“El Estado que renuncia a la justicia no se distingue de una partida de bandidos”. San Agustín
Podría parecer un hecho aislado, pero basta fijarse en el modus operandi desplegado durante el allanamiento al despacho del alcalde de Santa Marta el sábado 6 de abril, para constatar que asistimos a la resurrección de las prácticas ilegales que imperaron mientras existió el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), célebre por las persecuciones a magistrados, periodistas y opositores al régimen de Álvaro Uribe Vélez.
Hoy se llama Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y su director, nombrado al día siguiente de la posesión de Iván Duque, es el vicealmirante (r) Rodolfo Amaya, quien se desempeñó como jefe de la Casa Militar entre 2002 y 2010, o sea que es un hombre de toda la confianza del que sabemos.
Pues bien, fue este organismo el que sin contar con orden de ningún juez o autoridad competente, actuando bajo órdenes del alcalde (e) Daniel Rugeles, se tomó la oficina de la Alcaldía samaria bajo una modalidad que bien puede calificarse como secuestro, pues el primer “procedimiento” que practicaron consistió en tapar los lentes de las cámaras de seguridad con trapos, como si se tratara de vulgares delincuentes necesitados de ocultar sus fechorías.
Daniel Rugeles era el secretario de Transparencia de la Presidencia y fue nombrado en Santa Marta de manera arbitraria (por no decir dictatorial) en reemplazo del alcalde elegido por voto popular, Rafael Martínez, a quien un juez le ordenó casa por cárcel debido a un proceso que se le sigue por presunta corrupción en la contratación de unas obras de remodelación de la red hospitalaria. ¿Por qué abusiva o dictatorial? Porque el movimiento político Fuerza Ciudadana, que le dio el aval a Martínez para ser elegido, envió una terna al presidente Duque para escoger al alcalde encargado, como ordena la ley, pero en Presidencia prefirieron saltarse la norma y nombrar a Rugeles.
Precisamente desde la Presidencia —o mejor, desde la Vicepresidencia— parece haberse gestado la ilegal toma, si advertimos que el operativo no fue comandado por un miembro de la DNI ni por nadie con uniforme de esa entidad, sino por Emiro José Castro Meza, quien es oriundo de Santa Marta pero viene de trabajar como contratista del alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, aliado indiscutible de la vice Marta Lucía Ramírez en Santander.
Pese a que se trató de un operativo abiertamente ilegal y en tal medida debería conducir al despido fulminante (por no decir al arresto) de los que aparecen en esta foto, el alcalde (e) Daniel Rugeles expidió un comunicado que, sin proponérselo, tiene todos los visos de ser una confesión de culpa. (Ver comunicado).
“Teniendo en cuenta las denuncias ciudadanas”, dice gaseoso, sin puntualizar a cuáles denuncias alude, “solicité a los organismos de inteligencia una revisión exhaustiva de mi despacho”. Revisión exhaustiva no es invadir cinco individuos vestidos de civil el despacho del alcalde, tapar con trapos las cámaras de seguridad, lanzar por la ventana un disco duro hacia un vehículo privado (constitutivo del delito de hurto) y llevar equipos de cómputo de otras oficinas al despacho principal para ser conectados a un dispositivo UFED que extrae información de discos duros, según documentada denuncia de Hoy, Diario del Magdalena.
Continúa el comunicado de Rugeles afirmando que “se ha solicitado el levantamiento de un acta con la presencia del personero municipal, que recoja el desarrollo de la jornada de investigación”. Un video de Noticias Uno muestra precisamente al personero golpeando la puerta del despacho y presentándose como tal para que lo dejen entrar, con resultado infructuoso, el día del allanamiento.
Noticias Uno también entrevistó al eminente jurista Ramiro Bejarano, quien conceptuó que “lo más grave es la actitud de director nacional de Inteligencia; un exalmirante de la República que conoce situaciones de orden público, ¿cómo es posible que se deje dar semejante orden, sustituya a la Fiscalía y empiece a levantar pruebas como a bien tenga? ¿A qué queda expuesto? A que le pidan que empiece a espiar, a utilizar la central de inteligencia como hicieron con el DAS, que tuvieron que desaparecerlo”.
