Tan pronto las recibí, en las 809 páginas de la Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia busqué negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales, nombres por los cuales la gente de ascendencia africana optó para que el racismo no los volviera a subregistrar en el Censo de 2005.
Afrocolombianos figura en relación con el desplazamiento (594). Negros, sobre una manera de catalogar gaitanistas (718). Raizales (562), como cultivos, y con palenqueros, la pantalla de mi computador dijo “sin coincidencias”. Las mismas palabras aparecieron al preguntar por racismo y conflicto racial, pese a que hay una alusión a estigmatización (12), tres a similitudes en la composición de los combatientes (57, 74, 197), otra a exclusión (130) y una más a las causas de la violencia que enumera Paul Oquist (197). Raza dio positivo con respecto a la obra de Manuel Quintín Lame y en una nota sobre el biopoder (130).
Con respecto a los movimientos afros contra el racismo y a favor tanto de la territorialidad ancestral como de la paz, sin coincidencias para el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral de Atrato (Cocomacia), las organizaciones quizás más reconocidas a nivel mundial. Sin coincidencias para la Ley 70 de 1993. El Convenio 169 de la OIT figura en relación con una consulta previa que realizó el pueblo Barí (589), mas no a propósito de la imprescriptibilidad, inembargabilidad e inalienabilidad de los territorios ancestrales de comunidades negras. A los consejos comunitarios los asocian con el expresidente Uribe, pero no con las entidades democráticas responsables de la salvaguardia de territorios colectivos, cuya ancestralidad legitimó la Ley 70 de 1993, dando lugar a lo que el historiador Óscar Almario cataloga como la reforma agraria pacífica más significativa en la América Latina de la segunda mitad del siglo XX.
La siguiente indagatoria fue por algunos de los escenarios del crimen que el historiador citado denomina “genocidio-etnocidio”, con móviles de limpieza racial. En el Chocó, sin coincidencias para Alto Baudó, Cacarica, Juradó y Truandó, aunque sí aparecen 130 ejecuciones fuera de combate y 13 desplazamientos masivos en Curvaradó y Jiguamindó (592), así como la masacre de Bojayá (477). En el Pacífico sur, Guapi, Timbiquí, López de Micay, La Tola, El Charco, Iscuandé, Magüí-Payán, y Barbacoas sin coincidencias, y a Tumaco y Buenaventura los incluyen a propósito de proyectos económicos (44, 171), pero no de esos crímenes contra la humanidad.
La siguiente ronda fue sobre las exigencias de reparación étnica, psicosocial y territorial que en 2004 formuló la Corte Constitucional. La sentencia T-025 se debió no sólo a los crímenes objeto de la síntesis anterior, sino a la indolencia estatal frente a ese horror. Como semejante impasibilidad continuaba en 2009, la misma Corte emitió el auto 005. “Sin coincidencias” volvió a aparecer a propósito de estos dos mojones jurídicos cuyo sustento consistió en testimonios de voceros de casi 4 millones de víctimas afrocolombianas. Ojalá ejercicios más detenidos, que además involucren la zona plana del norte del Cauca, el Afrocaribe continental y el archipiélago raizal, desmientan la conclusión de este recorrido inicial: la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, al silenciar a la gente negra, terminó por revictimizarla.
Tan pronto las recibí, en las 809 páginas de la Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia busqué negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales, nombres por los cuales la gente de ascendencia africana optó para que el racismo no los volviera a subregistrar en el Censo de 2005.
Afrocolombianos figura en relación con el desplazamiento (594). Negros, sobre una manera de catalogar gaitanistas (718). Raizales (562), como cultivos, y con palenqueros, la pantalla de mi computador dijo “sin coincidencias”. Las mismas palabras aparecieron al preguntar por racismo y conflicto racial, pese a que hay una alusión a estigmatización (12), tres a similitudes en la composición de los combatientes (57, 74, 197), otra a exclusión (130) y una más a las causas de la violencia que enumera Paul Oquist (197). Raza dio positivo con respecto a la obra de Manuel Quintín Lame y en una nota sobre el biopoder (130).
Con respecto a los movimientos afros contra el racismo y a favor tanto de la territorialidad ancestral como de la paz, sin coincidencias para el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral de Atrato (Cocomacia), las organizaciones quizás más reconocidas a nivel mundial. Sin coincidencias para la Ley 70 de 1993. El Convenio 169 de la OIT figura en relación con una consulta previa que realizó el pueblo Barí (589), mas no a propósito de la imprescriptibilidad, inembargabilidad e inalienabilidad de los territorios ancestrales de comunidades negras. A los consejos comunitarios los asocian con el expresidente Uribe, pero no con las entidades democráticas responsables de la salvaguardia de territorios colectivos, cuya ancestralidad legitimó la Ley 70 de 1993, dando lugar a lo que el historiador Óscar Almario cataloga como la reforma agraria pacífica más significativa en la América Latina de la segunda mitad del siglo XX.
La siguiente indagatoria fue por algunos de los escenarios del crimen que el historiador citado denomina “genocidio-etnocidio”, con móviles de limpieza racial. En el Chocó, sin coincidencias para Alto Baudó, Cacarica, Juradó y Truandó, aunque sí aparecen 130 ejecuciones fuera de combate y 13 desplazamientos masivos en Curvaradó y Jiguamindó (592), así como la masacre de Bojayá (477). En el Pacífico sur, Guapi, Timbiquí, López de Micay, La Tola, El Charco, Iscuandé, Magüí-Payán, y Barbacoas sin coincidencias, y a Tumaco y Buenaventura los incluyen a propósito de proyectos económicos (44, 171), pero no de esos crímenes contra la humanidad.
La siguiente ronda fue sobre las exigencias de reparación étnica, psicosocial y territorial que en 2004 formuló la Corte Constitucional. La sentencia T-025 se debió no sólo a los crímenes objeto de la síntesis anterior, sino a la indolencia estatal frente a ese horror. Como semejante impasibilidad continuaba en 2009, la misma Corte emitió el auto 005. “Sin coincidencias” volvió a aparecer a propósito de estos dos mojones jurídicos cuyo sustento consistió en testimonios de voceros de casi 4 millones de víctimas afrocolombianas. Ojalá ejercicios más detenidos, que además involucren la zona plana del norte del Cauca, el Afrocaribe continental y el archipiélago raizal, desmientan la conclusión de este recorrido inicial: la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, al silenciar a la gente negra, terminó por revictimizarla.