El pasado domingo 12 de enero fue la segunda ocasión en la que un artículo de prensa puso al país a devanarse los sesos en torno a quién pudo ser el “beneficiario” de una violación. Primero fue una violación física, o estupro que llaman. Ahora se trata de una violación a la vida privada de un grupo de personas, mediante lo que coloquialmente se ha conocido como “chuzadas”.
El primer caso alude a cuando la periodista Claudia Morales denunció, en columna titulada “Una defensa del silencio”, haber sido violada años atrás en la habitación de un hotel por alguien que fue su jefe, a quien solo identificó como “Él” y lo describió como “un hombre relevante en la vida nacional. Ahora lo sigue siendo y hay otras evidencias que amplían su margen de peligrosidad”. (Ver columna).
El segundo caso hace referencia a la denuncia de Semana (“Chuzadas sin cuartel”), cuya lectura pone los pelos de punta al enterarnos de que desde la mismísima comandancia del Ejército se venía adelantando una poderosa campaña de espionaje a magistrados, periodistas y opositores al gobierno del subpresidente Duque, en clara reedición de las chuzadas que se presentaron durante el régimen de la Seguridad Democrática que de 2002 a 2010 presidió el sátrapa Álvaro Uribe Vélez.
Puesto que estamos hablando de “Él”, la intriga surge cuando leemos que, según uno de los militares que denunciaron las maniobras ilegales dentro del Ejército, “nos dieron la orden de continuar el monitoreo, los seguimientos y (…) nos ordenaron entregar esa información directamente a un reconocido político del Centro Democrático”.
Si nos pusiéramos de detectives, la “trazabilidad” daría para pensar que en ambos casos se trata del mismo “violador”. Ahora bien, sin que haga falta revivir los sinsabores que la colega periodista depositó en los anaqueles del silencio, resulta muy fácil identificar el político al cual se refirió Semana (blanco es, gallina lo pone…), haciendo claridad en que la revista sabe de quién se trata pero se abstuvo revelar su nombre. ¿Y por qué no lo revela? Quizá porque, desde que los Gilinski compraron la mitad de la revista, esta dio un radical viraje hacia el uribismo y prefieren no mencionar Watergate en casa de Nixon…
Es obvio que el más “reconocido político del Centro Democrático” receptor de la información sobre las chuzadas tendría que ser Álvaro Uribe, pero Noticias Uno en su última emisión habla de uno sus subalternos, el abogado Rafael Nieto Loaiza, miembro activo de ese partido. Esta información es en todo caso irrelevante, pues se trata apenas de un alfil, alguien que goza de la confianza del que sabemos para hacerle llegar el resultado de las pesquisas con la discreción requerida. Igual pudo haber sido Paloma Valencia, Alfredo Rangel o Samuel Hoyos, son simples peones de brega.
Lo verdaderamente preocupante es que tanto el presidente de la República como el ministro de Defensa hayan querido restarle trascendencia al asunto, uno hablando de “manzanas podridas” y el otro declarando que “los responsables deberán responder de manera individual ante la justicia”.
Señores Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo, no le mientan al país: no se trata de manzanas podridas ni de responsabilidades individuales, a otro perro con ese hueso. La verdad monda y lironda es que se adelantó un sofisticado operativo de espionaje que involucró un nivel de coordinación institucional desde la comandancia del Ejército y comprendía unidades de dos batallones, el de ciberinteligencia (Bacib) y el de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi), ambos dependientes del Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (Caimi) y del Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (Cacim).
Digámoslo sin ambages, esto solo es posible en regímenes dictatoriales. Las irresponsables declaraciones de Duque y Trujillo darían para pensar entonces que ellos también son peones de brega, puestos ahí por el senador Álvaro Uribe para propiciar la impunidad de los generales y coroneles activos del Ejército que se prestaron como secuaces para secundarlo en lo que a todas luces pinta como un “concierto institucional para delinquir”.
