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La reforma a la ley de orden público quedó aprobada el pasado 11 de marzo, incluyendo las zonas de concentración para los guerrilleros que se desmovilicen.
A los medios les incumbió más que esas zonas complacieran al senador Álvaro Uribe y no tanto que pudieran poner en riesgo los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y afrocolombianos. La sospecha rimaba con lo que un conocedor del proceso de paz le expresó a Laura Ardila de La Silla Vacía: “Lo primero que [los de las Farc] se van a tomar son los resguardos y los consejos comunitarios afro”. La periodista agregó que por eso los indígenas del Cauca y organizaciones afro “tienen planeado un viaje a La Habana para hablar con las Farc en un intento por garantizar su autonomía en el futuro”.
Como en Cuba los negociadores han parecido reacios ante esta última opción, al menos desde agosto de 2015, fue creciendo la presión por parte del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa), la Autoridad Nacional Afrocolombiana, el Proceso de Comunidades Negras (PCN), la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), la Oficina de Washington en Latinoamérica (Wola por sus siglas en inglés); el Grupo de Académicos e Intelectuales en Defensa del Pacifico Colombiano (Gaidepac), cuyo comunicado del 14 de febrero de 2016 cuenta con doscientos adherentes de renombre internacional; la Coalición de Sindicalistas Negros (CBPU, por sus siglas en inglés), los miembros de la bancada africanoamericana del Congreso de los Estados Unidos, además de otros senadores demócratas quienes le enviaron un comunicado de urgencia al presidente Obama, y una coalición de intelectuales y políticos cuyo “Grupo de Liderazgo afrocolombiano trata de hacer incidencia política a través de tres congresistas: Gregory Meeks, Charles Rangel y Sheila Jackson” y estableció contacto con el presidente Juan Manuel Santos en procura de la salvaguardia territorial.
Como parte de todos estos esfuerzos, ente el siete y el ocho de marzo, el Conpa y la Onic realizaron una reunión conjunta de la cual nació la “Comisión Étnica para la paz y la defensa de los derechos territoriales”, cuya primera resolución hace explícito el propósito de construir “la paz desde nuestros pueblos en función de nuestros derechos a la identidad, autonomía, participación, territorialidad, ejercicio del gobierno propio”, añadiendo que “fortalecerá todas las estrategias propias de protección [como] la Guardia Indígena y Cimarrona” y “autoriza conformar una delegación de nuestros pueblos para viajar a La Habana y reunirse con las partes”.
Al terminar esta columna parecía probable que el encuentro en la isla fuera a lograrse dentro de los próximos diez días. Todo el conjunto de organizaciones y personalidades que defienden tanto las negociaciones con las Farc, como las territorialidades y autonomías étnicas es muestra de una rigurosa vigilancia nacional e internacional que continuará una vez se firmen los acuerdos.
Nota: la inmortalidad del padre de Mauricio García Villegas consiste en los árboles que sembró, el agua que cosechó y la ética ambiental que reforzó. Lamento no haberlo conocido.
* Miembro fundador, Grupo de Estudios Afrocolombianos, Universidad Nacional de Colombia.