Más adelante el alcalde (e) Daniel Rugeles advierte en tono amenazante que “mientras se realizaba la revisión, aparecieron en redes sociales imágenes al interior del despacho que exhibían dicho procedimiento. El origen de estas imágenes también será materia de investigación”. Vaya tontería, la investigación arrojará que las imágenes fueron tomadas de las cámaras de seguridad del despacho del alcalde antes de que fueran cegadas con pañuelos blancos.
Lo preocupante de todos modos no está ahí, sino en la alta dosis de cinismo que exhibe Rugeles cuando en el remate del comunicado anuncia que “como alcalde encargado de la ciudad ejerceré mis funciones con el acompañamiento de las autoridades, con total transparencia”.
¿Cuál transparencia, por Dios, puede haber en todas las arbitrariedades y atropellos aquí expuestos? Pensándolo bien, no es que algo huela mal en Santa Marta, sino que hiede.
DE REMATE: Al cierre de esta columna se supo que Emiro José Castro Meza canceló el pasado lunes 8 de abril un contrato que tenía con la Alcaldía de Floridablanca y al día siguiente —o sea ayer martes— fue nombrado secretario general del alcalde (e) de Santa Marta. (Ver noticia). O sea que el día que dirigió el allanamiento no lo unía ningún vínculo con la Dirección de Inteligencia ni con la Alcaldía de Santa Marta, y el precipitado nombramiento de ayer obedecería a la necesidad de darle apariencia de legalidad a la toma del despacho.
Habría que ver además cómo se compagina lo anterior con el hecho de que su progenitora, Fanny Castro Meza, el 1° de marzo fue nombrada directora territorial para el Magdalena del Ministerio de Transporte. Ambos, madre e hijo, eran hasta hace unos días fichas claves de Marta Lucía Ramírez en Floridablanca. Ahora ella hace enroque y los traslada a Santa Marta, donde tiene de alcalde encargado a otro de los suyos. Sumado a que el viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos, hombre de confianza de la vice, ya casi no sale de la capital samaria. Marta se está tomando a Santa Marta, mejor dicho.
En Twitter: @Jorgomezpinilla1
http://jorgegomezpinilla.
“El Estado que renuncia a la justicia no se distingue de una partida de bandidos”. San Agustín
Podría parecer un hecho aislado, pero basta fijarse en el modus operandi desplegado durante el allanamiento al despacho del alcalde de Santa Marta el sábado 6 de abril, para constatar que asistimos a la resurrección de las prácticas ilegales que imperaron mientras existió el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), célebre por las persecuciones a magistrados, periodistas y opositores al régimen de Álvaro Uribe Vélez.
Hoy se llama Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y su director, nombrado al día siguiente de la posesión de Iván Duque, es el vicealmirante (r) Rodolfo Amaya, quien se desempeñó como jefe de la Casa Militar entre 2002 y 2010, o sea que es un hombre de toda la confianza del que sabemos.
Pues bien, fue este organismo el que sin contar con orden de ningún juez o autoridad competente, actuando bajo órdenes del alcalde (e) Daniel Rugeles, se tomó la oficina de la Alcaldía samaria bajo una modalidad que bien puede calificarse como secuestro, pues el primer “procedimiento” que practicaron consistió en tapar los lentes de las cámaras de seguridad con trapos, como si se tratara de vulgares delincuentes necesitados de ocultar sus fechorías.
Daniel Rugeles era el secretario de Transparencia de la Presidencia y fue nombrado en Santa Marta de manera arbitraria (por no decir dictatorial) en reemplazo del alcalde elegido por voto popular, Rafael Martínez, a quien un juez le ordenó casa por cárcel debido a un proceso que se le sigue por presunta corrupción en la contratación de unas obras de remodelación de la red hospitalaria. ¿Por qué abusiva o dictatorial? Porque el movimiento político Fuerza Ciudadana, que le dio el aval a Martínez para ser elegido, envió una terna al presidente Duque para escoger al alcalde encargado, como ordena la ley, pero en Presidencia prefirieron saltarse la norma y nombrar a Rugeles.
