Escribo pensando en el 21 de mayo, Día de la Afrocolombianidad. Conmemora la abolición de la esclavitud mediante la Ley 2 de 1851, cuyo lado positivo consiste en favorecernos frente a Cuba y Brasil que tan solo abolieron la esclavitud en 1880 y 1888, respectivamente. Sin embargo, tiene un lado negativo por las indemnizaciones que comenzaron a recibir Sergio Arboleda y demás amos de la aristocracia blanca por la mano de obra cautiva que perdían. Claro está que el movimiento negro ha subvertido esta injusticia rememorando cómo lo han nutrido el cimarronaje colonial de Benkos Biojó o Domingo Angola, así como el combate contra el racismo ejercido por Martin Luther King, Malcolm X, Nelson Mandela y Bob Marley. Este año, el 21 de mayo quedará atado a la contribución de los pueblos de ascendencia africana al fortalecimiento de la protesta social iniciada el 28 de abril.
La voz de Francia Márquez ha sobresalido por su terca denuncia del racismo estructural. Si hace unos meses los medios ponían en duda el discurso de ella, hoy son contundentes los trinos del supremacismo blanco contra la Guardia Indígena. Los han emitido presidente y vicepresidenta de la República y las figuras más sobresalientes del Centro Democrático, además de Enrique Peñalosa y Néstor Morales. Por si esas palabras no fueran muestra de la manera como ha calado el neonazismo que el partido de gobierno ha llevado a la Universidad Militar Nueva Granada, está la balacera que el 9 de mayo —en complicidad con la Policía Nacional— miembros de la aristocracia caleña abrieron contra la Minga. Semejante despropósito dejó nueve indígenas heridos, entre quienes figura Daniela Soto, estudiante de filosofía de la Universidad del Cauca y joven líder reconocida internacionalmente. Frente a ese ejercicio atroz, esa noche Duque ofreció un discurso que afianza su inhumanidad, insensibilidad y total carencia de compasión.
Pese a semejantes aberraciones, en las manifestaciones aún prepondera una gente joven que no deja su alegría al salir a la calle, incluso desde universidades privadas que hasta 2018 hacían pocas manifestaciones públicas. Innovan la expresión de sus reclamos apelando a las estéticas de la danza, la música y la plástica.
Esta ruptura con la ortodoxia tradicional tiene una genealogía reciente en el movimiento afro. En noviembre de 2016, en Cartagena, las cantadoras de Pogue, Bojayá, realzaron la firma del acuerdo de paz sacando sus alabaos del contexto religioso para inscribirlos en el político. Hoy en Cali, ese género le da vida al clamor pacifista de “No queremos más velorios”. Por su parte, en mayo de 2017, en el paro de Buenaventura una voz cantante fue la de Leonard Rentería, conocido desde septiembre de 2016, cuando interpeló al entonces senador Álvaro Uribe por su intervención a favor del NO en el plebiscito del 2 de octubre. Su grupo, Tura Hip Hop, contribuyó a propagar los gritos de “Ni por el Bajo, ni por el Medio, ni por el putas retrocederemos” y “El pueblo negro no se rinde, ¡carajo!”, a los cuales, a su vez, amplificaron voces femeninas como las de la Casa del Chontaduro, hasta hacerlas nacionales.
Ahora, el 8 de mayo, el currulao “Vamos a sacar el pueblo adelante” aglutinó a la Gran movilización de madres y mujeres del Pacífico en Puerto Resistencia, y el video con el bullerengue que el ensamble La Tonada tituló “Un grito de resistencia traigo yo” hace explícita la complicidad gubernamental con la inefectividad de la fuerza pública para combatir el pillaje. Debido a esa conducta perversa cuya intención es desacreditar la protesta pacífica, Paola Vargas acuñó la noción de “paravandalismo”. Ojalá esa práctica también sea tenida en cuenta como parte de las atrocidades que ha cometido la Fuerza Pública contra la gente que se sigue manifestado, y cuya enumeración sustenta la denuncia del presidente Iván Duque y su gobierno ante la Corte Penal Internacional.
Hace 40 años, la amenaza de limitar la asistencia militar norteamericana jugó un papel relevante para ponerles fin a los desafueros cometidos al amparo del Estatuto de Seguridad del presidente Julio César Turbay Ayala. Hoy las voces de Human Rights Watch, la ONU, The New York Times, The Guardian, Deutsche Welle y parlamentarios norteamericanos e ingleses abren la opción de que desde afuera surja la contención de estos pasos dictatoriales que se ensañan contra la heterodoxia antirracista de la cual —por fortuna— hoy somos testigos.
* Profesor del Programa de Antropología, Universidad Externado de Colombia.
