Enrique Gómez Martínez, “vuelve la mula al trigo”
El tema del que hoy nos íbamos a ocupar era otro, pero forma parte de la coyuntura una insólita petición hecha por la familia del inmolado dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado a la Justicia Especial de Paz (JEP): que abandone la investigación por el asesinato de su pariente para que esta pase de nuevo a manos de la Fiscalía, donde la camarilla uribeduquista que se tomó esa entidad sigue una línea -más ideológica que investigativa- que habla de “la ocurrencia de un crimen de Estado de lesa humanidad en cabeza de la administración de Ernesto Samper Pizano”. Eso al menos dice el informe que ante el alto tribunal presentó una fundación de papel con el mismo nombre de la víctima, que maneja el autodenominado candidato presidencial Enrique Gómez Martínez, sobrino del occiso, donde asegura aportar pruebas “que desvirtúan total, claramente y de manera contundente la autoincriminación de las Farc” (Ver noticia).
Se trata del mismo refrito lánguido que vienen pregonando desde que descubrieron que podrían obtener un jugoso botín si lograban que la muerte de su pariente fuera declarada como crimen de Estado, debido a la multimillonaria indemnización que recibirían en condición de deudos. En busca de ese botín, como lo denuncié en esta columna y en el libro Los secretos del asesinato de Álvaro Gómez, llegaron hasta el aberrante extremo de asumir la defensa del sicario Héctor Paul Flórez que hace 27 años hizo los cuatro disparos que segaron la vida de AGH. (Ver Álvaro Gómez debe estar revolcándose en su tumba).
En esa ocasión, cuando me enteré de semejante cinismo en su obrar (¡aliados con el asesino de su pariente!), escribí algo que titulé Sobrino, esa platica se perdió, donde expliqué en detalle el fracaso de tan perverso plan: “Un deliberado intento de engaño a la Corte Suprema de Justicia acaba de fracasar en la figura de Enrique Gómez Martínez (…) después de que la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a 40 años de prisión contra el único condenado que hubo, Héctor Paul Flórez. A él (…) la justicia le probó haber sido uno de los sicarios que disparó contra el dirigente conservador el 2 de noviembre de 1995, cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda en compañía de su asistente, José del Cristo Huertas Hastamorir”. (Ver columna).
El 2 de noviembre de 2018, en un nuevo aniversario del magnicidio, Gómez Martínez le había pedido a la Corte Suprema revisar el fallo que en 1997 declaró responsable del crimen a su “cliente”. Ese día, sin ruborizarse y ante nutrida rueda de prensa, afirmó que “una vez sea fallada a su favor esta demanda, Héctor Paul Flórez reclamará al Estado la indemnización correspondiente por la vulneración de sus derechos a una defensa justa y al debido proceso”. Con total descaro, anunciaba que iba por la plata gruesa.
Pero el tiro le salió por la culata porque tres meses después, el miércoles 6 de febrero de 2019, con ponencia del magistrado Eugenio Fernández, la Sala Penal de la Corte rechazó la acción de revisión. En un documento de 32 páginas el alto tribunal refutó uno a uno sus argumentos, basado en que los elementos aportados como prueba sobreviniente ya habían sido tenidos en cuenta en otros estrados judiciales: “No es novedoso el contenido de las declaraciones rendidas por los testigos a los que alude la defensa”. O sea: es -fue y seguirá siendo- cosa juzgada.
Por eso esta columna se titula Vuelve la mula al trigo, porque hoy regresa EGM a la escena empoderado en su calidad de candidato del Movimiento de Salvación Nacional creado por su tío, el cual resucitó para postularse. Y presenta como hecho sobreviniente el mismo heno, la misma trillada paja de años anteriores, solo que ahora ante la JEP: “Clara e indudablemente, el homicidio de Gómez Hurtado benefició a Ernesto Samper y (…) es válido predicar la existencia en este caso de un crimen de Estado”. En esa expresión, crimen de Estado, reside el mantra del anhelado botín.
Según la información que suministra El Espectador, “ahora la JEP deberá estudiar el informe de la familia Gómez y decidir si mantiene su competencia sobre la investigación”.
Otra cosa piensa RCN Radio, aliado del sobrino infame, desde el titular: “Magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado: Ernesto Samper sería el determinador, advierte informe”. (Ver libelo). Allí, con evidente mala leche editorial ocultan la mano del que lanza la misma pedrada de la misma cauchera de los últimos 20 años, EGM, a quien nunca hasta ahora la justicia de los más variados tribunales le ha dado la razón.
