Un refrán popular señala que los médicos también se mueren, y esto se hace extensivo a decir que la gente inteligente también se equivoca. Es obvio que a quienes prefirieron el voto en blanco en la segunda vuelta les cabe parte de culpa en el desastroso estado de cosas que hoy se vive, pues no captaron que era obligatorio impedir que en la figura angelical de Iván Duque se materializara el regreso de la bestia herida y sedienta de venganza, o sea Álvaro Uribe. Y para impedirlo tocaba votar por quien lo enfrentó en segunda vuelta, o sea por Gustavo Petro.
Era escoger entre Uribe o Petro, eso no tenía excusa. Fue lo que no quisieron entender aquellos que, contagiados de cierto prurito elitista contra todo lo que viene de abajo (“gas cuchifó”) e ilusionados con que de pronto Duque imitaría a Juan Manuel Santos en lo de traicionar al patrón, contribuyeron con su actitud pusilánime a abonar el terreno para el ascenso al poder no del presidente de encanecida posverdad que hoy aparenta gobernarnos, sino del sujeto sub judice (en su condición de llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia) que valiéndose de sus mañas logró treparse de nuevo hasta el solio de Bolívar y hoy regresa con renovadas ínfulas de dictador a imponer un estilo de gobierno autoritario, neofascista, a la cabeza de una secta político-religiosa compuesta en la vanguardia por rabiosos mastines de caza que atacan desde las redes sociales, y en la retaguardia por una masa informe compuesta por millones de ignorantes, encolerizados por el discurso beligerante de su caudillo y dispuestos, llegado el caso, a hacerse matar por él.
Si hubiera sido Petro el presidente, estaría sometido a un control a raya desde el mismo Congreso (para no hablar del Ejército...), mientras que con el mandatario de postín que hoy funge –y finge– de gobernante hemos quedado sometidos a esas fuerzas oscuras que en el plebiscito de 2016 movieron poderosos aparatos de propaganda negra y utilizaron a los pastores cristianos para hacerles creer a sus rebaños de ovejitas domesticadas que el Acuerdo de Paz era para volver homosexuales a nuestros hijos. Son los mismos que acaban de encender el aparataje de sus engaños para convencer a esa masa embrutecida de que quienes apoyan la Justicia Especial para la Paz (JEP) en realidad defienden a violadores de niñas.
Parecería osado afirmar que estamos en manos de la Mano Negra, valga la redundancia. Pero no es posible omitir que con el gobierno de Iván Duque los índices de violencia se incrementaron en todo el país, desde masacres indiscriminadas hasta asesinatos selectivos de líderes sociales, y la delantera la lleva Medellín –la ciudad de Uribe– con un incremento del 20% en homicidios: solo entre enero y febrero de 2019 mataron a 104 personas en “la bella villa”.
Otro termómetro de la crispación social se mide en la protesta de los indígenas del Cauca que bloquearon la vía Panamericana, frente a la cual sus líderes piden la presencia de Duque, y este responde con que no dialogará si no se levantan las medidas de fuerza.
Pero las verdaderas medidas de fuerza se expresan en la muerte de un policía por balas cuyo origen se desconoce, y 48 horas después es lanzado un artefacto explosivo –cuyo origen también se desconoce– contra guardias de la minga de un resguardo de Dagua (Valle) que deja ocho víctimas mortales. Y la voz que se impone es la del ministro de Defensa, el portavoz de las armas, quien acusa a las víctimas de estar manipulando explosivos. Y ambos hechos violentos terminan reforzando los argumentos de Duque para no dialogar con los indígenas…
Dos “falsos negativos” de enorme eficacia, mejor dicho.
Mientras esto ocurre por los lados del Cauca, es pertinente traer a colación que van a cumplirse 200 años de la batalla del Pantano de Vargas, ocurrida el 25 de julio de 1819 en cercanías de Paipa (Boyacá), cuando Simón Bolívar llegó allí con sus tropas diezmadas por el hambre y el duro ascenso al páramo de Pisba. El Libertador presentía una derrota, pero contó con el coraje del coronel Juan José Rondón, quien le pidió que le dejara dirigir las tropas, a lo que Bolívar le respondió con la célebre frase: “¡Coronel, salve usted la patria!”.
Y Rondón la salvó, luego de juntar al sargento Inocencio Chincá con 14 lanceros que se formaron como una flecha y rompieron las filas realistas abriendo un boquete por el cual penetró un destacamento de casanarenses comandado por el teniente Lucas Carvajal, “bravo guerrero que tomaba las riendas de su caballo entre los dientes y en cada mano una lanza de punta metálica donde ensartaba a medio mundo”, según descripción del historiador y abogado Gerardo Martínez.
200 años después, ha llegado el momento de salvar nuevamente a Colombia. Pero no de una potencia extranjera, sino del hombre que se valió de su subalterno Iván Duque para abrirle un boquete a la JEP mediante la objeción a seis de los artículos de la Ley Estatutaria, hacia el objetivo de entorpecer su funcionamiento y evitar que los militares que se presentaron a dicho tribunal de justicia cuenten un día las verdades que terminarían por involucrarlo y mandar al traste su proyecto político. ¿O acaso queda algún ingenuo que crea que los ataques combinados de la Presidencia, la Fiscalía y el Centro Democrático contra la JEP nada tienen que ver con la urgencia que le asiste al senador Uribe de resolver su situación jurídica personal?
