto del articulado de dicho plan. Para ponerlos en contexto, en Colombia las relaciones entre el sector productivo y el industrial han sido como esos noviazgos largos sin posibilidades de matrimonio. A excepción de algunos casos, como los sectores palmero y cafetero, los demás viven en una constante confrontación por diferencias económicas y de principios.
Los consejos nacionales que preside el Ministerio de Agricultura no han podido nunca limar las asperezas entre estos dos sectores. Las veces que asistí —en el pasado— a los consejos del arroz o los lácteos jamás vi salir contentos de esas desgastantes jornadas de negociación a Fedearroz con Induarroz o a Fedegán con Asoleche. Los ministros de turno pocas veces lograban ponerlos de acuerdo en los compromisos de volúmenes de compra y precio de sus producciones. Un tema de demanda y oferta complicado, por los patrones estacionales.
Si bien es cierto que el programa “Agricultura por contrato” ha sido un mecanismo que ha ayudado a fortalecer la relación entre productores e industriales durante los últimos 20 años, no ha sido suficiente. Los escasos recursos de ayudas por parte del Estado para fomentar estos noviazgos no logran que sean perdurables en el tiempo. Ahí está el caso del programa “Coseche, venda a la fija” lanzado recientemente por el Ministerio de Agricultura. Los tres instrumentos claves de fomento del programa (crédito, seguro climático y cobertura de precios) cumplen, hoy, 69 días de estar cerrados porque los recursos no llegaron a tiempo a Finagro. Como los calendarios de siembras no saben de traslados presupuestales ni de funcionarios inexpertos, los miles de productores de arroz, maíz tecnificado y algodón, entre otros, tuvieron que iniciar sus siembras sin incentivos y sin contratos.
Una alternativa más eficiente y económica es llevar la industria y el comercio al campo, a través del mecanismo de los fondos parafiscales. Este modelo de integración vertical, además de triplicar los recursos del sector privado en la adopción de nuevas tecnologías, transferencia de conocimientos y mecanización de cultivos, permite generar economía de escalas y sinergias para buscar mayores utilidades y generar mayor valor agregado, partiendo del sector primario hasta el consumidor final. La industrialización del campo es el camino más eficaz que nos queda para enfrentar la ineficiencia de nuestros productores y la agresiva competencia de la internacionalización de la economía.
La semana pasada, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, dio una señal muy importante, al anunciar el compromiso de su gremio de crear las condiciones para que el agro aumente su potencial de creación de valor agregado. Celebro que la ANDI esté trabajando en esta misma línea. Por ahí es la cosa.
* Experto en financiamiento agroindustrial.