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El artículo 134 A de la Ley 1482 condena el racismo haciendo explícitas las sanciones contra quien “[…] arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual […]”.
Destaco la norma luego de haber analizado el ensayo “Una década de acciones colectivas negras frente al racismo institucional en Bogotá, DC”. A su autor, Andrés Meza, le aceptaron publicarlo en Plural, la Revista Semestral de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA)**. Además de datos como los del Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes, Meza se basa en las observaciones rigurosas que llevó a cabo asesorando a Rudecindo Castro, cuando orientó la Dirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital, y luchaba contra los racismos estructural, institucional y cotidiano de los cuales era testigo como adalid político y profesional negro. Ambos apoyaban mesas que aglutinaban gente negra en San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño y Suba alrededor de “…formas autónomas de reflexión y acción para enfrentar la criminalización racializada, el desempleo, la llegada de más afros desplazados y la estigmatización racial…”.
Meza subraya cómo entre 2012 y 2015, un alto funcionario de la Secretaría de Hábitat de Bogotá se empeñó en prevenir la formación de “bantustanes”*** o guetos negros. Se oponía al programa de vivienda que proponía la líder Virgelina Chará a partir de tres enfoques, el étnico —la casa donde somos—, el político —la casa que nos merecemos— y el productivo —la casa donde no nos endeudemos—. Ella sabía bien de qué hablaba: desplazada desde el Distrito de Aguablanca en Cali, a donde la había llevado la violencia del norte del Cauca, ya en Bogotá recibía amenazas de las Águilas Negras, y constataba cómo en barrios de estrato uno y dos pululaban letreros que decían “No se arrienda a negros” o “Se arrienda a NN [no negros]”. También conocía policías que impunemente se referían a la gente negra como micos hijos de puta, que eran de otra parte y debían devolverse pa’l monte. A esa segregación la han complementado violencias racializadas por parte de fuerzas del orden, como las de los allanamientos practicados en Compostela III contra desterrados afrochocoanos a quienes un periódico local estigmatizó injustamente diciendo que eran parte de bandas delincuenciales. O la de los policías que balearon la primera planta de la casa de la familia de Marino Agudelo porque su dueño se demoró en bajarle el volumen al radio, sin consideración alguna de que se trataba de gente desplazada desde Barbacoas. De ahí que en Bogotá haya una imparable masa de “inquilinos errantes”.
Casi al mismo tiempo de constatar este apartheid a la colombiana, aparecían las fotografías del alcalde Gustavo Petro rodeado de indígenas apoyándolo contra la injusta destitución que le había impuesto el procurador Alejandro Ordóñez. Evidenciaban cómo para desterrados misak, wiwia o kamsá era legítimo nuclearse en cabildos territorializados, pero no para la gente negra que compartiera orígenes étnicos o regionales comparables. Persistía ese troquel naturalizado referente a que a “los negros” tan solo les corresponde pertenecer al indiferenciado sancocho nacional, cuyo mestizaje dizque democratiza. Pasados 30 años, a la Constitución de 1991 no le ha sido posible corregir esta injusticia étnica. Hoy el más opcionado candidato presidencial figura al lado de Francia Márquez, admirada y respetada por sus denuncias y lucha contra el racismo estructural. Ojalá que las nuevas fotos consistan en voluntad política para —de verdad— implementar el estatuto antirracista que ya existe en la Ley 1482, mas no en simple maquillaje electoral para captar el voto “negro”.
* Profesor del Programa de Antropología, Universidad Externado de Colombia.
** PLURAL. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Año 4, Nº 7. Enero-Junio, 2021. ISSN: 2393-7483, ISSN en línea: 2393-7491.
*** Quien acuñó este término tenía plena conciencia de la mácula racista que los académicos eurocentrados le han impuesto a bantú, el nombre de la familia lingüística del valle del río Congo.