Supe de inmediato que estábamos frente a un tema de gran calado, de índole más nacional que regional, pues Carlos Escobar saltó a la luz pública cinco años atrás —en la campaña presidencial de 2014— como un uribista de línea dura, a raíz del escándalo que se desató con un video grabado subrepticiamente, donde se veía al candidato del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga recibiendo un informe de las actividades que adelantaba el hacker Andrés Sepúlveda para perjudicar el proceso de paz que se adelantaba en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc. (Ver video).
Por esos días escribí la columna “Lecciones de inteligencia militar”, donde planteé que a Sepúlveda y Escobar se les veía actuar como vasos comunicantes entre la campaña del CD y la Dirección de Inteligencia del Ejército, o al menos del sector de las Fuerzas Armadas que le “copiaba” a Uribe. (Ver columna). Allí también dije que “la atención hay que centrarla en el segundo hacker, Carlos Escobar, con quien Sepúlveda trabajaba en llave. Se trata de alguien que reúne el mismo perfil cien por ciento uribista (‘le manejo la cuenta a Álvaro Uribe’, ‘le hacemos seguimientos a guerrilleros’), y maneja la página alvarouribesenador.com. Según una fuente de la campaña de Francisco Santos, Escobar “fue llevado por Tomás Uribe Moreno a las oficinas del exvicepresidente, para que le manejara las redes sociales”. (Ver investigación de El Espectador).
A raíz de la columna de Óscar Jahir, este cronista se puso a la tarea de averiguar y supo de buena fuente que la campaña de Claudia Lucero López, candidata a la Alcaldía de Bucaramanga, en efecto contrató a tan tenebroso sujeto para fabricar propaganda negra contra sus rivales, y que su “bodega” opera en la dirección arriba citada. Comencemos por preguntarnos si es legal que una campaña contrate a alguien para que ataque con juego sucio a sus oponentes o rivales, y continuemos con el contexto:
En el caso que nos ocupa, no se trata de una vinculación profesional entre una campaña política y alguien que ejerce un trabajo honrado, sino de la puesta en escena de una pecaminosa alianza entre el senador supuestamente liberal Miguel Ángel Pinto (esposo de la susodicha) y Álvaro Uribe, mediante la cual el primero le presta valiosos servicios desde la Comisión Primera del Senado para el impulso o aprobación de proyectos, y a cambio este le corresponde no solo con el aval del Centro Democrático a su cónyuge, sino poniendo a su servicio a uno de sus más fieles esbirros, Carlos Escobar, de esos que no tienen reatos de conciencia en practicar el “vale todo”.
Según la información que poseemos, parte de su trabajo consiste en el desarrollo de páginas como noticorrupción.com, notisantander.com o letramenuda.com, donde cuestionan al alcalde por los chats que lo relacionan con corrupción o por sus “oscuras relaciones” con el exalcalde Lucho Bohórquez. Sobre lo que hace este hacker uribista en Santander, ya lo hemos dicho en otras columnas: encochinar el agua donde todos nos bañamos para que no se note lo sucios que otros están.
El suscrito columnista en más de una ocasión ha cuestionado a Rodolfo Hernández por el negociado que intentó hacer su hijo Luis Carlos con Vitalogic, o por la “carta-promesa” con la que engañó a los votantes y se hizo elegir con “20.000 casas de papel”. (Ver columna). Pero lo inaudito es aceptar como normal que una candidata contrate a alguien para el desarrollo de prácticas ilegales y no haya ningún órgano de control que pueda ponerle coto a lo que constituye un delito informático.
El otro frente de “trabajo” que abrió el hacker Escobar fue contra el candidato de los partidos Conservador y Cambio Radical, Fredy Anaya, por tratarse del más poderoso rival a enfrentar, y el rufianesco método del que se valieron —ingenioso y muy dañino— consistió en crear una cuenta espejo en Twitter, @FredyAlcaldeBGA, a la que le cambiaron una ele minúscula (l) por una i mayúscula (I), y el eslogan “Madruguemos a trabajar” lo remplazaron por “Madruguemos a robar”. Anaya interpuso una tutela para “garantizar su derecho a la honra y al buen nombre”, y el resultado fue que el Juzgado II Municipal falló a su favor y emplazó “al Ministerio de Comunicaciones para que se tomen las medidas del caso y se castigue a los creadores de estas cuentas falsas”. (Ver noticia).
