Los corruptos están de fiesta

Alguna vez en medio de una animada charla con el más repentista conversador de toda la comarca, Luis Eduardo Lucho Garzón, le sugerí que tratara de verter esa chispa en una columna semanal, por ejemplo para El Unicornio, y salió con una respuesta que me puso a dudar hasta de la utilidad del periodismo: “Eso de escribir columnas es como pedalear en bicicleta estática. Usted no se mueve de ahí, no pasa nada, todo sigue igual afuera, nadie se da por aludido”.

Concluido el párrafo anterior confieso que la cita refleja quizás el desasosiego producto del encierro, que me tiene bastante desmotivado para escribir. Hasta ayer domingo (escribo el lunes en la mañana) el tema iba a ser la voraz corrupción que se desató en torno a los contratos de la cuarentena. Pero las noticias más recientes le dan la triste razón a mi buen amigo Lucho el exalcalde, el cuanto a que advertir sobre lo que pasa es como pedalear en bicicleta estática, como llover sobre mojado: no hay denuncia que valga, los corruptos seguirán haciendo de la suyas con la íntima convicción de que en "el país más corrupto del mundo" no les va a pasar nada.

Apenas iniciado el tercer párrafo de lo que aún no sé si tendrá pies o cabeza, descubro horrorizado esta noticia: el fiscal Francisco Barbosa ordena abrir “indagación preliminar” contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por “presunta violación de medida sanitaria (artículo 368 del Código Penal)”. (Ver noticia). ¿Puede haber decisión más política que esta, en medio del choque de trenes que se viene dando entre la alcaldesa y el subpresidente Duque?

Pero esto no es casual, forma parte del mismo aparato de persecución que desde la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le abrió “indagación preliminar” a Daniel Samper Ospina por publicar dentro de un meme una foto de la familia de Iván Duque. Nombre del oprobioso delito: “Explotación económica de niños para fines publicitarios y de marketing”. (Ver noticia). Ejemplarizante actuación la del superintende Andrés Barreto, así como la del fiscal Barbosa, pues se trataba de impedir que la alcaldesa y el youtuber siguieran actuando -quién sabe si coordinados- de manera tan antisocial y criminal.

En este contexto, es de caballeros reconocer que son tantos y tan agobiantes los casos de corrupción que hoy inundan la geografía nacional en casi todas las dependencias oficiales (¿habrá alguna que se salve…?), que el ente acusador se ha visto impedido para reaccionar de un modo tan presto y diligente como sí se le vio frente al proceder delictivo de la más seria rival política que hoy tiene el amigazo y compañero de estudios de Barbosa.

Sea como fuere, ante la ausencia de tema para mi columna de hoy -que francamente no sé cómo se ha ido resolviendo- no sobrará dejar por aquí a modo de recorderis algunos de los casos donde la Fiscalía General no ha tenido tiempo de actuar… o si ha actuado ha sido para conceder jugosas rebajas de penas a ciertos corruptos condenados.

Por segunda vez el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, es vinculado a un faltante de más de 5.000 millones de pesos por la construcción de un conjunto de casas fiscales en San Luis (Tolima), llamado “Ciudadela Policial (CENOP)”. (Ver noticia). La primera vez lo había denunciado el general William Salamanca, Inspector General de la Policía, y lo que obtuvo con la denuncia fue su destitución. La segunda fue mediante oficio de la Contraloría, donde se le notifica del hallazgo. Pero se le ve más tranquilo que una lechuga y nadie le pide la renuncia…

Fernando Marín Valencia, empresario y exembajador (uribista) de Colombia en Venezuela, acaba de ser condenado por ayudar a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas y al empresario Emilio Tapia a robar miles de millones de pesos. ¿A cuántos años creen que ascendió la pena? Más bien descendió: seis años de cárcel gracias al jugoso “preacuerdo” que negoció con la Fiscalía. (Ver noticia).

Pero el verdadero negocio de su vida lo hizo Germán Trujillo Manrique, conocido como el zar de la comida escolar y quien compró apartamento con plata de comida para niños. Pese a que fue el gran protagonista de un saqueo por más de 35.000 millones de pesos a los contratos del PAE en Santander y a que estuvo fugitivo por varios meses, obtuvo una irrisoria condena de 36 meses de cárcel. ¿Gracias a qué?: al jugoso “preacuerdo” que negoció con la Fiscalía. (Ver noticia).

Sin salirnos de Santander, la exsecretaria de Infraestructura durante la gobernación de Richard Aguilar, Claudia Toledo Bermúdez, había confesado que recibió 150 millones de pesos como coima del contrato para la remodelación del estado Alfonso López de Bucaramanga, pero luego se vino a saber que el acto de contrición era fingido, pues pretendía ocultar que la coima no había sido por 150 sino por 1.500 millones. (Ver noticia).

De otro lado, en días pasados se supo que directivos de Finagro concedieron más de $226.000 millones en créditos que iban para productores del campo, pero terminaron en manos de grandes empresas. Cualquier parecido con el Agro Ingreso Seguro de Andrés Felipe Arias no es simple coincidencia, tienen el mismo origen: un gobierno uribista dedicado a regalarles plata a manos llenas a sus amigos los empresarios. (Ver noticia).

Hiede a corrupción a diestra y siniestra, pero desde esta humilde tribuna de opinión solo estamos autorizados para confiar en que luego de haber aplicado el merecido castigo que le corresponde a la alcaldesa de Bogotá por andar de comprar no autorizadas con su señora, el fiscal Francisco Barbosa logre por fin sacar tiempo y se ocupe de algunos de los casos de corrupción más sonados que agobian a esta Colombia enferma de tanto uribismo nefasto galopante.

DE REMATE. Aquí entre nos, ¿a qué obedece que los entes de investigación luzcan tan ágiles ágiles en castigar la corrupción del gobernador del Chocó o el alcalde de Calarcá, pero a la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, con sus latas de atún a $19.000 ni la tocan?

@Jorgomezpinilla

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