La imagen es bien diciente: un video del programa Nos cogió la noche muestra al corrupto contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, saliendo de la Fiscalía con las manos atrás, en apariencia esposado, rumbo a su lugar de reclusión. Lo primero que sorprende es la cara de tranquilidad del reo, como si saliera de un restaurante: sin el más mínimo asomo de vergüenza (ver foto 1). Lo segundo es cuando la cámara se ha ubicado detrás del prisionero y se descubre que no lleva esposas, como ordena la ley para estos casos, sino que lleva las manos “libres” (ver foto 2).
Deberíamos pedirle al acucioso director del programa paisa, Nacho López, que averigüe por qué las cosas ocurrieron en modo pantomima. Ahí se hace evidente que la Fiscalía le concedió al detenido un trato preferencial, como el que recibió su paisano Andrés Felipe Arias (delincuente probado, condenado y prófugo) desde que descendió del avión que lo trajo de regreso a Colombia, extraditado por la justicia norteamericana.
Cuando el lector desprevenido recuerda las liberaciones la semana pasada del magistrado Francisco Ricaurte, el exdirector de Saludcoop Carlos Palacino y el asaltante de Estraval Carlos Mondragón, los tres por vencimiento de términos, entiende a qué obedece el impávido o cínico rostro de Zuluaga tras la diligencia de captura: a que sabe que enredando las cosas o dejando de asistir a las audiencias con diferentes excusas, llegará el día en que le concedan casa por cárcel y pueda enfrentar -y disfrutar- el juicio desde su lujosa mansión de 3.000 millones de pesos.
Zuluaga es de esos sujetos a los que se les define como “conocido de autos”, pues ya en 2016 Noticias Uno había denunciado que mediante tráfico de influencias el hospital La María le hizo un implante de cirugía estética para aumentar sus nalgas, con recursos del erario. (Ver informe). En aquella ocasión salió indemne -aunque nalgón- y, como “el que es no dejar de ser”, ahora se vino a saber que tenía montado todo un cartel de sobornos y cobros indebidos.
Pese a que es precisamente la Contraloría la entidad encargada de defender el uso correcto de los dineros que los antioqueños aportan en impuestos, Zuluaga había montado un entramado de corrupción consistente en que cuando encontraba irregularidades en entidades públicas no las investigaba, a cambio de gruesas sumas de dinero que le sirvieron para enriquecerse en menos de dos años y adquirir tanto la residencia citada como otras 27 propiedades, nueve automóviles, dos sociedades y tres hoteles, todo por una suma superior a los 13.000 millones de pesos. (Ver noticia).
Pero el hombre está tranquilo, como ya se dijo, porque sabe que el dinero mal habido del que dispone le alcanzará para pagar el mejor abogado, ese al que todos conocen como “vencimiento de términos”.
Y si en Antioquia llueve, por Santander no escampa. Otro que está tranquilo porque sabe que lo que hace no se contempla como corrupción, es el representante a la Cámara Víctor Manuel Ortiz, de quien una fuente de alto nivel le contó a este columnista que la Comisión Tercera de la Cámara le asignó un cupo indicativo de 5.000 millones de pesos para su departamento.
Los cupos indicativos se diferencian de los auxilios parlamentarios en que el parlamentario beneficiado no crea la partida del gasto, sino que la recibe ya creada presupuestalmente, como si fuera de su propiedad política. Es él quien la orienta y decide quién la ejecuta, según sus intereses. Esto ha dado origen a un mercado de cupos indicativos en el Congreso, en función del cual el parlamentario que no puede o no quiere orientar su cupo hacia su región, lo cede -como quien adquiere una acción en la bolsa de valores- para que sea otro quien lo usufructúe políticamente.
