A menudo en Colombia ocurren situaciones que se inscriben en el reino del absurdo, pero que por tratarse de un país enfermo se asumen como normales. Una de ellas es la visita que el pasado miércoles –de ceniza– 14 de febrero le hizo Álvaro Uribe Vélez al fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, sobre la cual Noticias Caracol reseñó que “estuvo casi todo el día y tuvo tiempo para todo (…) hasta para que le pusieran la ceniza con la señal de la Santa Cruz".
Comencemos por decir que el noticiero pisó la cascarita ‘religiosa’, pues la intención del astuto visitante era la de hacerse ver como un hombre recto y piadoso. Sea como fuere, el fiscal general de la Nación no debería tener potestad para recibir en su despacho a un individuo tan cuestionado: masacre del Aro, falsos positivos, chuzadas, corrupción rampante en su gobierno, etc. En cualquier país respetuoso de la legalidad, habría dado para que la Corte Suprema de Justicia llamara a Martínez Neira a rendir cuentas por permitir que alguien investigado por la misma Corte utilice su despacho con una intención propagandística, por completo contraria a las funciones del ente acusador.
La reseña de Código Caracol contó que Uribe “asistió (…) a pedirle a la Fiscalía que tramite un convenio con Estados Unidos para otorgarle rebaja de penas a dos paramilitares extraditados” (Ramón Quintero alias ‘Diego Rasguño’ y Diego Pérez alias ‘Diego Rastrojo’), porque supuestamente tendrían valiosa información sobre el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y sobre su hermano Santiago, hoy preso bajo acusaciones de conformación de grupos paramilitares, homicidios y desapariciones.
Lo primero a preguntarnos es qué clase de vínculos tiene Uribe con personas presas en EE.UU. y por qué consigue de ellos información privilegiada con tan asombrosa facilidad, incluida la carta de uno de ellos debidamente apostillada (la del narco Ramón Quintero) haciendo ofrecimientos al fiscal colombiano.
Por cierto, ¿a qué puede obedecer el repentino el interés de Uribe en el proceso por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado: a quién pretende enlodar o favorecer? ¿Y qué tiene que decir el Departamento de Estado norteamericano ante el hecho de que un senador colombiano ande ahora de intermediario de reos confinados en cárceles de alta seguridad? ