Persecución según Wikipedia es “el conjunto de acciones represivas o maltrato realizadas por un individuo o por un grupo específico sobre otro grupo o sobre un individuo, del cual se diferencia por la manera de pensar o por características físicas, religiosas, culturales, políticas, étnicas u otras”.
La definición se aplica al dedillo al gobierno de Iván Duque y los ejemplos abundan. En lo étnico o racial, el precedente salta a la vista: la senadora Paloma Valencia propuso al comienzo de este gobierno miserable dividir al Cauca en dos, uno para los mestizos que como ella creen pertenecer a una raza superior, otro para los indígenas y negritudes que desprecia como si fueran seres inferiores, “para que hagan sus paros, sus manifestaciones y sus invasiones”. (Ver noticia).
Pero ya ni eso pueden hacer los indígenas del Cauca, porque nunca antes como en este gobierno habían sido sometidos a una persecución tan implacable, con masacres casi diarias y el asesinato selectivo de sus líderes. Hoy el Cauca es el departamento más azotado por una violencia en parte desatada por facciones entre bandos ilegales, en parte por fuerzas oscuras. ¿Simple coincidencia, doña Paloma?
En la Fiscalía General también tomaron con honores el curso los artífices de diversas modalidades de persecución. Por ejemplo, contra los policías Fabián Tocarruncho y Miguel Velásquez que en cumplimiento de su deber grabaron las conversaciones telefónicas que sostuvo José el ‘Ñeñe’ Hernández con miembros del Centro Democrático -y otros- para coordinar “por debajo de la mesa” la compra de votos. La Fiscalía les dictó orden de detención y, según el abogado Miguel Ángel del Río, quien asumió su defensa, “el proceso contra ellos tiene un propósito político, el de desprestigiar el trabajo riguroso que se hizo y contaminar la prueba original del Ñeñe en cuanto a su participación en la campaña electoral del presidente”. (Ver entrevista al abogado).
En la modalidad de persecución política brilla con luz propia la Procuraduría General, también en forma selectiva. Por un lado, la hoy procuradora y ayer ministra de Justicia del gobierno actual, Margarita Cabello, adelanta 154 acciones disciplinarias por hechos relacionados con las jornadas de protesta. En esas cuentas aparecen tres congresistas (dos senadores y una representante a la Cámara), el gobernador del Magdalena Carlos Caicedo y varios alcaldes -entre ellos Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta-, concejales de varias zonas del país y diferentes candidatos, como Miguel Samper de Alianza Verde al Senado, con un elemento en común: en inmensa mayoría son contrarios al gobierno.
En el caso de Samper Strouss, quien fue el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) hasta 2018, le abrieron pliego de cargos por supuestas irregularidades que se habrían cometido… en 2019. Un año después de su salida. ¿Y quién le formuló el pliego de cargos? Ricardo Mosquera Robín, excoordinador político de la campaña presidencial de Alejandro Ordóñez. (Ver noticia).
En referencia a las jornadas de protesta, para la Historia Nacional de la Infamia debe quedar que el trato que han recibido los miles de jóvenes que salieron a las calles a protestar no solo ha sido criminal (muertes, desapariciones, desmembramientos, violaciones, pérdida de ojos), sino también de persecución jurídica por parte del Estado que debía protegerlos: muchos de sus líderes de Primera Línea han sido arrestados bajo la acusación de terrorismo y daño en propiedad ajena.
Hay además personas sobre las cuales parece haberse desatado una persecución que ya adquiere categoría de saña o sevicia, como es el caso de Piedad Córdoba. Leí el libro del periodista Gerardo Reyes sobre Alex Saab, donde habla de su cercanía con el “testaferro” de Nicolás Maduro, frente a lo cual dará su testimonio y hará ante la Corte Suprema de Justicia los descargos del caso.
Ahora bien, me niego a creer que su hermano Álvaro esté vinculado a negocios de narcotráfico en asocio con las disidencias de las Farc que comanda alias ‘Gentil Duarte’, como supuesto coordinador logístico para el abastecimiento de drogas. (Ver noticia). Tiene razón Piedad cuando pregunta: “¿por qué si mi hermano fue capturado desde el día de ayer se le mantuvo retenido y aislado hasta el día de hoy, por qué se guardó secreto sobre su retención?”. (Ver trino). De otro lado, la directora de Noticias Uno, Cecilia Orozco, pone el dedo en la llaga con este trino: “Qué miedo una @FiscaliaCol al servicio de la política electoral y de las venganzas si llegare a comprobarse que recibe, de buen grado, confesiones falsas contra quienes la atacan y que tramita extradiciones de ciudadanos de oposición. Que nos muestre sus soportes judiciales”. (Ver trino).