Visto con frialdad analítica, esta ‘jugadita’ de Enrique Gómez Martínez pretende ante todo intimidar a la justicia civil frente a un fallo que esta deberá proferir por la demanda que el abogado y columnista Ramiro Bejarano formuló en contra suya y de su primo Mauricio Gómez Escobar (q.e.p.d) por daños y perjuicios derivados de sus difamaciones. Es el estilo de esa familia, en cumplimiento de la consigna de su tío abuelo Laureano: “Calumniad, calumniad, que de la calumnia algo queda”.
Valga advertir que soy un escéptico de la autoinculpación de las Farc en ese y otros dos crímenes (general Fernando Landazábal y ‘Chucho’ Bejarano), pues la tesis de mi libro es la misma que sostuvo en vida Myles Frechette, exembajador de EE. UU. en Colombia durante el gobierno de Samper, sin duda el hombre mejor informado de lo que ocurría: a Gómez Hurtado lo mandó matar un grupo de militares activos y retirados en alianza con políticos de derecha, porque conoció la existencia de un plan golpista que le ofrecieron y que rechazó, creyendo además que su inmolación sería el puntillazo final para tumbar al presidente en ejercicio.
La autoinculpación de las Farc abre un nuevo escenario hipotético, el de un eventual contubernio entre miembros de las Farc y oficiales de Inteligencia Militar del Ejército en la planificación y ejecución del crimen. En este terreno hoy concentro mi trabajo de investigación periodística, hacia una segunda edición -corregida y aumentada- de mi libro, donde pueda dar respuesta a los interrogantes que de allí se desprenden.
En todo caso, dos cosas deben quedar claras: una, hasta el día presente no ha sido desvirtuada ni sometida a duda una sola línea de mi libro; dos, pese a los duros señalamientos que de tiempo atrás he hecho en particular contra Enrique Gómez Martínez, ni él ni ningún otro miembro de su familia me han entablado demanda alguna por injuria o calumnia, ni siquiera una solicitud de rectificación.
¿Será acaso que el que calla otorga? No me cabe la menor duda.
Apreciado lector, si después de leer esto usted cree que conoce algo o sabe de alguien que sepa sobre los verdaderos autores del magnicidio, le invito a escribir a elhombreclave14@gmail.com o dejar alguna pista a seguir en los comentarios a esta columna.
Post Scriptum: Al margen de cualquier diferencia personal o política, lamento el fallecimiento de Mauricio Gómez Escobar, hijo de Álvaro Gómez Hurtado, abogado y colega periodista, con quien tuve un duro encontronazo cuando quise averiguar una información que él poseía mientras trabajó en el noticiero CM&. En esta columna de 2017 describo lo ocurrido.
El tema del que hoy nos íbamos a ocupar era otro, pero forma parte de la coyuntura una insólita petición hecha por la familia del inmolado dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado a la Justicia Especial de Paz (JEP): que abandone la investigación por el asesinato de su pariente para que esta pase de nuevo a manos de la Fiscalía, donde la camarilla uribeduquista que se tomó esa entidad sigue una línea -más ideológica que investigativa- que habla de “la ocurrencia de un crimen de Estado de lesa humanidad en cabeza de la administración de Ernesto Samper Pizano”. Eso al menos dice el informe que ante el alto tribunal presentó una fundación de papel con el mismo nombre de la víctima, que maneja el autodenominado candidato presidencial Enrique Gómez Martínez, sobrino del occiso, donde asegura aportar pruebas “que desvirtúan total, claramente y de manera contundente la autoincriminación de las Farc” (Ver noticia).
Se trata del mismo refrito lánguido que vienen pregonando desde que descubrieron que podrían obtener un jugoso botín si lograban que la muerte de su pariente fuera declarada como crimen de Estado, debido a la multimillonaria indemnización que recibirían en condición de deudos. En busca de ese botín, como lo denuncié en esta columna y en el libro Los secretos del asesinato de Álvaro Gómez, llegaron hasta el aberrante extremo de asumir la defensa del sicario Héctor Paul Flórez que hace 27 años hizo los cuatro disparos que segaron la vida de AGH. (Ver Álvaro Gómez debe estar revolcándose en su tumba).
En esa ocasión, cuando me enteré de semejante cinismo en su obrar (¡aliados con el asesino de su pariente!), escribí algo que titulé Sobrino, esa platica se perdió, donde expliqué en detalle el fracaso de tan perverso plan: “Un deliberado intento de engaño a la Corte Suprema de Justicia acaba de fracasar en la figura de Enrique Gómez Martínez (…) después de que la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a 40 años de prisión contra el único condenado que hubo, Héctor Paul Flórez. A él (…) la justicia le probó haber sido uno de los sicarios que disparó contra el dirigente conservador el 2 de noviembre de 1995, cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda en compañía de su asistente, José del Cristo Huertas Hastamorir”. (Ver columna).