Escribo pensando en el 21 de mayo, Día de la Afrocolombianidad. Conmemora la abolición de la esclavitud mediante la Ley 2 de 1851, cuyo lado positivo consiste en favorecernos frente a Cuba y Brasil que tan solo abolieron la esclavitud en 1880 y 1888, respectivamente. Sin embargo, tiene un lado negativo por las indemnizaciones que comenzaron a recibir Sergio Arboleda y demás amos de la aristocracia blanca por la mano de obra cautiva que perdían. Claro está que el movimiento negro ha subvertido esta injusticia rememorando cómo lo han nutrido el cimarronaje colonial de Benkos Biojó o Domingo Angola, así como el combate contra el racismo ejercido por Martin Luther King, Malcolm X, Nelson Mandela y Bob Marley. Este año, el 21 de mayo quedará atado a la contribución de los pueblos de ascendencia africana al fortalecimiento de la protesta social iniciada el 28 de abril.
La voz de Francia Márquez ha sobresalido por su terca denuncia del racismo estructural. Si hace unos meses los medios ponían en duda el discurso de ella, hoy son contundentes los trinos del supremacismo blanco contra la Guardia Indígena. Los han emitido presidente y vicepresidenta de la República y las figuras más sobresalientes del Centro Democrático, además de Enrique Peñalosa y Néstor Morales. Por si esas palabras no fueran muestra de la manera como ha calado el neonazismo que el partido de gobierno ha llevado a la Universidad Militar Nueva Granada, está la balacera que el 9 de mayo —en complicidad con la Policía Nacional— miembros de la aristocracia caleña abrieron contra la Minga. Semejante despropósito dejó nueve indígenas heridos, entre quienes figura Daniela Soto, estudiante de filosofía de la Universidad del Cauca y joven líder reconocida internacionalmente. Frente a ese ejercicio atroz, esa noche Duque ofreció un discurso que afianza su inhumanidad, insensibilidad y total carencia de compasión.
Pese a semejantes aberraciones, en las manifestaciones aún prepondera una gente joven que no deja su alegría al salir a la calle, incluso desde universidades privadas que hasta 2018 hacían pocas manifestaciones públicas. Innovan la expresión de sus reclamos apelando a las estéticas de la danza, la música y la plástica.
Esta ruptura con la ortodoxia tradicional tiene una genealogía reciente en el movimiento afro. En noviembre de 2016, en Cartagena, las cantadoras de Pogue, Bojayá, realzaron la firma del acuerdo de paz sacando sus alabaos del contexto religioso para inscribirlos en el político. Hoy en Cali, ese género le da vida al clamor pacifista de “No queremos más velorios”. Por su parte, en mayo de 2017, en el paro de Buenaventura una voz cantante fue la de Leonard Rentería, conocido desde septiembre de 2016, cuando interpeló al entonces senador Álvaro Uribe por su intervención a favor del NO en el plebiscito del 2 de octubre. Su grupo, Tura Hip Hop, contribuyó a propagar los gritos de “Ni por el Bajo, ni por el Medio, ni por el putas retrocederemos” y “El pueblo negro no se rinde, ¡carajo!”, a los cuales, a su vez, amplificaron voces femeninas como las de la Casa del Chontaduro, hasta hacerlas nacionales.
Ahora, el 8 de mayo, el currulao “Vamos a sacar el pueblo adelante” aglutinó a la Gran movilización de madres y mujeres del Pacífico en Puerto Resistencia, y el video con el bullerengue que el ensamble La Tonada tituló “Un grito de resistencia traigo yo” hace explícita la complicidad gubernamental con la inefectividad de la fuerza pública para combatir el pillaje. Debido a esa conducta perversa cuya intención es desacreditar la protesta pacífica, Paola Vargas acuñó la noción de “paravandalismo”. Ojalá esa práctica también sea tenida en cuenta como parte de las atrocidades que ha cometido la Fuerza Pública contra la gente que se sigue manifestado, y cuya enumeración sustenta la denuncia del presidente Iván Duque y su gobierno ante la Corte Penal Internacional.
Hace 40 años, la amenaza de limitar la asistencia militar norteamericana jugó un papel relevante para ponerles fin a los desafueros cometidos al amparo del Estatuto de Seguridad del presidente Julio César Turbay Ayala. Hoy las voces de Human Rights Watch, la ONU, The New York Times, The Guardian, Deutsche Welle y parlamentarios norteamericanos e ingleses abren la opción de que desde afuera surja la contención de estos pasos dictatoriales que se ensañan contra la heterodoxia antirracista de la cual —por fortuna— hoy somos testigos.
* Profesor del Programa de Antropología, Universidad Externado de Colombia.