Es tal la inquina de Claudia Lucero López contra Rodolfo Hernández, que produjo un video donde lo enfrentó por haber dicho que su excolaborador Cecilio Vera recibió $200 millones para irse a trabajar con ella, y le respondió con estas palabras: “La corrupción está representada (…) por usted, que le prometió y engañó a los bumangueses ofreciéndoles 20.000 viviendas”. (Ver video). En eso tiene razón, pero es inobjetable que quien lo dice no actúa por cuenta propia sino en representación de los intereses de su esposo, el senador Miguel Ángel Pinto, y los de la caverna política representada en Álvaro Uribe, y los de un César Gaviria que apostata del ideario liberal para entregarle su aval a una fanática religiosa, homofóbica y ultraderechista como Ángela Hernández, con quien hoy hace fórmula Gobernación-Alcaldía de Bucaramanga.
La invitación entonces es a que doña Claudia Lucero entienda que hacer política no consiste en contratar a sujetos expertos en dañar reputaciones mediante falsos portales y mentiras al elector, y a que la justicia entre a operar.
En otras palabras: ¡juego limpio, señora!
DE REMATE: Una buena pedagogía política en esta campaña debería consistir en enseñarle a la población de Barrancabermeja sobre los peligros inherentes a que el clan Gnecco se apodere de los recursos del municipio mediante su “caballo de Troya”, el candidato Jonathan Vásquez, quien le vendió el alma al diablo. Ellos van tras el botín mayor, representado en todas las inversiones que se abren tras la declaratoria del puerto petrolero como Distrito Especial. Este artículo de Ariel Ávila brinda meridiana claridad al respecto.
En Twitter: @Jorgomezpinilla
http://jorgegomezpinilla.blogspot.com/
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Supe de inmediato que estábamos frente a un tema de gran calado, de índole más nacional que regional, pues Carlos Escobar saltó a la luz pública cinco años atrás —en la campaña presidencial de 2014— como un uribista de línea dura, a raíz del escándalo que se desató con un video grabado subrepticiamente, donde se veía al candidato del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga recibiendo un informe de las actividades que adelantaba el hacker Andrés Sepúlveda para perjudicar el proceso de paz que se adelantaba en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc. (Ver video).
Por esos días escribí la columna “Lecciones de inteligencia militar”, donde planteé que a Sepúlveda y Escobar se les veía actuar como vasos comunicantes entre la campaña del CD y la Dirección de Inteligencia del Ejército, o al menos del sector de las Fuerzas Armadas que le “copiaba” a Uribe. (Ver columna). Allí también dije que “la atención hay que centrarla en el segundo hacker, Carlos Escobar, con quien Sepúlveda trabajaba en llave. Se trata de alguien que reúne el mismo perfil cien por ciento uribista (‘le manejo la cuenta a Álvaro Uribe’, ‘le hacemos seguimientos a guerrilleros’), y maneja la página alvarouribesenador.com. Según una fuente de la campaña de Francisco Santos, Escobar “fue llevado por Tomás Uribe Moreno a las oficinas del exvicepresidente, para que le manejara las redes sociales”. (Ver investigación de El Espectador).
A raíz de la columna de Óscar Jahir, este cronista se puso a la tarea de averiguar y supo de buena fuente que la campaña de Claudia Lucero López, candidata a la Alcaldía de Bucaramanga, en efecto contrató a tan tenebroso sujeto para fabricar propaganda negra contra sus rivales, y que su “bodega” opera en la dirección arriba citada. Comencemos por preguntarnos si es legal que una campaña contrate a alguien para que ataque con juego sucio a sus oponentes o rivales, y continuemos con el contexto:
En el caso que nos ocupa, no se trata de una vinculación profesional entre una campaña política y alguien que ejerce un trabajo honrado, sino de la puesta en escena de una pecaminosa alianza entre el senador supuestamente liberal Miguel Ángel Pinto (esposo de la susodicha) y Álvaro Uribe, mediante la cual el primero le presta valiosos servicios desde la Comisión Primera del Senado para el impulso o aprobación de proyectos, y a cambio este le corresponde no solo con el aval del Centro Democrático a su cónyuge, sino poniendo a su servicio a uno de sus más fieles esbirros, Carlos Escobar, de esos que no tienen reatos de conciencia en practicar el “vale todo”.
Según la información que poseemos, parte de su trabajo consiste en el desarrollo de páginas como noticorrupción.com, notisantander.com o letramenuda.com, donde cuestionan al alcalde por los chats que lo relacionan con corrupción o por sus “oscuras relaciones” con el exalcalde Lucho Bohórquez. Sobre lo que hace este hacker uribista en Santander, ya lo hemos dicho en otras columnas: encochinar el agua donde todos nos bañamos para que no se note lo sucios que otros están.
El suscrito columnista en más de una ocasión ha cuestionado a Rodolfo Hernández por el negociado que intentó hacer su hijo Luis Carlos con Vitalogic, o por la “carta-promesa” con la que engañó a los votantes y se hizo elegir con “20.000 casas de papel”. (Ver columna). Pero lo inaudito es aceptar como normal que una candidata contrate a alguien para el desarrollo de prácticas ilegales y no haya ningún órgano de control que pueda ponerle coto a lo que constituye un delito informático.
El otro frente de “trabajo” que abrió el hacker Escobar fue contra el candidato de los partidos Conservador y Cambio Radical, Fredy Anaya, por tratarse del más poderoso rival a enfrentar, y el rufianesco método del que se valieron —ingenioso y muy dañino— consistió en crear una cuenta espejo en Twitter, @FredyAlcaldeBGA, a la que le cambiaron una ele minúscula (l) por una i mayúscula (I), y el eslogan “Madruguemos a trabajar” lo remplazaron por “Madruguemos a robar”. Anaya interpuso una tutela para “garantizar su derecho a la honra y al buen nombre”, y el resultado fue que el Juzgado II Municipal falló a su favor y emplazó “al Ministerio de Comunicaciones para que se tomen las medidas del caso y se castigue a los creadores de estas cuentas falsas”. (Ver noticia).
Es tal la inquina de Claudia Lucero López contra Rodolfo Hernández, que produjo un video donde lo enfrentó por haber dicho que su excolaborador Cecilio Vera recibió $200 millones para irse a trabajar con ella, y le respondió con estas palabras: “La corrupción está representada (…) por usted, que le prometió y engañó a los bumangueses ofreciéndoles 20.000 viviendas”. (Ver video). En eso tiene razón, pero es inobjetable que quien lo dice no actúa por cuenta propia sino en representación de los intereses de su esposo, el senador Miguel Ángel Pinto, y los de la caverna política representada en Álvaro Uribe, y los de un César Gaviria que apostata del ideario liberal para entregarle su aval a una fanática religiosa, homofóbica y ultraderechista como Ángela Hernández, con quien hoy hace fórmula Gobernación-Alcaldía de Bucaramanga.
La invitación entonces es a que doña Claudia Lucero entienda que hacer política no consiste en contratar a sujetos expertos en dañar reputaciones mediante falsos portales y mentiras al elector, y a que la justicia entre a operar.
En otras palabras: ¡juego limpio, señora!
DE REMATE: Una buena pedagogía política en esta campaña debería consistir en enseñarle a la población de Barrancabermeja sobre los peligros inherentes a que el clan Gnecco se apodere de los recursos del municipio mediante su “caballo de Troya”, el candidato Jonathan Vásquez, quien le vendió el alma al diablo. Ellos van tras el botín mayor, representado en todas las inversiones que se abren tras la declaratoria del puerto petrolero como Distrito Especial. Este artículo de Ariel Ávila brinda meridiana claridad al respecto.
En Twitter: @Jorgomezpinilla
http://jorgegomezpinilla.blogspot.com/
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