La única esperanza de “neutralizar” tal componenda está puesta en los tres partidos políticos que durante el gobierno de Juan Manuel Santos le brindaron su apoyo al proceso de paz: el Partido Liberal, Cambio Radical y la U. Este último ya anunció que se opondrá a las objeciones, y la reunión que la semana pasada sostuvieron el jefe del liberalismo, César Gaviria, y el de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, permite vislumbrar el anhelo de que sean estos quienes le abran un boquete a las torcidas intenciones del partido de gobierno, de modo que en el Congreso triunfe la sensatez sobre los apátridas que a toda costa quieren –y necesitan– empujar a las Farc de nuevo al monte.
Por todo lo anterior, ya no es a Juan José Rondón sino al expresidente Gaviria y al exvicepresidente Vargas Lleras a quienes debemos “ordenarles” que en el Bicentenario de la Ruta Libertadora le impriman a la Ley Estatutaria de la JEP su propia ruta, la que libere a Colombia de la tiranía que con pasos de animal grande se avecina.
Así las cosas, señores César Gaviria y Germán Vargas, ¡salven ustedes la JEP!
DE REMATE: Catorce días después del Pantano de Vargas, con las tropas patriotas ya repuestas de la fatiga pero diezmadas en número (fueron 100 los muertos en esa batalla), el 7 de agosto de 1819 Bolívar pudo derrotar sobre el Puente de Boyacá al ejército realista gracias a la resistencia que los habitantes de Charalá (Sdr.) opusieron sobre el río Pienta contra los 1.800 soldados de refuerzo que le llevaba a Barreiro el gobernador de la provincia del Socorro, Lucas González. En Pienta se contabilizaron 300 charaleños masacrados, todo un baño de sangre, incluida una sobrina de Antonia Santos de nombre Helena, de 13 años, baleada cuando intentó fugarse por una ventana de la iglesia y violada allí mismo por un soldado español después de muerta. Mientras tanto, en la batalla de Boyacá solo se contabilizaron 13 bajas patriotas. Conviene recordarlo para la posteridad, ahora que la historia oficial será la que decreten por edicto mesiánico los nuevos amos del poder central desde el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
En Twitter: @Jorgomezpinilla
http://jorgegomezpinilla.
Un refrán popular señala que los médicos también se mueren, y esto se hace extensivo a decir que la gente inteligente también se equivoca. Es obvio que a quienes prefirieron el voto en blanco en la segunda vuelta les cabe parte de culpa en el desastroso estado de cosas que hoy se vive, pues no captaron que era obligatorio impedir que en la figura angelical de Iván Duque se materializara el regreso de la bestia herida y sedienta de venganza, o sea Álvaro Uribe. Y para impedirlo tocaba votar por quien lo enfrentó en segunda vuelta, o sea por Gustavo Petro.
Era escoger entre Uribe o Petro, eso no tenía excusa. Fue lo que no quisieron entender aquellos que, contagiados de cierto prurito elitista contra todo lo que viene de abajo (“gas cuchifó”) e ilusionados con que de pronto Duque imitaría a Juan Manuel Santos en lo de traicionar al patrón, contribuyeron con su actitud pusilánime a abonar el terreno para el ascenso al poder no del presidente de encanecida posverdad que hoy aparenta gobernarnos, sino del sujeto sub judice (en su condición de llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia) que valiéndose de sus mañas logró treparse de nuevo hasta el solio de Bolívar y hoy regresa con renovadas ínfulas de dictador a imponer un estilo de gobierno autoritario, neofascista, a la cabeza de una secta político-religiosa compuesta en la vanguardia por rabiosos mastines de caza que atacan desde las redes sociales, y en la retaguardia por una masa informe compuesta por millones de ignorantes, encolerizados por el discurso beligerante de su caudillo y dispuestos, llegado el caso, a hacerse matar por él.
Si hubiera sido Petro el presidente, estaría sometido a un control a raya desde el mismo Congreso (para no hablar del Ejército...), mientras que con el mandatario de postín que hoy funge –y finge– de gobernante hemos quedado sometidos a esas fuerzas oscuras que en el plebiscito de 2016 movieron poderosos aparatos de propaganda negra y utilizaron a los pastores cristianos para hacerles creer a sus rebaños de ovejitas domesticadas que el Acuerdo de Paz era para volver homosexuales a nuestros hijos. Son los mismos que acaban de encender el aparataje de sus engaños para convencer a esa masa embrutecida de que quienes apoyan la Justicia Especial para la Paz (JEP) en realidad defienden a violadores de niñas.
