Vienen tiempos muy difíciles para Colombia. El poder gubernamental ha sido arrebatado en las urnas mediante artimañas y propaganda negra por una fiera sedienta de venganza, que hace dos años estaba herida de muerte por las negociaciones de paz y hoy se encuentra resucitada y con nuevos bríos, gracias al absurdo plebiscito que en 2016 se inventó el entonces presidente Juan Manuel Santos.
Santos creyó que la refrendación del Acuerdo con las Farc —a la que no estaba obligado— sería pelea de toche con guayaba madura, confiado en que el pueblo quería la paz y ello representaría una dura derrota para Uribe, pero no previó que los miles de votantes que en las encuestas aparecían decididos en mayoría aplastante por el Sí el día crucial del plebiscito pensaron: “Si vamos a ganar por más de 20 puntos, mejor me quedo en casa. Un voto menos no cuenta”.
Y vino la aplastante derrota de la paz, cuyas nefastas consecuencias hoy padecemos, al punto de hallarse la JEP en cuidados intensivos y tener en la Presidencia del Senado a un sujeto del que ni siquiera se sabe a ciencia cierta si terminó el bachillerato, un tal Ernesto Macías que fue objeto de la maratón de condecoraciones más aparatosa que se haya visto en la historia de Colombia, 15 en un solo día, la primera de ellas la Cruz de Boyacá (así mancillada) de manos del presidente Duque y las 14 restantes a cargo de la corrupta clase política, empresarial y gubernamental del Huila, haciendo la debida claridad en que otra parte de la clase política y empresarial opita sí es decente.
Es comprensible la ola de apoyos y gratitud que suscitó Santos tras su salida de la Presidencia, básicamente por haber acabado con las Farc, pero es también de caballeros imbuidos de franqueza señalar que no tuvo la suficiente entereza, valentía o arrojo para resistir la embestida de la fiera acudiendo a la mejor “arma” que siempre estuvo a su alcance, pero nunca quiso utilizar: la verdad sobre Álvaro Uribe. Y si no me creen pregúntenle a Enrique Santos Calderón, su hermano mayor.
Sea como fuere, no es la hora de llorar sobre la leche derramada sino de advertir sobre los peligros que se ciernen para la institucionalidad de la nación, el primero de ellos desde la curul del “bachiller” Macías, quien de manera impúdica lanzó una amenaza de toma del poder judicial por la vía populista-autoritaria de convocar a una constituyente si sus cortes no se alinean a los deseos y designios de su patrón. El objetivo es claro: aplastar cualquier voz disidente que pueda surgir en el camino de pavimentarle a Uribe una impunidad jurídica a perpetuidad. Y así se expresa el designio:
“Definitivamente no es posible tramitar vía Congreso verdaderas reformas a la justicia, ni política, ni ajustar los acuerdos de La Habana; las presiones de las cortes y otros intereses lo impiden. El presidente no debe descartar la convocatoria de una asamblea constituyente”. E. M.
Eso de “el presidente no debe descartar…” suena a ucase imperial, pues Macías no habló a título personal, por supuesto. Él solo es un servil amanuense del “caudillo”, su duquecito en versión Senado.
Según el analista Fernando Posada, estamos frente a “un descaro inédito: el presidente del Congreso invitando a evitar el curso de proyectos en el Congreso y proponiendo el uso de otros caminos. Increíble que sean palabras del jefe de una rama del poder, que debe proteger la credibilidad institucional; no debilitarla públicamente”. (Ver trino).
Es aquí en últimas donde se verá la verdadera catadura ética y moral del Congreso, cuyos integrantes tienen dos opciones: lanzarnos al abismo de una dictadura camuflada en la carita de niño bueno de un monigote que se prestó para que Uribe recuperara el poder perdido, o preservar la institucionalidad y la solidez jurídica de la nación, evitando que se vean deshonradas por el apetito insaciable de un sátrapa, hoy en condición sub judice, necesitado de darles cristiana sepultura a los “pequeños” obstáculos que se le atraviesan para completar la toma total y definitiva del Estado.
Ante tan ominoso panorama, que incluye en el plano económico a un presidente Robin Hood a la inversa (asaltando a los pobres para darles a los ricos), elevamos nuestras oraciones al Altísimo suplicándole que en su infinita sabiduría nos salve de la debacle institucional que se avecina. Y en caso contrario, si ocurriere que Dios está inhabilitado para evitar la hecatombe debido al asunto ese del libre albedrío de su humana creación, que al menos nos coja confesados...
DE REMATE: Dos asuntos álgidos cuya investigación exige nombrar un fiscal general ad hoc: uno, Néstor Humberto Martínez le abrió investigación al amigo que en 2015 atendió como abogado de Corficolombiana, a quien le recibió unas denuncias que nunca admitió haber conocido, solo ahora que las destapó Noticias Uno. Y dos, el denunciante (Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el caso Odebrecht) y su hijo (Alejandro Pizano) murieron de manera repentina con horas de diferencia, no solo en la misma finca sino en la misma silla del mismo escritorio... (Ver noticia).
En Twitter: @Jorgomezpinilla
http://jorgegomezpinilla.
