Tiene razón la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en que constituye una “tragedia familiar” descubrir que un hermano estuvo involucrado en turbios negocios de narcotráfico. Lo digo con conocimiento de causa, lo mismo ocurrió en mi familia y, vaya coincidencia, también hace 23 años.
Cuando le ocurrió a doña Marta, era presidente ejecutiva de Invercolsa. Por tratarse del sector “privado” era permisible que, como su nombre lo indica, quedara como algo de la vida privada, en aras de preservar el buen nombre. Además, todo indica que les informó a Andrés Pastrana y a Álvaro Uribe sobre lo ocurrido con su hermano cuando estos le ofrecieron sendos ministerios. Sea como fuere, coincido con María Jimena Duzán en que “tener un hermano narco no es delito”, pero (…) “ser socio de uno –como lo denunció un informe de InSight Crime– sí es un tema que tiene a la vicepresidenta enredada”. (Ver columna).
En mi caso personal, cuando ocurrió la captura del hermano me desempeñaba como director de Comunicaciones de Unicentro en Bogotá. La primera reacción entre mis siete hermanos -incluido el suscrito y excluido el “narco”- fue de inmensa preocupación, por las desastrosas consecuencias que traería si el hecho trascendiera al entorno social o laboral de cualquiera de los integrantes de nuestra numerosa familia.
Médico de profesión, Francisco Javier fue puesto preso en su propio consultorio de Chapinero y conducido a la Cárcel Modelo de Bogotá. La información que obtuvimos daba a entender que actuaba como profesional de la salud acompañando -o asistiendo- a unas mujeres ‘mulas’ en la ingestión de unas cápsulas con cocaína.
Su captura fue un hecho estremecedor, por supuesto, no solo porque un miembro de la familia hubiera podido ‘torcerse’ hasta ese punto, sino por las implicaciones que trajo: de un día para otro aparece el temor (terror) a que la noticia se difunda, con el manto de dudas que puede sembrar. Y está además el modo en que trastoca la vida, comenzando por las inhumanas y prolongadas filas a la entrada de la prisión para visitar al hermano reo, ver la angustia en su mirada y escucharle la retahíla de sus explicaciones atropelladas.
Francisco pagó su pena y fue posible que el asunto permaneciera callado durante dos décadas, hasta que reventó en una dura confrontación que sostuve por Twitter con un sujeto que cayó aún más bajo que mi hermano: Ernesto Yamhure, un personajillo de corte rufianesco a quien denuncié cuando se supo que sus columnas eran revisadas por el máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, uno de los peores asesinos que ha habido en Colombia, solo comparable con Pablo Escobar. Castaño le ordenaba qué quitar o qué agregar. (Ver noticia).
Alguien le llegó a Yamhure con el dato del hermano mío preso por coca, y apenas supo que era médico lo dibujó rajando estómagos de mujeres tomadas a la fuerza para introducirles el alijo y despacharlas luego a alguna ciudad norteamericana para que las volvieran a rajar y les sacaran la droga. Algo delirante.
Volviendo al presente, es llamativa la coincidencia en el modus operandi de ambos hermanos, el de Marta Lucía y el mío, pues uno y otro suministraban la droga a las ‘mulas’ para que la ingirieran y la transportaran a EE.UU. Con una diferencia básica, mi pariente era cómplice (contratado para una tarea de vigilancia médica), mientras que Bernardo Ramírez era el determinador, el financista el “empresario”. Sin embargo, las consecuencias se asoman disparejas: a la vice salió a defenderla el uribismo en masa y, vaya paradoja, esos mismos son los que me atacan… por el mismo pecado.
Traigo esto a colación porque los ataques de Yamhure se habían silenciado, y arreciaron cuando publiqué el libro Los secretos del asesinato de Álvaro Gómez. Desde ese día se despachó con una andanada de trinos difamatorios, como este: “que Jorge Gómez Pinilla tenga un hermano mafioso, no es problema. Lo grave es que él ha tenido negocios con su hermano mafioso”.
Difamatorios porque me acusa de tener el mismo grado de culpa de mi hermano, y entendiendo difamatorio como lo que “injuria, desacredita, calumnia, denigra, ultraja, infama o deshonra a alguien con la intención de dañar su prestigio”, según el diccionario de la RAE.
Que yo tuve negocios con un hermano mafioso es algo que deberá probar ante una Corte americana, porque hasta allá haré llegar mi reclamo en busca de reparación legal, allá a donde huyó para no responder ante la justicia no solo por sus relaciones criminales con las AUC, sino por otros dos procesos que se le adelantan y que continúan activos, uno por enriquecimiento ilícito y otro por concierto para delinquir.
Es bien llamativo que frente a lo ocurrido con el hermano de la vicepresidente haya tratado de minimizar su culpa, alegando que “el hermano de Clinton tuvo una condena por asuntos de drogas” (en realidad fue por consumo), o que “el hermano del hoy senador de la oposición Iván Marulanda estuvo preso más de 30 años en Estados Unidos por narcotráfico”.
Yamhure cree que enlodando a todo el mundo salva la reputación de su correligionaria política. A esto se le conoce como agarrarse de un clavo ardiendo, máxime cuando ya había tratado de trapear el piso con mi prestigio por lo del hermano narco. Pero esta vez le salió el tiro por la culata, porque usó pólvora mojada.
Tengo la plena confianza en que un día no lejano ese sujeto sub judice comenzará a pagar por sus delitos, aquí y en el país al que ingresó mintiéndole a Inmigración, cuando en la página 6 del formulario I-589 debió responder sobre una eventual pertenencia suya a grupos paramilitares.
Donald Trump no le va a durar toda la vida.