Parecería osado afirmar que estamos en manos de la Mano Negra, valga la redundancia. Pero no es posible omitir que con el gobierno de Iván Duque los índices de violencia se incrementaron en todo el país, desde masacres indiscriminadas hasta asesinatos selectivos de líderes sociales, y la delantera la lleva Medellín –la ciudad de Uribe– con un incremento del 20% en homicidios: solo entre enero y febrero de 2019 mataron a 104 personas en “la bella villa”.
Otro termómetro de la crispación social se mide en la protesta de los indígenas del Cauca que bloquearon la vía Panamericana, frente a la cual sus líderes piden la presencia de Duque, y este responde con que no dialogará si no se levantan las medidas de fuerza.
Pero las verdaderas medidas de fuerza se expresan en la muerte de un policía por balas cuyo origen se desconoce, y 48 horas después es lanzado un artefacto explosivo –cuyo origen también se desconoce– contra guardias de la minga de un resguardo de Dagua (Valle) que deja ocho víctimas mortales. Y la voz que se impone es la del ministro de Defensa, el portavoz de las armas, quien acusa a las víctimas de estar manipulando explosivos. Y ambos hechos violentos terminan reforzando los argumentos de Duque para no dialogar con los indígenas…
Dos “falsos negativos” de enorme eficacia, mejor dicho.
Mientras esto ocurre por los lados del Cauca, es pertinente traer a colación que van a cumplirse 200 años de la batalla del Pantano de Vargas, ocurrida el 25 de julio de 1819 en cercanías de Paipa (Boyacá), cuando Simón Bolívar llegó allí con sus tropas diezmadas por el hambre y el duro ascenso al páramo de Pisba. El Libertador presentía una derrota, pero contó con el coraje del coronel Juan José Rondón, quien le pidió que le dejara dirigir las tropas, a lo que Bolívar le respondió con la célebre frase: “¡Coronel, salve usted la patria!”.
Y Rondón la salvó, luego de juntar al sargento Inocencio Chincá con 14 lanceros que se formaron como una flecha y rompieron las filas realistas abriendo un boquete por el cual penetró un destacamento de casanarenses comandado por el teniente Lucas Carvajal, “bravo guerrero que tomaba las riendas de su caballo entre los dientes y en cada mano una lanza de punta metálica donde ensartaba a medio mundo”, según descripción del historiador y abogado Gerardo Martínez.
200 años después, ha llegado el momento de salvar nuevamente a Colombia. Pero no de una potencia extranjera, sino del hombre que se valió de su subalterno Iván Duque para abrirle un boquete a la JEP mediante la objeción a seis de los artículos de la Ley Estatutaria, hacia el objetivo de entorpecer su funcionamiento y evitar que los militares que se presentaron a dicho tribunal de justicia cuenten un día las verdades que terminarían por involucrarlo y mandar al traste su proyecto político. ¿O acaso queda algún ingenuo que crea que los ataques combinados de la Presidencia, la Fiscalía y el Centro Democrático contra la JEP nada tienen que ver con la urgencia que le asiste al senador Uribe de resolver su situación jurídica personal?
La única esperanza de “neutralizar” tal componenda está puesta en los tres partidos políticos que durante el gobierno de Juan Manuel Santos le brindaron su apoyo al proceso de paz: el Partido Liberal, Cambio Radical y la U. Este último ya anunció que se opondrá a las objeciones, y la reunión que la semana pasada sostuvieron el jefe del liberalismo, César Gaviria, y el de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, permite vislumbrar el anhelo de que sean estos quienes le abran un boquete a las torcidas intenciones del partido de gobierno, de modo que en el Congreso triunfe la sensatez sobre los apátridas que a toda costa quieren –y necesitan– empujar a las Farc de nuevo al monte.
Por todo lo anterior, ya no es a Juan José Rondón sino al expresidente Gaviria y al exvicepresidente Vargas Lleras a quienes debemos “ordenarles” que en el Bicentenario de la Ruta Libertadora le impriman a la Ley Estatutaria de la JEP su propia ruta, la que libere a Colombia de la tiranía que con pasos de animal grande se avecina.
Así las cosas, señores César Gaviria y Germán Vargas, ¡salven ustedes la JEP!
DE REMATE: Catorce días después del Pantano de Vargas, con las tropas patriotas ya repuestas de la fatiga pero diezmadas en número (fueron 100 los muertos en esa batalla), el 7 de agosto de 1819 Bolívar pudo derrotar sobre el Puente de Boyacá al ejército realista gracias a la resistencia que los habitantes de Charalá (Sdr.) opusieron sobre el río Pienta contra los 1.800 soldados de refuerzo que le llevaba a Barreiro el gobernador de la provincia del Socorro, Lucas González. En Pienta se contabilizaron 300 charaleños masacrados, todo un baño de sangre, incluida una sobrina de Antonia Santos de nombre Helena, de 13 años, baleada cuando intentó fugarse por una ventana de la iglesia y violada allí mismo por un soldado español después de muerta. Mientras tanto, en la batalla de Boyacá solo se contabilizaron 13 bajas patriotas. Conviene recordarlo para la posteridad, ahora que la historia oficial será la que decreten por edicto mesiánico los nuevos amos del poder central desde el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
En Twitter: @Jorgomezpinilla
http://jorgegomezpinilla.