Carlos Holmes Trujillo afirmó en rueda de prensa —rodeado de la cúpula militar— que “el país quiere conocer la verdad”, pero a renglón seguido volvió a mentir cuando dijo lo mismo que el día anterior había dicho el subpresidente Duque: que el general Nicacio Martínez salió de la comandancia del Ejército “por las razones familiares que adujo”.
Como explicó La Silla Vacía, la salida de Martínez se dio diez días después de que “una comisión de la Corte Suprema y casi un centenar de policías judiciales adscritos a la Procuraduría allanaron las instalaciones del batallón de ciberinteligencia en Facatativá, en busca de evidencia sobre las chuzadas (…). También semanas antes del discurso del presidente, el ministro de Defensa ya había sido informado de que la revista estaba investigando un escándalo de chuzadas en el Ejército”. (Ver artículo). En otras palabras, el general Martínez fue retirado porque su permanencia se hizo insostenible.
Si desde la misma cúpula del otrora glorioso Ejército Nacional se adelantan acciones ilegales y tanto el presidente de la República como su ministro de Defensa tratan de proteger con su vacua retórica a los culpables, significa que Colombia está durmiendo con el enemigo. En tal medida, el jurista Ramiro Bejarano da en el clavo cuando en trino reciente afirma que “la gigantesca operación de espionaje orquestada desde los cuarteles, con talante e intereses uribistas, evidencia que @ivanduque no es el hombre para conducir los destinos de la nación. Es la hora de empezar a contemplar su renuncia, así el remedio resulte peor que la enfermedad”. (Ver trino).
DE REMATE. Para acabar de enredar la pita, ¿qué tranquilidad le puede brindar al país que el nuevo comandante del Ejército sea un general sobre el que recaen serias sospechas, siendo capitán, de haber tenido que ver con la desaparición del papá del futbolista Juan Fernando Quintero…?
En Instagram y Twitter: @Jorgomezpinilla
http://jorgegomezpinilla.blogspot.com/
El pasado domingo 12 de enero fue la segunda ocasión en la que un artículo de prensa puso al país a devanarse los sesos en torno a quién pudo ser el “beneficiario” de una violación. Primero fue una violación física, o estupro que llaman. Ahora se trata de una violación a la vida privada de un grupo de personas, mediante lo que coloquialmente se ha conocido como “chuzadas”.
El primer caso alude a cuando la periodista Claudia Morales denunció, en columna titulada “Una defensa del silencio”, haber sido violada años atrás en la habitación de un hotel por alguien que fue su jefe, a quien solo identificó como “Él” y lo describió como “un hombre relevante en la vida nacional. Ahora lo sigue siendo y hay otras evidencias que amplían su margen de peligrosidad”. (Ver columna).
El segundo caso hace referencia a la denuncia de Semana (“Chuzadas sin cuartel”), cuya lectura pone los pelos de punta al enterarnos de que desde la mismísima comandancia del Ejército se venía adelantando una poderosa campaña de espionaje a magistrados, periodistas y opositores al gobierno del subpresidente Duque, en clara reedición de las chuzadas que se presentaron durante el régimen de la Seguridad Democrática que de 2002 a 2010 presidió el sátrapa Álvaro Uribe Vélez.
Puesto que estamos hablando de “Él”, la intriga surge cuando leemos que, según uno de los militares que denunciaron las maniobras ilegales dentro del Ejército, “nos dieron la orden de continuar el monitoreo, los seguimientos y (…) nos ordenaron entregar esa información directamente a un reconocido político del Centro Democrático”.
