“Semana” y el caso Álvaro Gómez Hurtado: ¡están locos!

De un tiempo para acá la revista Semana anda en modo esquizoide, conviviendo a la vez con Dios y el diablo. Prueba de ello es su última edición, donde por un lado trae los resultados de una investigación que brilla con luz propia adelantada por Ricardo Calderón, que muestra sin modo de refutación posible, que luego de una primera denuncia el Ejército siguió espiando y persiguiendo a periodistas y políticos, incluso a aliados, como Jorge Mario Eastman. (Ver Las carpetas secretas).

Por otro lado (el lado oscuro) trae un artículo fácilmente refutable, por ambiguo y porque está plagado de errores protuberantes, pero sobre todo porque se adhiere a la tesis incoherente de un mafioso, alias ‘Rasguño’, al que en un artículo de hace diez años la revista consideraba que “¡Está loco!”. Así, con signos de admiración. (Ver ¡Está loco!).

Siempre tuve la impresión de que ese artículo sobre ‘Rasguño’ lo escribió Ricardo Calderón, de quien sea la ocasión contar que aportó valiosas luces en la investigación que hice para escribir Los secretos del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, y en tal medida le hice un reconocimiento especial dentro del libro “por su valiosa colaboración en fuentes y contactos”.

El artículo en mención comienza así: “Semana conoció la totalidad de la declaración de 'Rasguño' sobre el magnicidio de Álvaro Gómez. Salpica a medio país, dice todo tipo de mentiras y deja ver una siniestra intención de salvar a unos y hundir a otros. ¿Hay alguien detrás de esa estrategia?”.

Pues bien, parece que Semana se convirtió en aliada de quienes están detrás de esa estrategia, pues en el artículo del domingo pasado ya consideran que “contrario a lo que pasa con el testimonio de Botero, que carece de sustancia, el de 'Rasguño' tiene mucha”. (Ver artículo).

La “sustancia” de la contradicción entre el antes y el después es flagrante y obedece a que mientras la tesis contraria a Rasguño, que antes sostenía Semana era de cuando Ricardo Calderón estaba al frente del caso Álvaro Gómez Hurtado, hoy parece recaer en manos inexpertas -o ignorantes- pues de entrada comete el error colosal de afirmar que “en cuanto a Rommel Hurtado, después de que lo asesinaron apareció en su caja fuerte un manifiesto golpista que relataba los pormenores y las etapas que deberían tener lugar tras la caída de Samper”.

Cualquier mediano conocedor -más siendo periodista-, sabe que a Rommel Hurtado lo mataron el 15 de julio de 2010, trece años después de que en su casa le fuera hallado dicho documento titulado “Acta del poder Constituyente”, de mayo de 2007. Documento del que Ernesto Samper asegura “me lo envió (Rommel) cuando se dio cuenta que el Gobierno había descubierto la conspiración y que tenía relación directa con el asesinato de Álvaro Gómez. Pensó que tal vez así salvaba su responsabilidad”.

Cuando mataron a Rommel Hurtado él se dedicaba a negocios privados, ya alejado de la política, y no es extraño que lo hayan asesinado por el mismo motivo que a Álvaro Gómez, al general Fernando Landazábal y al economista Jesús Antonio ‘Chucho’ Bejarano: porque sabía demasiado. De esto, nada dice Semana, pero fue a un reportero de esa revista al que Bejarano le contó -días antes de que lo mataran- que los militares golpistas le habían ofrecido el ministerio de Defensa.

Aunque en la última frase del artículo citado el editorialista recupera la cordura, cuando advierte que “no tiene el menor peso jurídico deducir que por cuenta de ese episodio el entonces presidente de la república y su ministro del Interior se convirtieron en asesinos”, deja la puerta abierta a la tesis que de un tiempo para acá sostienen los deudos de la víctima, desde cuando descubrieron que si logran que lo declaren crimen de Estado, se hacen a un jugosa indemnización.

Lo he sostenido en varias columnas, lo recalco ahora y si fuera falso habrían entablado una denuncia penal por calumnia: solo ese anhelado botín explica que Enrique Gómez -el sobrino- se haya puesto en la aberrante tarea de tumbar el proceso que condenó a 40 años de cárcel al sicario que disparó las cuatro balas que acabaron con la vida de su tío, (proceso que la Corte Suprema ya cerró como caso juzgado, pero que siguen ‘pataleando’ porque ahora cuentan con la Fiscalía General como aliada de tan perverso plan).

Son muchas otras las inconsistencias que trae el artículo citado, pero la mayor falencia reside en que el redactor no tuvo en cuenta para nada el contenido de mi libro, pese a que don Felipe López le dedicó un reciente Confidencial después de una llamada que me hizo. Y si no lo tuvieron en cuenta debe ser porque, desde que los banqueros Gilinski adquirieron Semana, han comenzado a incorporar su propia versión amañada -o sea, uribista- de la historia.

No tuvieron en cuenta, por ejemplo, el vehículo con cuatro ocupantes ubicado cerca de la escena del crimen, que resultó pertenecer a la escolta del general Ricardo Cifuentes, ni que un avezado investigador siguió la pista que lo condujo a la Brigada V de Bucaramanga donde operaba el Grupo Cazador de Inteligencia dirigido por un coronel que había trabajado allá bajo el mando del general Cifuentes y de otro general, quien para la fecha del crimen era el comandante del Ejército.

Mi libro también advierte, entre otros ‘secretos’, que el abogado Ignacio Londoño entabló una denuncia penal contra Enrique Gómez Hurtado y su hijo, después de que estos lo acusaron de ser un asesino. Londoño se negó a conciliar, o sea que a los demandados les quedaba la posibilidad de retractarse o ir a la cárcel, pero estuvieron tan de buenas que al demandante lo mataron y el homicidio los libró de enfrentar el proceso.

En conclusión y para no alargar la pita, que miembros de la familia Gómez quieran ganarse un billete grueso con la muerte de su pariente resulta hasta admisible: “por la plata baila el perro”. Pero que la misma revista Semana pretenda confundir a la opinión pública con un artículo que ni siquiera cumple el requisito básico de “contrastar la fuente”, definitivamente ya es cosa de locos.

De remate: Enrique Gómez Martínez, su primo Mauricio y su aliado Ernesto Yamhure, este último desde una alcantarilla de Miami, coinciden en acusarme de ser un sicario moral. Quieren “matar al mensajero” para desvirtuar el mensaje, o sea, el contenido de mi libro. Les hace mucho daño, por supuesto. Con Yamhure no queda opción diferente a la de enfrentarlo por la vía legal, pues me ha acusado de cosas terribles que nunca podrá probar. Qué jartera entablar denuncia, pero toca.

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