¿Etnocidio verde?

Los costos de la transición energética han brillado por su ausencia en los debates presidenciales, vacío predecible dentro del mar de babosadas y mentiras del Equipo por Colombia, pero indeseable para el Centro Esperanza, cuyos miembros —infortunadamente— persisten en pugnas internas y lugares comunes edulcorados con lenguaje académico. Sin embargo, a los del Pacto Histórico sí les ha concernido ese remezón. De acuerdo con Petro, para “sobrevivir como nación, tenemos que iniciar una transición a una economía descarbonizada”, y para Francia Márquez “El primer renglón de la economía no puede seguir siendo el extractivismo” (Hora 20 de Caracol Radio, febrero 17 de 2022)

Descarbonizar y desestractivizar, ¿cómo llegarán a ser compatibles con las mutaciones tecnológicas indispensables para implementar las energías verdes? Los requerimientos de cobalto y níquel son seis veces mayores para vehículos eléctricos y diez veces más elevados para plantas eólicas y solares. Hoy la República Democrática del Congo, Australia y China suministran las dos terceras partes de esas materias primas, pero pronto será necesario multiplicar su oferta al menos por 20.

Tecnócratas y empresarios se frotan las manos ante las posibilidades de lucro que les abren los yacimientos de los países del sur. Sin embargo, de los estudios sobre cobalto congoleño que han llevado a cabo The New York Times y Foreign Correspondent, se deduce un futuro de ecocidio y etnocidio. De un lado están inversionistas que apoyaron a Obama, pero que deponen su ambientalismo para asociarse con trumpistas extremos; políticos y militares sedientos de sobornos a favor de concesiones o de ejércitos irregulares, todo en medio de la pugna entre China y Occidente por monopolizar los depósitos identificados. Se reitera el patrón que comienza negociando a partir de ficciones sobre el bien común y desarrollo económico para las comunidades locales, empobrecidas y sometidas a una educación precaria. Destierro violento de opositores o reclutamiento como neo esclavos para desmontar áreas selváticas o para que arriesguen sus vidas deslizándose por socavones mal construidos, además de mujeres y niños que, metidos en charcas contaminadas y de manera subrepticia, barequean residuos que las mega retroexcavadoras dejan en espirales kilométricas hacia el centro de la tierra. Informalidad que representa el 30 % de un comercio basado en las vacunas que exigen funcionarios y paramilitares.

¿Que nos ampara nuestra legislación? En La Guajira los parques eólicos atestiguan la complicidad entre emprendedores internacionales y gobierno para ningunear la consulta previa, libre e informada con los indígenas wayúu. Weildler Guerra y María Camila Hernández documentan cómo desde que El Cerrejón inició operaciones, constructores y operadores persisten en la profanación de cementerios, obstrucción de rutas de pastoreo, desvío de cauces acuáticos, arrasamiento de bosques escasos pero imprescindibles donde el agua es sagrada. Urge impedir el aniquilamiento cultural que podrán desencadenar los otros 16 parques de molinos de viento proyectados para el norte de esa península.

Y a propósito del litoral Pacífico, hace parte del cinturón de cobre que se extiende entre Panamá y Chile. Desde hace 30 años, el bajo Atrato alberga la mina de El Roble y Volador de las canadienses Atico Mining y Rugby Mining. También está la presión de Muriel Mining Corporation, y Minera Cobre, favorecidas por el presidente Iván Duque mediante la resolución 110 del 28 de enero de 2022, la cual “permite que la exploración minera… continúe sin pasar por el proceso de extracción forestal [y sin cambiar el] uso de la tierra”. Nueva reiteración del desprecio uribista por las selvas biodiversas y por los pueblos que las han sostenido.

* Miembro fundador, Grupo de estudios afrocolombiano, Universidad Nacional y profesor, Programa de antropología, Universidad Externado de Colombia.