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Si la memoria no nos falla, en septiembre del año pasado un grupo de indígenas derribó la estatua del conquistador Sebastián de Belalcázar en Popayán, como resultado de un juicio simbólico en el que se le declaró culpable de genocidio, apropiación de tierras y despojo. Nada alejado de la verdad, pues no solo sus abusos están documentados, sino que fue nombrado “gobernador propietario vitalicio” de Popayán. Y como tal se portó, frente a tierras y aborígenes.
Esa misma memoria histórica sirve para recordar que Santander fue la cuna de la emancipación de la tiranía española, cuando un 16 de marzo de 1781, recogiendo la indignación del pueblo atropellado con impuestos y alcabalas, Manuela Beltrán arrancó un edicto del Ayuntamiento del Socorro y con él simuló limpiarse el trasero.
Pues bien, en estas mismas “bravas tierras” de Santander se ha sabido que dentro del más reconocido sitio turístico, el Parque Nacional del Chicamocha (Panachi), se exhibe para nacionales y extranjeros el busto de un sujeto condenado a nueve años de prisión por la Corte Suprema de Justicia, de nombre Hugo Heliodoro Aguilar, cuya pena no ha acabado de cumplir, o sea que se trata de un reo convicto.
En plan de seguir refrescando la memoria, al coronel (r) Aguilar lo lanzó a la fama el operativo que culminó con la muerte del temido capo Pablo Escobar. De esa aureola de héroe se agarró para hacerse elegir gobernador, pero en alianza criminal con el grupo paramilitar conocido como Bloque Central Bolívar, proyecto político cuyo objetivo, según la misma Corte Suprema, era “posicionar aliados en todos los niveles de la administración, incluidos los cargos de elección popular, con el ánimo de expandir su área de influencia y tener voceros en los altos cargos con poder de decisión a nivel regional y nacional”.
Su historial de todos modos no para ahí, pues dos años antes había sido inhabilitado por la Procuraduría (de Alejandro Ordóñez) para ejercer cargos públicos durante 20 años, y hasta su mismo origen geográfico está en duda: mientras él afirma ser originario de Suaita, el exsenador Tiberio Villarreal lo demandó en 2004 ante el Consejo de Estado por “uso de documento público falso”, afirmando que Aguilar habría utilizado dos cédulas diferentes, una original para inscribirse como candidato a la Asamblea en 2000 y otra a la Gobernación en 2003. “Mientras en la cédula original dice que Aguilar nació el 4 de enero de 1955 en Chitaraque, Boyacá, en la otra dice que nació en el pueblo santandereano de Suaita, distante a 20 minutos por carretera”. (Ver noticia).
Este es en síntesis el sujeto a quien la administración de Panachi —a cargo de la Gobernación que hoy encabeza su hijo Mauricio, conviene puntualizar— le rinde perenne homenaje con la exhibición pública de un busto, honor que hasta donde sabemos solo se les confiere a personas fallecidas y en recordación de una meritoria vida y obra.
Digámoslo sin ambages, esto solo es expresión del inmenso poder que hoy maneja el clan Aguilar, hasta el punto de haber convertido a Santander en su coto de caza, tanto para el manejo amañado y corrupto del erario como para la práctica permanente de tropelías.
El escándalo —o la indignación— se extiende a la forma como el otrora icónico periódico Vanguardia, ante el hallazgo de semejante afrenta a los santandereanos (o al menos a las víctimas del Bloque Central Bolívar), en lugar de publicar un sentido editorial donde exijan el retiro de semejante atropello a la decencia, solo encuentran la condescendiente palabra “polémica” para titular y así evitar cualquier confrontación con el todopoderoso clan: “Polémica por busto del exgobernador Hugo Aguilar en Panachi”. (Ver noticia).
Y no es que el otrora bastión del pensamiento liberal pretenda ser objetivo o imparcial en el tratamiento de la información, no, señores. Es que la dichosa palabreja les sirve para conseguir que no se vean afectados los intereses del gobernador… ni los de Vanguardia. Así se evidenció frente a la tormenta desatada por un video del diputado Ferley Sánchez, que mostró la aglomerada fiesta celebrando el cumpleaños del hijo del capo massimo mientras Bucaramanga permanecía en alerta naranja por el aumento en la ocupación de las UCI, debido al contagio del coronavirus. Aquí, de nuevo Vanguardia tituló: “Polémica por fiesta en la Gobernación de Santander para celebrar el cumpleaños de Mauricio Aguilar”. (Ver noticia)
Para ponernos a tono con lo “polémico”, no sabemos si el título de esta columna clasifica como incitación al vandalismo cuando propone el derribamiento de esa estatua (un busto es una estatua, ¿verdad?), pero es de sentido común admitir que no tiene presentación legal, ética ni moral la permanencia de una escultura que atenta contra la memoria más reciente de los santandereanos, si pensamos tan solo en las dolorosas consecuencias que el paramilitarismo le ha traído a Colombia entera y al parecer le sigue trayendo, ahora en modo resurrección.
Brindemos una segunda claridad en que ese busto no resulta ofensivo si la familia Aguilar decide llevárselo de ahí para instalarlo en la sala de su propia casa, pero sí ofende y lacera los ojos de los colombianos que no pueden olvidar que el así homenajeado por la Gobernación de Santander está preso.
Como dato llamativo, en el documento de la sentencia condenatoria dictada por la Corte Suprema de Justicia se identifica a Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo con su número de cédula y se estipula que “nació en Chitaraque (Boyacá) el 4 de enero de 1955”. ¿Pudo haberse equivocado en su origen geográfico el más alto tribunal de justicia? Mejor dicho, ¿será posible que en Santander le estemos rindiendo falso culto a un boyacense?
Post Scriptum. Para continuar con lo regional, si de tropelías se ha de hablar, una abogada que fue secretaria de Alejandro Char en la Alcaldía de Barranquilla y había sido elegida señora Barranquilla en un concurso de belleza acaba de ser nombrada viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento, del Ministerio de Ciencia. Meritocracia al alza. (Ver noticia).