Si ha habido en Colombia una mujer sometida a la más feroz persecución por parte del inquisidor Alejandro Ordóñez, del sátrapa Álvaro Uribe y de la derecha en general, es Piedad Córdoba.
En relación con su hermano Álvaro, produce estupor saber que el Departamento de Estado no está obligado a presentarle pruebas a la Corte Suprema de Colombia para que autorice la extradición del indiciado, ni esta las habrá de requerir, en sujeción al tratado vigente entre ambos países. Según el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía, “es una orden de captura proveniente de un juez de Estados Unidos, el proceso judicial está en otro país, lo que hacemos las autoridades colombianas es ubicar, capturar y poner a disposición para que confronten el proceso en EE. UU.”.
Aquí entre nos, es perfectamente previsible que desde la Fiscalía -hoy al servicio del uribismo- hayan salido las “pruebas” o el montaje que tiene Álvaro Córdoba viviendo un drama familiar tan delicado, a mi modo de ver injusto, pues parece inscribirse dentro del poderoso aparataje de persecución que ha montado este régimen neofascista contra todo lo que le huele a oposición.
Conozco a Álvaro Córdoba Ruiz. En respuesta a un mensaje de WhatsApp que como periodista le envié el domingo 6 de febrero para indagar sobre su situación, sorpresivamente contestó y contó en un audio que “estoy tranquilo, porque no tengo ninguna vinculación con narcotráfico ni con nada de lo que me quieren sindicar. Me toca esperar a que el proceso se desarrolle en la corte de Nueva York para desmontar toda la mierda que han montado a punta de conversaciones de celular. Lo que buscan es ver cómo vinculan a Piedad con problemas de narcotráfico, para hacerle daño a ella y a la lista del Pacto Histórico”.
Le creo.
¿Cualquier parecido con el montaje que urdió la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez contra alias ‘Jesús Santrich’ en asocio con la DEA -y que lo empujó a regresar al monte- será pura coincidencia? Amanecerá y veremos, como dijo el ciego.
Persecución según Wikipedia es “el conjunto de acciones represivas o maltrato realizadas por un individuo o por un grupo específico sobre otro grupo o sobre un individuo, del cual se diferencia por la manera de pensar o por características físicas, religiosas, culturales, políticas, étnicas u otras”.
La definición se aplica al dedillo al gobierno de Iván Duque y los ejemplos abundan. En lo étnico o racial, el precedente salta a la vista: la senadora Paloma Valencia propuso al comienzo de este gobierno miserable dividir al Cauca en dos, uno para los mestizos que como ella creen pertenecer a una raza superior, otro para los indígenas y negritudes que desprecia como si fueran seres inferiores, “para que hagan sus paros, sus manifestaciones y sus invasiones”. (Ver noticia).
Pero ya ni eso pueden hacer los indígenas del Cauca, porque nunca antes como en este gobierno habían sido sometidos a una persecución tan implacable, con masacres casi diarias y el asesinato selectivo de sus líderes. Hoy el Cauca es el departamento más azotado por una violencia en parte desatada por facciones entre bandos ilegales, en parte por fuerzas oscuras. ¿Simple coincidencia, doña Paloma?
En la Fiscalía General también tomaron con honores el curso los artífices de diversas modalidades de persecución. Por ejemplo, contra los policías Fabián Tocarruncho y Miguel Velásquez que en cumplimiento de su deber grabaron las conversaciones telefónicas que sostuvo José el ‘Ñeñe’ Hernández con miembros del Centro Democrático -y otros- para coordinar “por debajo de la mesa” la compra de votos. La Fiscalía les dictó orden de detención y, según el abogado Miguel Ángel del Río, quien asumió su defensa, “el proceso contra ellos tiene un propósito político, el de desprestigiar el trabajo riguroso que se hizo y contaminar la prueba original del Ñeñe en cuanto a su participación en la campaña electoral del presidente”. (Ver entrevista al abogado).
