Guardadas las proporciones, pues Álvaro Gómez Hurtado fue un destacado líder político y Pablo Escobar un desalmado asesino, llama poderosamente la atención la forma en que los deudos de uno y otro personaje han coincidido en sacarle provecho a la muerte de su respectivo pariente.
Lo de Escobar lo recuerda la periodista laureano-uribista María Isabel Rueda en columna titulada con acierto “¿Víctima o sinvergüenza?”, cuando dice que “la familia de Escobar (…) resolvió sacarles provecho a los delitos del capo. Su hijo, hoy llamado Juan Sebastián Marroquín, ha escrito dos libros: Pablo Escobar, mi padre y Pablo Escobar, in fraganti. Aunque el perdón que pide en nombre de su padre podría ser sincero, lo ha explotado comercialmente con mucho éxito”.
En lo referente a Álvaro Gómez está el libro-panfleto de su hermano Enrique, Por qué lo mataron, al que le pusieron precio de huevo para que se vendiera como ídem. Pero está sobre todo la obsesiva presencia acusadora de sus parientes en los medios, como eternas plañideras, que les ha servido para usufructuar el único patrimonio político que poseen, el de ser parientes del líder inmolado. O como dijera el exfiscal Eduardo Montealegre: “Nunca han podido construir algo distinto a esa herencia, viven de una gloria prestada. Sin ella sólo serían recordados por la agresividad de sus palabras, el sectarismo y la mediocridad de sus ideas”.
Esa “herencia” hoy se concentra en dos hermanos, Miguel y Enrique Gómez Martínez, hijos de Enrique Gómez Hurtado, a quien se le recuerda por haberse reunido en su propia casa con el coronel Bernardo Ruiz Silva cuando este huía de la justicia, acusado de haber ejecutado el plan para asesinar a su hermano. Al recibir esa visita clandestina incurrió en dos delitos, encubrimiento y obstrucción a la justicia, pero hasta hoy no ha dado ninguna explicación ni respondido ante la ley.
De Miguel, economista él, se sabe que se “quemó” en su intento de hacerse elegir al Senado por el Partido Conservador (siendo cabeza de lista…), mientras que a Enrique, de profesión abogado, el 2 de noviembre pasado en coincidencia con un aniversario más del magnicidio se le escuchó de nuevo su letanía de víctima, que incluyó “un llamado a la Comisión de Acusación de la Cámara para que reactive la investigación contra el expresidente Ernesto Samper y lo vincule formalmente a este caso como supuesto autor intelectual del crimen del líder político conservador”. (Ver noticia).
Pero lo llamativo no está ahí, sino en que ahora los Gómez Martínez han decidido saltar del provecho político al usufructo económico, y en función de dicho objetivo el propio EGM le dio a RCN Radio la “primicia” según la cual “la familia de Álvaro Gómez presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para buscar tumbar la sentencia contra el único condenado por el magnicidio”, de nombre Héctor Paul Flórez Martínez y de quien Gómez Martínez dijo que “tenía antecedentes (…) por delitos menores en Sincelejo y Carmen de Bolívar”.
De entrada habría que decir que el condenado (a 40 años, de los cuales cumplió 18 y hoy está en libertad condicional) no era un delincuente menor sino un asesino confeso, miembro de una temible banda de sicarios, quien reconoció “haber cometido el delito de homicidio en la persona de Ovidio Fernández en Carmen de Bolívar el 7 de enero de 1994 mediante el pago de un millón de pesos”.
Está además la delación de su amigo Carlos Alberto Lugo (ver confesión), quien fue invitado a participar pero se negó y luego declaró que Flórez le contó haber disparado cuatro veces contra su víctima, y “el hecho tuvo comprobación por el protocolo de necropsia visible a folio 104 del C.O. 1, en el que se dice que fueron cuatro los tiros recibidos por el doctor Gómez Hurtado, con cuatro orificios de entrada, ninguno de ellos en la cabeza”.
Por muy aberrante que parezca, la estrategia de defender al asesino del tío (a quien antes acusaron) podría resultarles exitosa, gracias precisamente a los buenos oficios de María Isabel Rueda, amiga y asesora del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien consiguió que la Fiscalía desechara la hipótesis que giraba en torno a un grupo de militares golpistas, tesis esta seguida por todos los fiscales anteriores y apoyada hasta por el exembajador de EE. UU. en Colombia Myles Frechette.
Hoy la Fiscalía está casada con la versión de los Gómez Martínez, quienes se anotaron como éxitos que después de muchos años de brega obtuvieron la retractación de Lugo (ver retractación), y pusieron a rodar una aplanadora jurídica que ha llegado hasta lograr que el ente acusador profiriera acusación contra los tres policías que en cumplimiento de sus actividades rutinarias recibieron hace 23 años la declaración de Carlos Alberto Lugo… y hoy están acusados por favorecimiento y fraude procesal. (Ver noticia).
