Ojalá el presidente Petro aplace los megaproyectos con los cuales se comprometió en el recorrido que hizo a finales de enero desde Tumaco hasta Istmina y Quibdó. Con respecto a López de Micay, fantaseó con un puerto de aguas profundas y una carretera hacia el interior del Cauca, sin referirse a políticas públicas rigurosas y verificables para alcanzar la salvaguardia ambiental y el aseguramiento territorial y cultural de los pueblos ancestrales de la región. Infortunadamente, hoy estamos frente a lo que el Colectivo Unidos por Gorgona ha llamado “lavado verde”, un maquillaje hipócrita al cual el Ministerio de Ambiente acude para encubrir los riesgos que enfrentarán ballenas, delfines moteados y lagartos azules, entre muchas otras especies endémicas de ese Parque Nacional Natural. En entrevista que realizaron Los Danieles a Emanuel Espinel, abogado de ese colectivo, es muy probable que un presidente que insiste en presentarse ante el mundo como adalid de la defensa de aguas y selvas tropicales se demore poco en iniciar la construcción de la subestación de guardacostas proyectada desde 2015. Pese a las recomendaciones que también lleva años formulando el comité científico de ese parque natural, la obra se extendería hacia otro tesoro natural, la isla de Malpelo. Para Espinel, lo determinante es la presión financiera y política del gobierno norteamericano.
Del mismo modo, a propósito del canal interoceánico Atrato-Cupica, ojalá Petro sustituyera sus declaraciones ampulosas sobre impacto mundial por el delineo de acciones transparentes para evitar el destierro masivo de los pobladores ancestrales de las respectivas riberas y la conversión de sus territorios en desiertos verdes. En lo que se refiere a ese propósito, hace tres decenios, en pleno Proceso 8.000, el presidente Ernesto Samper reveló que avanzaba la firma de un contrato con consultores surcoreanos para llevar a cabo un estudio de prefactibilidad que cimentara la futura construcción del canal interoceánico Atrato-Truandó¹. Casi al mismo tiempo, y para desterrar a las FARC-EP mediante la Operación Génesis, el general Rito Alejo del Río asoció a las fuerzas armadas con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y el Bloque Elmer Cárdenas. Torturaron, asesinaron y desterraron masivamente a campesinos que acababan de crear los consejos comunitarios de Cacarica, Curvaradó, Jiguaminandó, Pavarandó y Juradó, entre los de otras comunidades ribereñas del bajo Atrato. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por unas infamias cuyos efectos aún indicarían que persiste la correlación entre megaproyectos de ingeniería, aumento astronómico en el precio de la tierra, monopolio territorial y desplazamiento forzado de propietarios tradicionales.
Merecen aplauso las innovaciones agrícolas, las universidades, colegios, acueductos, casas de la cultura y de la mujer con cuya construcción el presidente se comprometió frente a representantes de cabildos indígenas y consejos comunitarios del Litoral Pacífico. Ojalá su ejecución no sea objeto de las componendas políticas y acuerdos clientelistas cuya extirpación se derivaría de una ética que distinguiría al gobierno del cambio de los que lo precedieron. La embajada con la cual fue premiado el exsenador Armando Benedetti o el nombramiento de Alexander López en el DNP para reemplazar al reconocido economista Jorge Iván González, entre otras decisiones inconsecuentes, aumentan la incertidumbre, la desconfianza y el pesimismo.
* Miembro fundador, Grupo de estudios afrocolombianos, Universidad Nacional. Director de la Nueva Revista Colombiana de Folclor.
¹ Redacción de El Espectador. 1997. En el Darién: ¿Canal seco o parque natural? Ernesto Guhl, viceministro del Medio Ambiente, cuestiona el proyecto, pág. 10ª, febrero 9.
Ojalá el presidente Petro aplace los megaproyectos con los cuales se comprometió en el recorrido que hizo a finales de enero desde Tumaco hasta Istmina y Quibdó. Con respecto a López de Micay, fantaseó con un puerto de aguas profundas y una carretera hacia el interior del Cauca, sin referirse a políticas públicas rigurosas y verificables para alcanzar la salvaguardia ambiental y el aseguramiento territorial y cultural de los pueblos ancestrales de la región. Infortunadamente, hoy estamos frente a lo que el Colectivo Unidos por Gorgona ha llamado “lavado verde”, un maquillaje hipócrita al cual el Ministerio de Ambiente acude para encubrir los riesgos que enfrentarán ballenas, delfines moteados y lagartos azules, entre muchas otras especies endémicas de ese Parque Nacional Natural. En entrevista que realizaron Los Danieles a Emanuel Espinel, abogado de ese colectivo, es muy probable que un presidente que insiste en presentarse ante el mundo como adalid de la defensa de aguas y selvas tropicales se demore poco en iniciar la construcción de la subestación de guardacostas proyectada desde 2015. Pese a las recomendaciones que también lleva años formulando el comité científico de ese parque natural, la obra se extendería hacia otro tesoro natural, la isla de Malpelo. Para Espinel, lo determinante es la presión financiera y política del gobierno norteamericano.
Del mismo modo, a propósito del canal interoceánico Atrato-Cupica, ojalá Petro sustituyera sus declaraciones ampulosas sobre impacto mundial por el delineo de acciones transparentes para evitar el destierro masivo de los pobladores ancestrales de las respectivas riberas y la conversión de sus territorios en desiertos verdes. En lo que se refiere a ese propósito, hace tres decenios, en pleno Proceso 8.000, el presidente Ernesto Samper reveló que avanzaba la firma de un contrato con consultores surcoreanos para llevar a cabo un estudio de prefactibilidad que cimentara la futura construcción del canal interoceánico Atrato-Truandó¹. Casi al mismo tiempo, y para desterrar a las FARC-EP mediante la Operación Génesis, el general Rito Alejo del Río asoció a las fuerzas armadas con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y el Bloque Elmer Cárdenas. Torturaron, asesinaron y desterraron masivamente a campesinos que acababan de crear los consejos comunitarios de Cacarica, Curvaradó, Jiguaminandó, Pavarandó y Juradó, entre los de otras comunidades ribereñas del bajo Atrato. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por unas infamias cuyos efectos aún indicarían que persiste la correlación entre megaproyectos de ingeniería, aumento astronómico en el precio de la tierra, monopolio territorial y desplazamiento forzado de propietarios tradicionales.
Merecen aplauso las innovaciones agrícolas, las universidades, colegios, acueductos, casas de la cultura y de la mujer con cuya construcción el presidente se comprometió frente a representantes de cabildos indígenas y consejos comunitarios del Litoral Pacífico. Ojalá su ejecución no sea objeto de las componendas políticas y acuerdos clientelistas cuya extirpación se derivaría de una ética que distinguiría al gobierno del cambio de los que lo precedieron. La embajada con la cual fue premiado el exsenador Armando Benedetti o el nombramiento de Alexander López en el DNP para reemplazar al reconocido economista Jorge Iván González, entre otras decisiones inconsecuentes, aumentan la incertidumbre, la desconfianza y el pesimismo.
* Miembro fundador, Grupo de estudios afrocolombianos, Universidad Nacional. Director de la Nueva Revista Colombiana de Folclor.
¹ Redacción de El Espectador. 1997. En el Darién: ¿Canal seco o parque natural? Ernesto Guhl, viceministro del Medio Ambiente, cuestiona el proyecto, pág. 10ª, febrero 9.