En Twitter: @Jorgomezpinilla
Tiene razón la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en que constituye una “tragedia familiar” descubrir que un hermano estuvo involucrado en turbios negocios de narcotráfico. Lo digo con conocimiento de causa, lo mismo ocurrió en mi familia y, vaya coincidencia, también hace 23 años.
Cuando le ocurrió a doña Marta, era presidente ejecutiva de Invercolsa. Por tratarse del sector “privado” era permisible que, como su nombre lo indica, quedara como algo de la vida privada, en aras de preservar el buen nombre. Además, todo indica que les informó a Andrés Pastrana y a Álvaro Uribe sobre lo ocurrido con su hermano cuando estos le ofrecieron sendos ministerios. Sea como fuere, coincido con María Jimena Duzán en que “tener un hermano narco no es delito”, pero (…) “ser socio de uno –como lo denunció un informe de InSight Crime– sí es un tema que tiene a la vicepresidenta enredada”. (Ver columna).
En mi caso personal, cuando ocurrió la captura del hermano me desempeñaba como director de Comunicaciones de Unicentro en Bogotá. La primera reacción entre mis siete hermanos -incluido el suscrito y excluido el “narco”- fue de inmensa preocupación, por las desastrosas consecuencias que traería si el hecho trascendiera al entorno social o laboral de cualquiera de los integrantes de nuestra numerosa familia.
Médico de profesión, Francisco Javier fue puesto preso en su propio consultorio de Chapinero y conducido a la Cárcel Modelo de Bogotá. La información que obtuvimos daba a entender que actuaba como profesional de la salud acompañando -o asistiendo- a unas mujeres ‘mulas’ en la ingestión de unas cápsulas con cocaína.
Su captura fue un hecho estremecedor, por supuesto, no solo porque un miembro de la familia hubiera podido ‘torcerse’ hasta ese punto, sino por las implicaciones que trajo: de un día para otro aparece el temor (terror) a que la noticia se difunda, con el manto de dudas que puede sembrar. Y está además el modo en que trastoca la vida, comenzando por las inhumanas y prolongadas filas a la entrada de la prisión para visitar al hermano reo, ver la angustia en su mirada y escucharle la retahíla de sus explicaciones atropelladas.
Francisco pagó su pena y fue posible que el asunto permaneciera callado durante dos décadas, hasta que reventó en una dura confrontación que sostuve por Twitter con un sujeto que cayó aún más bajo que mi hermano: Ernesto Yamhure, un personajillo de corte rufianesco a quien denuncié cuando se supo que sus columnas eran revisadas por el máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, uno de los peores asesinos que ha habido en Colombia, solo comparable con Pablo Escobar. Castaño le ordenaba qué quitar o qué agregar. (Ver noticia).
Alguien le llegó a Yamhure con el dato del hermano mío preso por coca, y apenas supo que era médico lo dibujó rajando estómagos de mujeres tomadas a la fuerza para introducirles el alijo y despacharlas luego a alguna ciudad norteamericana para que las volvieran a rajar y les sacaran la droga. Algo delirante.
Volviendo al presente, es llamativa la coincidencia en el modus operandi de ambos hermanos, el de Marta Lucía y el mío, pues uno y otro suministraban la droga a las ‘mulas’ para que la ingirieran y la transportaran a EE.UU. Con una diferencia básica, mi pariente era cómplice (contratado para una tarea de vigilancia médica), mientras que Bernardo Ramírez era el determinador, el financista el “empresario”. Sin embargo, las consecuencias se asoman disparejas: a la vice salió a defenderla el uribismo en masa y, vaya paradoja, esos mismos son los que me atacan… por el mismo pecado.
Traigo esto a colación porque los ataques de Yamhure se habían silenciado, y arreciaron cuando publiqué el libro Los secretos del asesinato de Álvaro Gómez. Desde ese día se despachó con una andanada de trinos difamatorios, como este: “que Jorge Gómez Pinilla tenga un hermano mafioso, no es problema. Lo grave es que él ha tenido negocios con su hermano mafioso”.
Difamatorios porque me acusa de tener el mismo grado de culpa de mi hermano, y entendiendo difamatorio como lo que “injuria, desacredita, calumnia, denigra, ultraja, infama o deshonra a alguien con la intención de dañar su prestigio”, según el diccionario de la RAE.
Que yo tuve negocios con un hermano mafioso es algo que deberá probar ante una Corte americana, porque hasta allá haré llegar mi reclamo en busca de reparación legal, allá a donde huyó para no responder ante la justicia no solo por sus relaciones criminales con las AUC, sino por otros dos procesos que se le adelantan y que continúan activos, uno por enriquecimiento ilícito y otro por concierto para delinquir.
Es bien llamativo que frente a lo ocurrido con el hermano de la vicepresidente haya tratado de minimizar su culpa, alegando que “el hermano de Clinton tuvo una condena por asuntos de drogas” (en realidad fue por consumo), o que “el hermano del hoy senador de la oposición Iván Marulanda estuvo preso más de 30 años en Estados Unidos por narcotráfico”.
Yamhure cree que enlodando a todo el mundo salva la reputación de su correligionaria política. A esto se le conoce como agarrarse de un clavo ardiendo, máxime cuando ya había tratado de trapear el piso con mi prestigio por lo del hermano narco. Pero esta vez le salió el tiro por la culata, porque usó pólvora mojada.
Tengo la plena confianza en que un día no lejano ese sujeto sub judice comenzará a pagar por sus delitos, aquí y en el país al que ingresó mintiéndole a Inmigración, cuando en la página 6 del formulario I-589 debió responder sobre una eventual pertenencia suya a grupos paramilitares.
Donald Trump no le va a durar toda la vida.
En Twitter: @Jorgomezpinilla