El espectador desprevenido se preguntará a qué obedece tanto apoyo altruista al condenado por el crimen contra su pariente, y la respuesta llega en forma de autoincriminación cuando el mismo Gómez Martínez declara en su “primicia” para RCN que “una vez sea fallada a su favor esta demanda, Héctor Paul Flórez reclamará al Estado la indemnización correspondiente por la vulneración de sus derechos a una defensa justa y al debido proceso”, ocultando así que años atrás ellos mismos, como parte civil en el proceso, ayudaron a condenar al delincuente confeso.
O sea, van es por billete, y por partida doble: a la jugosa comisión para el abogado demandante si logra probar la inocencia de su “cliente”, se sumaría la millonaria indemnización que recibirían los parientes de la víctima. Ahora bien, para hacerse merecedores a lo segundo, deben encargarse de lo primero: sacar libre de culpa al condenado por haber asesinado al tío.
Con la declaratoria ilegal que a finales de 2017 hizo el fiscal general al definir el crimen como de lesa humanidad (de la mano de los ultragodos María Isabel Rueda y Pablo Victoria) se revivieron los términos para que los deudos puedan demandar responsabilidad patrimonial del Estado y tener acceso a la indemnización, pero hay un obstáculo a salvar: Héctor Paul Flórez. Mientras haya un solo condenado por el crimen, la justicia lo asume como caso juzgado.
¿Ya entienden entonces por dónde va el agua al molino, cuando Enrique Gómez Martínez anuncia que se ha puesto en la tarea de tumbar el fallo contra el único condenado que hubo por el asesinato de su tío? Y en ese estado de cosas, ¿no será que el tío debe de estar revolcándose en su tumba?
Mejor dicho, a tono con la columna de la señora Rueda arriba citada, ¿son los hermanitos Gómez Martínez víctimas del magnicidio… o unos sinvergüenzas?
DE REMATE: Este y otros temas con impactantes revelaciones forman parte de un libro próximo a salir, que lleva por título Objetivo: Matar a Álvaro Gómez.
En Twitter: @Jorgomezpinilla
http://jorgegomezpinilla.blogspot.com/
Guardadas las proporciones, pues Álvaro Gómez Hurtado fue un destacado líder político y Pablo Escobar un desalmado asesino, llama poderosamente la atención la forma en que los deudos de uno y otro personaje han coincidido en sacarle provecho a la muerte de su respectivo pariente.
Lo de Escobar lo recuerda la periodista laureano-uribista María Isabel Rueda en columna titulada con acierto “¿Víctima o sinvergüenza?”, cuando dice que “la familia de Escobar (…) resolvió sacarles provecho a los delitos del capo. Su hijo, hoy llamado Juan Sebastián Marroquín, ha escrito dos libros: Pablo Escobar, mi padre y Pablo Escobar, in fraganti. Aunque el perdón que pide en nombre de su padre podría ser sincero, lo ha explotado comercialmente con mucho éxito”.
En lo referente a Álvaro Gómez está el libro-panfleto de su hermano Enrique, Por qué lo mataron, al que le pusieron precio de huevo para que se vendiera como ídem. Pero está sobre todo la obsesiva presencia acusadora de sus parientes en los medios, como eternas plañideras, que les ha servido para usufructuar el único patrimonio político que poseen, el de ser parientes del líder inmolado. O como dijera el exfiscal Eduardo Montealegre: “Nunca han podido construir algo distinto a esa herencia, viven de una gloria prestada. Sin ella sólo serían recordados por la agresividad de sus palabras, el sectarismo y la mediocridad de sus ideas”.
Esa “herencia” hoy se concentra en dos hermanos, Miguel y Enrique Gómez Martínez, hijos de Enrique Gómez Hurtado, a quien se le recuerda por haberse reunido en su propia casa con el coronel Bernardo Ruiz Silva cuando este huía de la justicia, acusado de haber ejecutado el plan para asesinar a su hermano. Al recibir esa visita clandestina incurrió en dos delitos, encubrimiento y obstrucción a la justicia, pero hasta hoy no ha dado ninguna explicación ni respondido ante la ley.
De Miguel, economista él, se sabe que se “quemó” en su intento de hacerse elegir al Senado por el Partido Conservador (siendo cabeza de lista…), mientras que a Enrique, de profesión abogado, el 2 de noviembre pasado en coincidencia con un aniversario más del magnicidio se le escuchó de nuevo su letanía de víctima, que incluyó “un llamado a la Comisión de Acusación de la Cámara para que reactive la investigación contra el expresidente Ernesto Samper y lo vincule formalmente a este caso como supuesto autor intelectual del crimen del líder político conservador”. (Ver noticia).
