El editorial de El Espectador del domingo pasado puso los puntos sobre las íes cuando, inspirado en la sentencia “dura lex sed lex” —la ley es dura pero es la ley—, le concede la razón al Consejo de Estado al advertir que la credencial del senador Antanas Mockus efectivamente estaba viciada de nulidad y en tal medida “el régimen de inhabilidades le aplica (…) y no podía participar como candidato”. (Ver editorial).
Esto no nos exime de constatar que Mockus fue víctima de una leguleyada, entendida según el DRAE como una “maniobra o recurso fraudulento con apariencia de legalidad”. Para el caso que nos ocupa, la leguleyada consistió en que Henry Murraín nunca figuró en la Cámara de Comercio como representante legal de Corporvisionarios (entidad que el excongresista fundó y de la cual fue representante legal), por lo que Mockus quedó como el responsable de todos los contratos suscritos con el Estado.
La muy shakesperiana paradoja reside en que los demandantes no son precisamente unos dechados de virtud, sino todo lo contrario: José Manuel Abuchaibe, cercano a Oneida Pinto (testaferro político del asesino Kiko Gómez), y un exsenador que necesita que el Partido Verde pierda sus votos para que él pueda entrar al Congreso, Víctor Velásquez Reyes, de Opción Ciudadana, un partido surgido de las entrañas del paramilitarismo.
Aquí se configura el dicho popular que habla de los pájaros disparándoles a las escopetas, y sienta las bases para lo que podría ser además una usurpación o vulgar raponazo de los 536.252 votos que obtuvo Mockus al hacerse elegir como senador. Ahora se pretende asumir que como su elección se quedó sin credencial, esos votos adquirirían también el carácter de nulos y de este modo terminaría por asentar sus sucias posaderas en el Senado hasta Oswaldo Ortiz, el pastor “cristiano” que se burló de la enfermedad de Parkinson de Mockus después de haberle arrebatado su curul… de la mano del guajiro Abuchaibe. (Ver video).
Volviendo al editorial de El Espectador, este hace claridad en que “la sanción a Mockus es justa, pero no puede extenderse a que el Partido Verde sea despojado del más de medio millón de votos que le representó su candidatura. Eso, en la práctica, implicaría que los verdes perderían varias de sus curules y otros partidos las obtendrían, reacomodando el Congreso”.
Para colmo de males, al que no quiere caldo se le dan dos tazas: detrás de la demanda por lo de Mockus viene una segunda, también ante el Consejo de Estado y según Darcy Quinn a punto de fallar contra Ángela María Robledo, candidata a la Vicepresidencia de Gustavo Petro y en cuya compañía conquistó la bicoca de 8’034.189 votos. Según Quinn, a Robledo le podrían arrebatar también su curul en la Cámara por una supuesta doble militancia, debido a que habría pasado del Partido Verde a ser candidata de Colombia Humana sin haber cumplido con los requisitos que exige la ley.
Aquí entre nos, si prospera esta demanda significaría que automáticamente la vicepresidencia de Marta Lucía Ramírez también quedaría en veremos, en sujeción a la Ley Estatutaria 1475 de 2011 que en su artículo 2 establece: “Quien participe en las consultas de un partido no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. Su incumplimiento constituye doble militancia y será sancionado con la revocatoria de la inscripción”.
Para El Espectador “no deja de ser sospechoso que el Consejo de Estado, letárgico por naturaleza, haya fallado con tal celeridad (en el caso de Mockus). La ley es dura, sí, y es la ley también, ¿pero la están aplicando por igual a todos los que la incumplen?”. El interrogante va entonces por igual para la vicepresidencia que buscó Ángela Robledo, como para la que conquistó Marta Lucía Ramírez.
El panorama de todos modos es aún más complejo, pues de por medio está la absurda circunstancia de saber que el movimiento que quedó de segundo en la anterior contienda electoral por la Presidencia, Colombia Humana, no tiene personería jurídica. ¿Y por qué no la tiene? Por otra leguleyada: según el Consejo Nacional Electoral (CNE), compuesto no por magistrados sino por políticos expertos en componendas, le habría faltado un “requisito cualitativo” consistente en que, por no haber postulado candidatos a Cámara y Senado, Colombia Humana no obtuvo “una votación superior al 3% de los votos emitidos en el territorio nacional”.
Con esta “magistral” interpretación de la norma los “magistrados” del CNE han convertido a Gustavo Petro en un paria de la política, debido a su condición de senador sin partido, y es esta inequitativa situación la que le ha impedido confeccionar listas y conceder avales para las elecciones regionales que se avecinan.
Así las cosas, se hace urgente unir voces con el editorial de El Espectador para recordarles a quienes protegen el orden constitucional que “el Consejo de Estado no puede permitir que se le haga esa trampa a la democracia del país”.
DE REMATE: Es cierto que el documento de Wikileaks profusamente divulgado el Domingo de Ramos no delata una alianza de Sergio Fajardo con Álvaro Uribe, como tituló equivocadamente Publimetro, pero sí quedo demostrada su cobardía y su tibieza, pues se trata de alguien a quien le da culillo enfrentar al ser más dañino, nocivo, criminal y repulsivo que ha parido nuestra democracia en lo que llevamos de siglo XXI.
En Twitter: @Jorgomezpinilla
http://jorgegomezpinilla.