Si nos pusiéramos de detectives, la “trazabilidad” daría para pensar que en ambos casos se trata del mismo “violador”. Ahora bien, sin que haga falta revivir los sinsabores que la colega periodista depositó en los anaqueles del silencio, resulta muy fácil identificar el político al cual se refirió Semana (blanco es, gallina lo pone…), haciendo claridad en que la revista sabe de quién se trata pero se abstuvo revelar su nombre. ¿Y por qué no lo revela? Quizá porque, desde que los Gilinski compraron la mitad de la revista, esta dio un radical viraje hacia el uribismo y prefieren no mencionar Watergate en casa de Nixon…
Es obvio que el más “reconocido político del Centro Democrático” receptor de la información sobre las chuzadas tendría que ser Álvaro Uribe, pero Noticias Uno en su última emisión habla de uno sus subalternos, el abogado Rafael Nieto Loaiza, miembro activo de ese partido. Esta información es en todo caso irrelevante, pues se trata apenas de un alfil, alguien que goza de la confianza del que sabemos para hacerle llegar el resultado de las pesquisas con la discreción requerida. Igual pudo haber sido Paloma Valencia, Alfredo Rangel o Samuel Hoyos, son simples peones de brega.
Lo verdaderamente preocupante es que tanto el presidente de la República como el ministro de Defensa hayan querido restarle trascendencia al asunto, uno hablando de “manzanas podridas” y el otro declarando que “los responsables deberán responder de manera individual ante la justicia”.
Señores Iván Duque y Carlos Holmes Trujillo, no le mientan al país: no se trata de manzanas podridas ni de responsabilidades individuales, a otro perro con ese hueso. La verdad monda y lironda es que se adelantó un sofisticado operativo de espionaje que involucró un nivel de coordinación institucional desde la comandancia del Ejército y comprendía unidades de dos batallones, el de ciberinteligencia (Bacib) y el de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi), ambos dependientes del Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (Caimi) y del Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (Cacim).
Digámoslo sin ambages, esto solo es posible en regímenes dictatoriales. Las irresponsables declaraciones de Duque y Trujillo darían para pensar entonces que ellos también son peones de brega, puestos ahí por el senador Álvaro Uribe para propiciar la impunidad de los generales y coroneles activos del Ejército que se prestaron como secuaces para secundarlo en lo que a todas luces pinta como un “concierto institucional para delinquir”.
Carlos Holmes Trujillo afirmó en rueda de prensa —rodeado de la cúpula militar— que “el país quiere conocer la verdad”, pero a renglón seguido volvió a mentir cuando dijo lo mismo que el día anterior había dicho el subpresidente Duque: que el general Nicacio Martínez salió de la comandancia del Ejército “por las razones familiares que adujo”.
Como explicó La Silla Vacía, la salida de Martínez se dio diez días después de que “una comisión de la Corte Suprema y casi un centenar de policías judiciales adscritos a la Procuraduría allanaron las instalaciones del batallón de ciberinteligencia en Facatativá, en busca de evidencia sobre las chuzadas (…). También semanas antes del discurso del presidente, el ministro de Defensa ya había sido informado de que la revista estaba investigando un escándalo de chuzadas en el Ejército”. (Ver artículo). En otras palabras, el general Martínez fue retirado porque su permanencia se hizo insostenible.
Si desde la misma cúpula del otrora glorioso Ejército Nacional se adelantan acciones ilegales y tanto el presidente de la República como su ministro de Defensa tratan de proteger con su vacua retórica a los culpables, significa que Colombia está durmiendo con el enemigo. En tal medida, el jurista Ramiro Bejarano da en el clavo cuando en trino reciente afirma que “la gigantesca operación de espionaje orquestada desde los cuarteles, con talante e intereses uribistas, evidencia que @ivanduque no es el hombre para conducir los destinos de la nación. Es la hora de empezar a contemplar su renuncia, así el remedio resulte peor que la enfermedad”. (Ver trino).
DE REMATE. Para acabar de enredar la pita, ¿qué tranquilidad le puede brindar al país que el nuevo comandante del Ejército sea un general sobre el que recaen serias sospechas, siendo capitán, de haber tenido que ver con la desaparición del papá del futbolista Juan Fernando Quintero…?
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