Pero lo llamativo no está ahí, sino en que ahora los Gómez Martínez han decidido saltar del provecho político al usufructo económico, y en función de dicho objetivo el propio EGM le dio a RCN Radio la “primicia” según la cual “la familia de Álvaro Gómez presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para buscar tumbar la sentencia contra el único condenado por el magnicidio”, de nombre Héctor Paul Flórez Martínez y de quien Gómez Martínez dijo que “tenía antecedentes (…) por delitos menores en Sincelejo y Carmen de Bolívar”.
De entrada habría que decir que el condenado (a 40 años, de los cuales cumplió 18 y hoy está en libertad condicional) no era un delincuente menor sino un asesino confeso, miembro de una temible banda de sicarios, quien reconoció “haber cometido el delito de homicidio en la persona de Ovidio Fernández en Carmen de Bolívar el 7 de enero de 1994 mediante el pago de un millón de pesos”.
Está además la delación de su amigo Carlos Alberto Lugo (ver confesión), quien fue invitado a participar pero se negó y luego declaró que Flórez le contó haber disparado cuatro veces contra su víctima, y “el hecho tuvo comprobación por el protocolo de necropsia visible a folio 104 del C.O. 1, en el que se dice que fueron cuatro los tiros recibidos por el doctor Gómez Hurtado, con cuatro orificios de entrada, ninguno de ellos en la cabeza”.
Por muy aberrante que parezca, la estrategia de defender al asesino del tío (a quien antes acusaron) podría resultarles exitosa, gracias precisamente a los buenos oficios de María Isabel Rueda, amiga y asesora del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien consiguió que la Fiscalía desechara la hipótesis que giraba en torno a un grupo de militares golpistas, tesis esta seguida por todos los fiscales anteriores y apoyada hasta por el exembajador de EE. UU. en Colombia Myles Frechette.
Hoy la Fiscalía está casada con la versión de los Gómez Martínez, quienes se anotaron como éxitos que después de muchos años de brega obtuvieron la retractación de Lugo (ver retractación), y pusieron a rodar una aplanadora jurídica que ha llegado hasta lograr que el ente acusador profiriera acusación contra los tres policías que en cumplimiento de sus actividades rutinarias recibieron hace 23 años la declaración de Carlos Alberto Lugo… y hoy están acusados por favorecimiento y fraude procesal. (Ver noticia).
El espectador desprevenido se preguntará a qué obedece tanto apoyo altruista al condenado por el crimen contra su pariente, y la respuesta llega en forma de autoincriminación cuando el mismo Gómez Martínez declara en su “primicia” para RCN que “una vez sea fallada a su favor esta demanda, Héctor Paul Flórez reclamará al Estado la indemnización correspondiente por la vulneración de sus derechos a una defensa justa y al debido proceso”, ocultando así que años atrás ellos mismos, como parte civil en el proceso, ayudaron a condenar al delincuente confeso.
O sea, van es por billete, y por partida doble: a la jugosa comisión para el abogado demandante si logra probar la inocencia de su “cliente”, se sumaría la millonaria indemnización que recibirían los parientes de la víctima. Ahora bien, para hacerse merecedores a lo segundo, deben encargarse de lo primero: sacar libre de culpa al condenado por haber asesinado al tío.
Con la declaratoria ilegal que a finales de 2017 hizo el fiscal general al definir el crimen como de lesa humanidad (de la mano de los ultragodos María Isabel Rueda y Pablo Victoria) se revivieron los términos para que los deudos puedan demandar responsabilidad patrimonial del Estado y tener acceso a la indemnización, pero hay un obstáculo a salvar: Héctor Paul Flórez. Mientras haya un solo condenado por el crimen, la justicia lo asume como caso juzgado.
¿Ya entienden entonces por dónde va el agua al molino, cuando Enrique Gómez Martínez anuncia que se ha puesto en la tarea de tumbar el fallo contra el único condenado que hubo por el asesinato de su tío? Y en ese estado de cosas, ¿no será que el tío debe de estar revolcándose en su tumba?
Mejor dicho, a tono con la columna de la señora Rueda arriba citada, ¿son los hermanitos Gómez Martínez víctimas del magnicidio… o unos sinvergüenzas?
DE REMATE: Este y otros temas con impactantes revelaciones forman parte de un libro próximo a salir, que lleva por título Objetivo: Matar a Álvaro Gómez.
En Twitter: @Jorgomezpinilla
http://jorgegomezpinilla.blogspot.com/