En la modalidad de persecución política brilla con luz propia la Procuraduría General, también en forma selectiva. Por un lado, la hoy procuradora y ayer ministra de Justicia del gobierno actual, Margarita Cabello, adelanta 154 acciones disciplinarias por hechos relacionados con las jornadas de protesta. En esas cuentas aparecen tres congresistas (dos senadores y una representante a la Cámara), el gobernador del Magdalena Carlos Caicedo y varios alcaldes -entre ellos Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta-, concejales de varias zonas del país y diferentes candidatos, como Miguel Samper de Alianza Verde al Senado, con un elemento en común: en inmensa mayoría son contrarios al gobierno.
En el caso de Samper Strouss, quien fue el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) hasta 2018, le abrieron pliego de cargos por supuestas irregularidades que se habrían cometido… en 2019. Un año después de su salida. ¿Y quién le formuló el pliego de cargos? Ricardo Mosquera Robín, excoordinador político de la campaña presidencial de Alejandro Ordóñez. (Ver noticia).
En referencia a las jornadas de protesta, para la Historia Nacional de la Infamia debe quedar que el trato que han recibido los miles de jóvenes que salieron a las calles a protestar no solo ha sido criminal (muertes, desapariciones, desmembramientos, violaciones, pérdida de ojos), sino también de persecución jurídica por parte del Estado que debía protegerlos: muchos de sus líderes de Primera Línea han sido arrestados bajo la acusación de terrorismo y daño en propiedad ajena.
Hay además personas sobre las cuales parece haberse desatado una persecución que ya adquiere categoría de saña o sevicia, como es el caso de Piedad Córdoba. Leí el libro del periodista Gerardo Reyes sobre Alex Saab, donde habla de su cercanía con el “testaferro” de Nicolás Maduro, frente a lo cual dará su testimonio y hará ante la Corte Suprema de Justicia los descargos del caso.
Ahora bien, me niego a creer que su hermano Álvaro esté vinculado a negocios de narcotráfico en asocio con las disidencias de las Farc que comanda alias ‘Gentil Duarte’, como supuesto coordinador logístico para el abastecimiento de drogas. (Ver noticia). Tiene razón Piedad cuando pregunta: “¿por qué si mi hermano fue capturado desde el día de ayer se le mantuvo retenido y aislado hasta el día de hoy, por qué se guardó secreto sobre su retención?”. (Ver trino). De otro lado, la directora de Noticias Uno, Cecilia Orozco, pone el dedo en la llaga con este trino: “Qué miedo una @FiscaliaCol al servicio de la política electoral y de las venganzas si llegare a comprobarse que recibe, de buen grado, confesiones falsas contra quienes la atacan y que tramita extradiciones de ciudadanos de oposición. Que nos muestre sus soportes judiciales”. (Ver trino).
Si ha habido en Colombia una mujer sometida a la más feroz persecución por parte del inquisidor Alejandro Ordóñez, del sátrapa Álvaro Uribe y de la derecha en general, es Piedad Córdoba.
En relación con su hermano Álvaro, produce estupor saber que el Departamento de Estado no está obligado a presentarle pruebas a la Corte Suprema de Colombia para que autorice la extradición del indiciado, ni esta las habrá de requerir, en sujeción al tratado vigente entre ambos países. Según el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía, “es una orden de captura proveniente de un juez de Estados Unidos, el proceso judicial está en otro país, lo que hacemos las autoridades colombianas es ubicar, capturar y poner a disposición para que confronten el proceso en EE. UU.”.
Aquí entre nos, es perfectamente previsible que desde la Fiscalía -hoy al servicio del uribismo- hayan salido las “pruebas” o el montaje que tiene Álvaro Córdoba viviendo un drama familiar tan delicado, a mi modo de ver injusto, pues parece inscribirse dentro del poderoso aparataje de persecución que ha montado este régimen neofascista contra todo lo que le huele a oposición.
Conozco a Álvaro Córdoba Ruiz. En respuesta a un mensaje de WhatsApp que como periodista le envié el domingo 6 de febrero para indagar sobre su situación, sorpresivamente contestó y contó en un audio que “estoy tranquilo, porque no tengo ninguna vinculación con narcotráfico ni con nada de lo que me quieren sindicar. Me toca esperar a que el proceso se desarrolle en la corte de Nueva York para desmontar toda la mierda que han montado a punta de conversaciones de celular. Lo que buscan es ver cómo vinculan a Piedad con problemas de narcotráfico, para hacerle daño a ella y a la lista del Pacto Histórico”.
Le creo.
¿Cualquier parecido con el montaje que urdió la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez contra alias ‘Jesús Santrich’ en asocio con la DEA -y que lo empujó a regresar al monte- será pura coincidencia? Amanecerá y veremos, como dijo el ciego.