Vienen tiempos muy difíciles para Colombia. El poder gubernamental ha sido arrebatado en las urnas mediante artimañas y propaganda negra por una fiera sedienta de venganza, que hace dos años estaba herida de muerte por las negociaciones de paz y hoy se encuentra resucitada y con nuevos bríos, gracias al absurdo plebiscito que en 2016 se inventó el entonces presidente Juan Manuel Santos.
Santos creyó que la refrendación del Acuerdo con las Farc —a la que no estaba obligado— sería pelea de toche con guayaba madura, confiado en que el pueblo quería la paz y ello representaría una dura derrota para Uribe, pero no previó que los miles de votantes que en las encuestas aparecían decididos en mayoría aplastante por el Sí el día crucial del plebiscito pensaron: “Si vamos a ganar por más de 20 puntos, mejor me quedo en casa. Un voto menos no cuenta”.
Y vino la aplastante derrota de la paz, cuyas nefastas consecuencias hoy padecemos, al punto de hallarse la JEP en cuidados intensivos y tener en la Presidencia del Senado a un sujeto del que ni siquiera se sabe a ciencia cierta si terminó el bachillerato, un tal Ernesto Macías que fue objeto de la maratón de condecoraciones más aparatosa que se haya visto en la historia de Colombia, 15 en un solo día, la primera de ellas la Cruz de Boyacá (así mancillada) de manos del presidente Duque y las 14 restantes a cargo de la corrupta clase política, empresarial y gubernamental del Huila, haciendo la debida claridad en que otra parte de la clase política y empresarial opita sí es decente.
Es comprensible la ola de apoyos y gratitud que suscitó Santos tras su salida de la Presidencia, básicamente por haber acabado con las Farc, pero es también de caballeros imbuidos de franqueza señalar que no tuvo la suficiente entereza, valentía o arrojo para resistir la embestida de la fiera acudiendo a la mejor “arma” que siempre estuvo a su alcance, pero nunca quiso utilizar: la verdad sobre Álvaro Uribe. Y si no me creen pregúntenle a Enrique Santos Calderón, su hermano mayor.
Sea como fuere, no es la hora de llorar sobre la leche derramada sino de advertir sobre los peligros que se ciernen para la institucionalidad de la nación, el primero de ellos desde la curul del “bachiller” Macías, quien de manera impúdica lanzó una amenaza de toma del poder judicial por la vía populista-autoritaria de convocar a una constituyente si sus cortes no se alinean a los deseos y designios de su patrón. El objetivo es claro: aplastar cualquier voz disidente que pueda surgir en el camino de pavimentarle a Uribe una impunidad jurídica a perpetuidad. Y así se expresa el designio:
“Definitivamente no es posible tramitar vía Congreso verdaderas reformas a la justicia, ni política, ni ajustar los acuerdos de La Habana; las presiones de las cortes y otros intereses lo impiden. El presidente no debe descartar la convocatoria de una asamblea constituyente”. E. M.
Eso de “el presidente no debe descartar…” suena a ucase imperial, pues Macías no habló a título personal, por supuesto. Él solo es un servil amanuense del “caudillo”, su duquecito en versión Senado.
Según el analista Fernando Posada, estamos frente a “un descaro inédito: el presidente del Congreso invitando a evitar el curso de proyectos en el Congreso y proponiendo el uso de otros caminos. Increíble que sean palabras del jefe de una rama del poder, que debe proteger la credibilidad institucional; no debilitarla públicamente”. (Ver trino).
Es aquí en últimas donde se verá la verdadera catadura ética y moral del Congreso, cuyos integrantes tienen dos opciones: lanzarnos al abismo de una dictadura camuflada en la carita de niño bueno de un monigote que se prestó para que Uribe recuperara el poder perdido, o preservar la institucionalidad y la solidez jurídica de la nación, evitando que se vean deshonradas por el apetito insaciable de un sátrapa, hoy en condición sub judice, necesitado de darles cristiana sepultura a los “pequeños” obstáculos que se le atraviesan para completar la toma total y definitiva del Estado.
Ante tan ominoso panorama, que incluye en el plano económico a un presidente Robin Hood a la inversa (asaltando a los pobres para darles a los ricos), elevamos nuestras oraciones al Altísimo suplicándole que en su infinita sabiduría nos salve de la debacle institucional que se avecina. Y en caso contrario, si ocurriere que Dios está inhabilitado para evitar la hecatombe debido al asunto ese del libre albedrío de su humana creación, que al menos nos coja confesados...
DE REMATE: Dos asuntos álgidos cuya investigación exige nombrar un fiscal general ad hoc: uno, Néstor Humberto Martínez le abrió investigación al amigo que en 2015 atendió como abogado de Corficolombiana, a quien le recibió unas denuncias que nunca admitió haber conocido, solo ahora que las destapó Noticias Uno. Y dos, el denunciante (Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el caso Odebrecht) y su hijo (Alejandro Pizano) murieron de manera repentina con horas de diferencia, no solo en la misma finca sino en la misma silla del mismo escritorio... (Ver noticia).
En Twitter: @Jorgomezpinilla
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