Precisamente desde la Presidencia —o mejor, desde la Vicepresidencia— parece haberse gestado la ilegal toma, si advertimos que el operativo no fue comandado por un miembro de la DNI ni por nadie con uniforme de esa entidad, sino por Emiro José Castro Meza, quien es oriundo de Santa Marta pero viene de trabajar como contratista del alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, aliado indiscutible de la vice Marta Lucía Ramírez en Santander.
Pese a que se trató de un operativo abiertamente ilegal y en tal medida debería conducir al despido fulminante (por no decir al arresto) de los que aparecen en esta foto, el alcalde (e) Daniel Rugeles expidió un comunicado que, sin proponérselo, tiene todos los visos de ser una confesión de culpa. (Ver comunicado).
“Teniendo en cuenta las denuncias ciudadanas”, dice gaseoso, sin puntualizar a cuáles denuncias alude, “solicité a los organismos de inteligencia una revisión exhaustiva de mi despacho”. Revisión exhaustiva no es invadir cinco individuos vestidos de civil el despacho del alcalde, tapar con trapos las cámaras de seguridad, lanzar por la ventana un disco duro hacia un vehículo privado (constitutivo del delito de hurto) y llevar equipos de cómputo de otras oficinas al despacho principal para ser conectados a un dispositivo UFED que extrae información de discos duros, según documentada denuncia de Hoy, Diario del Magdalena.
Continúa el comunicado de Rugeles afirmando que “se ha solicitado el levantamiento de un acta con la presencia del personero municipal, que recoja el desarrollo de la jornada de investigación”. Un video de Noticias Uno muestra precisamente al personero golpeando la puerta del despacho y presentándose como tal para que lo dejen entrar, con resultado infructuoso, el día del allanamiento.
Noticias Uno también entrevistó al eminente jurista Ramiro Bejarano, quien conceptuó que “lo más grave es la actitud de director nacional de Inteligencia; un exalmirante de la República que conoce situaciones de orden público, ¿cómo es posible que se deje dar semejante orden, sustituya a la Fiscalía y empiece a levantar pruebas como a bien tenga? ¿A qué queda expuesto? A que le pidan que empiece a espiar, a utilizar la central de inteligencia como hicieron con el DAS, que tuvieron que desaparecerlo”.
Más adelante el alcalde (e) Daniel Rugeles advierte en tono amenazante que “mientras se realizaba la revisión, aparecieron en redes sociales imágenes al interior del despacho que exhibían dicho procedimiento. El origen de estas imágenes también será materia de investigación”. Vaya tontería, la investigación arrojará que las imágenes fueron tomadas de las cámaras de seguridad del despacho del alcalde antes de que fueran cegadas con pañuelos blancos.
Lo preocupante de todos modos no está ahí, sino en la alta dosis de cinismo que exhibe Rugeles cuando en el remate del comunicado anuncia que “como alcalde encargado de la ciudad ejerceré mis funciones con el acompañamiento de las autoridades, con total transparencia”.
¿Cuál transparencia, por Dios, puede haber en todas las arbitrariedades y atropellos aquí expuestos? Pensándolo bien, no es que algo huela mal en Santa Marta, sino que hiede.
DE REMATE: Al cierre de esta columna se supo que Emiro José Castro Meza canceló el pasado lunes 8 de abril un contrato que tenía con la Alcaldía de Floridablanca y al día siguiente —o sea ayer martes— fue nombrado secretario general del alcalde (e) de Santa Marta. (Ver noticia). O sea que el día que dirigió el allanamiento no lo unía ningún vínculo con la Dirección de Inteligencia ni con la Alcaldía de Santa Marta, y el precipitado nombramiento de ayer obedecería a la necesidad de darle apariencia de legalidad a la toma del despacho.
Habría que ver además cómo se compagina lo anterior con el hecho de que su progenitora, Fanny Castro Meza, el 1° de marzo fue nombrada directora territorial para el Magdalena del Ministerio de Transporte. Ambos, madre e hijo, eran hasta hace unos días fichas claves de Marta Lucía Ramírez en Floridablanca. Ahora ella hace enroque y los traslada a Santa Marta, donde tiene de alcalde encargado a otro de los suyos. Sumado a que el viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos, hombre de confianza de la vice, ya casi no sale de la capital samaria. Marta se está tomando a Santa Marta, mejor dicho.
En Twitter: @Jorgomezpinilla1
http://jorgegomezpinilla.