El 2 de noviembre de 2018, en un nuevo aniversario del magnicidio, Gómez Martínez le había pedido a la Corte Suprema revisar el fallo que en 1997 declaró responsable del crimen a su “cliente”. Ese día, sin ruborizarse y ante nutrida rueda de prensa, afirmó que “una vez sea fallada a su favor esta demanda, Héctor Paul Flórez reclamará al Estado la indemnización correspondiente por la vulneración de sus derechos a una defensa justa y al debido proceso”. Con total descaro, anunciaba que iba por la plata gruesa.
Pero el tiro le salió por la culata porque tres meses después, el miércoles 6 de febrero de 2019, con ponencia del magistrado Eugenio Fernández, la Sala Penal de la Corte rechazó la acción de revisión. En un documento de 32 páginas el alto tribunal refutó uno a uno sus argumentos, basado en que los elementos aportados como prueba sobreviniente ya habían sido tenidos en cuenta en otros estrados judiciales: “No es novedoso el contenido de las declaraciones rendidas por los testigos a los que alude la defensa”. O sea: es -fue y seguirá siendo- cosa juzgada.
Por eso esta columna se titula Vuelve la mula al trigo, porque hoy regresa EGM a la escena empoderado en su calidad de candidato del Movimiento de Salvación Nacional creado por su tío, el cual resucitó para postularse. Y presenta como hecho sobreviniente el mismo heno, la misma trillada paja de años anteriores, solo que ahora ante la JEP: “Clara e indudablemente, el homicidio de Gómez Hurtado benefició a Ernesto Samper y (…) es válido predicar la existencia en este caso de un crimen de Estado”. En esa expresión, crimen de Estado, reside el mantra del anhelado botín.
Según la información que suministra El Espectador, “ahora la JEP deberá estudiar el informe de la familia Gómez y decidir si mantiene su competencia sobre la investigación”.
Otra cosa piensa RCN Radio, aliado del sobrino infame, desde el titular: “Magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado: Ernesto Samper sería el determinador, advierte informe”. (Ver libelo). Allí, con evidente mala leche editorial ocultan la mano del que lanza la misma pedrada de la misma cauchera de los últimos 20 años, EGM, a quien nunca hasta ahora la justicia de los más variados tribunales le ha dado la razón.
Visto con frialdad analítica, esta ‘jugadita’ de Enrique Gómez Martínez pretende ante todo intimidar a la justicia civil frente a un fallo que esta deberá proferir por la demanda que el abogado y columnista Ramiro Bejarano formuló en contra suya y de su primo Mauricio Gómez Escobar (q.e.p.d) por daños y perjuicios derivados de sus difamaciones. Es el estilo de esa familia, en cumplimiento de la consigna de su tío abuelo Laureano: “Calumniad, calumniad, que de la calumnia algo queda”.
Valga advertir que soy un escéptico de la autoinculpación de las Farc en ese y otros dos crímenes (general Fernando Landazábal y ‘Chucho’ Bejarano), pues la tesis de mi libro es la misma que sostuvo en vida Myles Frechette, exembajador de EE. UU. en Colombia durante el gobierno de Samper, sin duda el hombre mejor informado de lo que ocurría: a Gómez Hurtado lo mandó matar un grupo de militares activos y retirados en alianza con políticos de derecha, porque conoció la existencia de un plan golpista que le ofrecieron y que rechazó, creyendo además que su inmolación sería el puntillazo final para tumbar al presidente en ejercicio.
La autoinculpación de las Farc abre un nuevo escenario hipotético, el de un eventual contubernio entre miembros de las Farc y oficiales de Inteligencia Militar del Ejército en la planificación y ejecución del crimen. En este terreno hoy concentro mi trabajo de investigación periodística, hacia una segunda edición -corregida y aumentada- de mi libro, donde pueda dar respuesta a los interrogantes que de allí se desprenden.
En todo caso, dos cosas deben quedar claras: una, hasta el día presente no ha sido desvirtuada ni sometida a duda una sola línea de mi libro; dos, pese a los duros señalamientos que de tiempo atrás he hecho en particular contra Enrique Gómez Martínez, ni él ni ningún otro miembro de su familia me han entablado demanda alguna por injuria o calumnia, ni siquiera una solicitud de rectificación.
¿Será acaso que el que calla otorga? No me cabe la menor duda.
Apreciado lector, si después de leer esto usted cree que conoce algo o sabe de alguien que sepa sobre los verdaderos autores del magnicidio, le invito a escribir a elhombreclave14@gmail.com o dejar alguna pista a seguir en los comentarios a esta columna.
Post Scriptum: Al margen de cualquier diferencia personal o política, lamento el fallecimiento de Mauricio Gómez Escobar, hijo de Álvaro Gómez Hurtado, abogado y colega periodista, con quien tuve un duro encontronazo cuando quise averiguar una información que él poseía mientras trabajó en el noticiero CM&. En esta columna de 2017 describo lo ocurrido.