El editorial de El Espectador del domingo pasado puso los puntos sobre las íes cuando, inspirado en la sentencia “dura lex sed lex” —la ley es dura pero es la ley—, le concede la razón al Consejo de Estado al advertir que la credencial del senador Antanas Mockus efectivamente estaba viciada de nulidad y en tal medida “el régimen de inhabilidades le aplica (…) y no podía participar como candidato”. (Ver editorial).
Esto no nos exime de constatar que Mockus fue víctima de una leguleyada, entendida según el DRAE como una “maniobra o recurso fraudulento con apariencia de legalidad”. Para el caso que nos ocupa, la leguleyada consistió en que Henry Murraín nunca figuró en la Cámara de Comercio como representante legal de Corporvisionarios (entidad que el excongresista fundó y de la cual fue representante legal), por lo que Mockus quedó como el responsable de todos los contratos suscritos con el Estado.
La muy shakesperiana paradoja reside en que los demandantes no son precisamente unos dechados de virtud, sino todo lo contrario: José Manuel Abuchaibe, cercano a Oneida Pinto (testaferro político del asesino Kiko Gómez), y un exsenador que necesita que el Partido Verde pierda sus votos para que él pueda entrar al Congreso, Víctor Velásquez Reyes, de Opción Ciudadana, un partido surgido de las entrañas del paramilitarismo.
Aquí se configura el dicho popular que habla de los pájaros disparándoles a las escopetas, y sienta las bases para lo que podría ser además una usurpación o vulgar raponazo de los 536.252 votos que obtuvo Mockus al hacerse elegir como senador. Ahora se pretende asumir que como su elección se quedó sin credencial, esos votos adquirirían también el carácter de nulos y de este modo terminaría por asentar sus sucias posaderas en el Senado hasta Oswaldo Ortiz, el pastor “cristiano” que se burló de la enfermedad de Parkinson de Mockus después de haberle arrebatado su curul… de la mano del guajiro Abuchaibe. (Ver video).
Volviendo al editorial de El Espectador, este hace claridad en que “la sanción a Mockus es justa, pero no puede extenderse a que el Partido Verde sea despojado del más de medio millón de votos que le representó su candidatura. Eso, en la práctica, implicaría que los verdes perderían varias de sus curules y otros partidos las obtendrían, reacomodando el Congreso”.
Para colmo de males, al que no quiere caldo se le dan dos tazas: detrás de la demanda por lo de Mockus viene una segunda, también ante el Consejo de Estado y según Darcy Quinn a punto de fallar contra Ángela María Robledo, candidata a la Vicepresidencia de Gustavo Petro y en cuya compañía conquistó la bicoca de 8’034.189 votos. Según Quinn, a Robledo le podrían arrebatar también su curul en la Cámara por una supuesta doble militancia, debido a que habría pasado del Partido Verde a ser candidata de Colombia Humana sin haber cumplido con los requisitos que exige la ley.
Aquí entre nos, si prospera esta demanda significaría que automáticamente la vicepresidencia de Marta Lucía Ramírez también quedaría en veremos, en sujeción a la Ley Estatutaria 1475 de 2011 que en su artículo 2 establece: “Quien participe en las consultas de un partido no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. Su incumplimiento constituye doble militancia y será sancionado con la revocatoria de la inscripción”.
Para El Espectador “no deja de ser sospechoso que el Consejo de Estado, letárgico por naturaleza, haya fallado con tal celeridad (en el caso de Mockus). La ley es dura, sí, y es la ley también, ¿pero la están aplicando por igual a todos los que la incumplen?”. El interrogante va entonces por igual para la vicepresidencia que buscó Ángela Robledo, como para la que conquistó Marta Lucía Ramírez.
El panorama de todos modos es aún más complejo, pues de por medio está la absurda circunstancia de saber que el movimiento que quedó de segundo en la anterior contienda electoral por la Presidencia, Colombia Humana, no tiene personería jurídica. ¿Y por qué no la tiene? Por otra leguleyada: según el Consejo Nacional Electoral (CNE), compuesto no por magistrados sino por políticos expertos en componendas, le habría faltado un “requisito cualitativo” consistente en que, por no haber postulado candidatos a Cámara y Senado, Colombia Humana no obtuvo “una votación superior al 3% de los votos emitidos en el territorio nacional”.
Con esta “magistral” interpretación de la norma los “magistrados” del CNE han convertido a Gustavo Petro en un paria de la política, debido a su condición de senador sin partido, y es esta inequitativa situación la que le ha impedido confeccionar listas y conceder avales para las elecciones regionales que se avecinan.
Así las cosas, se hace urgente unir voces con el editorial de El Espectador para recordarles a quienes protegen el orden constitucional que “el Consejo de Estado no puede permitir que se le haga esa trampa a la democracia del país”.
DE REMATE: Es cierto que el documento de Wikileaks profusamente divulgado el Domingo de Ramos no delata una alianza de Sergio Fajardo con Álvaro Uribe, como tituló equivocadamente Publimetro, pero sí quedo demostrada su cobardía y su tibieza, pues se trata de alguien a quien le da culillo enfrentar al ser más dañino, nocivo, criminal y repulsivo que ha parido nuestra democracia en lo que llevamos de siglo XXI.
En Twitter: @Jorgomezpinilla
http://jorgegomezpinilla.