Pues bien, la noticia es que el mencionado representante santandereano Víctor Manuel Ortiz recibió el cupo indicativo por la morrocotuda cifra de 5.000 millones y ¿saben qué hizo? Lo negoció por 200 millones ‘cash money’ con un representante de Antioquia… y se lo asignaron a ese departamento. La fuente consultada no dio el nombre del que recibió el cupo indicativo, pero basta con revisar la composición de la Comisión Tercera de la Cámara (o de Hacienda y Crédito Público, a la que pertenece Ortiz) para encontrar que es un copartidario suyo, antioqueño para más señas, quien preside dicha Comisión.
¿En qué se parecen el antioqueño Sergio Zuluaga y el santandereano Víctor Manuel Ortiz? En dos cosas: en que ambos provienen del cada día más clientelista Partido Liberal, y en que les gusta la plata en rama. Contante y sonante.
De otro lado, al cierre de esta columna se conoció una declaración del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez -también de origen liberal-, en la que aboga por el contralor detenido cuando afirma que “no todo al que detienen lo condenan”, y a renglón seguido se muestra indulgente: “tenemos que tener (sic) misericordia y esperar qué decisión toman los jueces”. ¿Misericordia con un sujeto cercado por tan abrumadoras evidencias de enriquecimiento súbito e ilícito?
¿Misericordia con el delito, mejor dicho? ¿Qué le pasa, Pérez?
DE REMATE: En días pasados se conoció un video con escenas de sexo explícito entre Rodolfo José Hernández, hijo del alcalde de Bucaramanga, y su novia de entonces, que circuló por redes sociales (ver noticia). Todo indica que fue él -no ella- quien lo filtró, con un propósito si se quiere estratégico: para que actúe como cortina de humo que distraiga la atención de la opinión pública por los señalamientos cada vez más numerosos que le hacen al papá por temas de corrupción. Se trata de algo ruin y perverso, y tiene razón la víctima cuando en extenso comunicado -donde anuncia denuncia penal contra su victimario- deja en claro que “mi exnovio creció rodeado de dinero y lujos, pero carente de valores, de moral y de ética. Lamentablemente, nunca llegamos a conocer las aberraciones de las personas".
http://jorgegomezpinilla.
La imagen es bien diciente: un video del programa Nos cogió la noche muestra al corrupto contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, saliendo de la Fiscalía con las manos atrás, en apariencia esposado, rumbo a su lugar de reclusión. Lo primero que sorprende es la cara de tranquilidad del reo, como si saliera de un restaurante: sin el más mínimo asomo de vergüenza (ver foto 1). Lo segundo es cuando la cámara se ha ubicado detrás del prisionero y se descubre que no lleva esposas, como ordena la ley para estos casos, sino que lleva las manos “libres” (ver foto 2).
Deberíamos pedirle al acucioso director del programa paisa, Nacho López, que averigüe por qué las cosas ocurrieron en modo pantomima. Ahí se hace evidente que la Fiscalía le concedió al detenido un trato preferencial, como el que recibió su paisano Andrés Felipe Arias (delincuente probado, condenado y prófugo) desde que descendió del avión que lo trajo de regreso a Colombia, extraditado por la justicia norteamericana.
Cuando el lector desprevenido recuerda las liberaciones la semana pasada del magistrado Francisco Ricaurte, el exdirector de Saludcoop Carlos Palacino y el asaltante de Estraval Carlos Mondragón, los tres por vencimiento de términos, entiende a qué obedece el impávido o cínico rostro de Zuluaga tras la diligencia de captura: a que sabe que enredando las cosas o dejando de asistir a las audiencias con diferentes excusas, llegará el día en que le concedan casa por cárcel y pueda enfrentar -y disfrutar- el juicio desde su lujosa mansión de 3.000 millones de pesos.
Zuluaga es de esos sujetos a los que se les define como “conocido de autos”, pues ya en 2016 Noticias Uno había denunciado que mediante tráfico de influencias el hospital La María le hizo un implante de cirugía estética para aumentar sus nalgas, con recursos del erario. (Ver informe). En aquella ocasión salió indemne -aunque nalgón- y, como “el que es no dejar de ser”, ahora se vino a saber que tenía montado todo un cartel de sobornos y cobros indebidos.
Pese a que es precisamente la Contraloría la entidad encargada de defender el uso correcto de los dineros que los antioqueños aportan en impuestos, Zuluaga había montado un entramado de corrupción consistente en que cuando encontraba irregularidades en entidades públicas no las investigaba, a cambio de gruesas sumas de dinero que le sirvieron para enriquecerse en menos de dos años y adquirir tanto la residencia citada como otras 27 propiedades, nueve automóviles, dos sociedades y tres hoteles, todo por una suma superior a los 13.000 millones de pesos. (Ver noticia).
Pero el hombre está tranquilo, como ya se dijo, porque sabe que el dinero mal habido del que dispone le alcanzará para pagar el mejor abogado, ese al que todos conocen como “vencimiento de términos”.
Y si en Antioquia llueve, por Santander no escampa. Otro que está tranquilo porque sabe que lo que hace no se contempla como corrupción, es el representante a la Cámara Víctor Manuel Ortiz, de quien una fuente de alto nivel le contó a este columnista que la Comisión Tercera de la Cámara le asignó un cupo indicativo de 5.000 millones de pesos para su departamento.
Los cupos indicativos se diferencian de los auxilios parlamentarios en que el parlamentario beneficiado no crea la partida del gasto, sino que la recibe ya creada presupuestalmente, como si fuera de su propiedad política. Es él quien la orienta y decide quién la ejecuta, según sus intereses. Esto ha dado origen a un mercado de cupos indicativos en el Congreso, en función del cual el parlamentario que no puede o no quiere orientar su cupo hacia su región, lo cede -como quien adquiere una acción en la bolsa de valores- para que sea otro quien lo usufructúe políticamente.
Pues bien, la noticia es que el mencionado representante santandereano Víctor Manuel Ortiz recibió el cupo indicativo por la morrocotuda cifra de 5.000 millones y ¿saben qué hizo? Lo negoció por 200 millones ‘cash money’ con un representante de Antioquia… y se lo asignaron a ese departamento. La fuente consultada no dio el nombre del que recibió el cupo indicativo, pero basta con revisar la composición de la Comisión Tercera de la Cámara (o de Hacienda y Crédito Público, a la que pertenece Ortiz) para encontrar que es un copartidario suyo, antioqueño para más señas, quien preside dicha Comisión.
¿En qué se parecen el antioqueño Sergio Zuluaga y el santandereano Víctor Manuel Ortiz? En dos cosas: en que ambos provienen del cada día más clientelista Partido Liberal, y en que les gusta la plata en rama. Contante y sonante.
De otro lado, al cierre de esta columna se conoció una declaración del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez -también de origen liberal-, en la que aboga por el contralor detenido cuando afirma que “no todo al que detienen lo condenan”, y a renglón seguido se muestra indulgente: “tenemos que tener (sic) misericordia y esperar qué decisión toman los jueces”. ¿Misericordia con un sujeto cercado por tan abrumadoras evidencias de enriquecimiento súbito e ilícito?
¿Misericordia con el delito, mejor dicho? ¿Qué le pasa, Pérez?
DE REMATE: En días pasados se conoció un video con escenas de sexo explícito entre Rodolfo José Hernández, hijo del alcalde de Bucaramanga, y su novia de entonces, que circuló por redes sociales (ver noticia). Todo indica que fue él -no ella- quien lo filtró, con un propósito si se quiere estratégico: para que actúe como cortina de humo que distraiga la atención de la opinión pública por los señalamientos cada vez más numerosos que le hacen al papá por temas de corrupción. Se trata de algo ruin y perverso, y tiene razón la víctima cuando en extenso comunicado -donde anuncia denuncia penal contra su victimario- deja en claro que “mi exnovio creció rodeado de dinero y lujos, pero carente de valores, de moral y de ética. Lamentablemente, nunca llegamos a conocer las aberraciones de las personas".
http://jorgegomezpinilla.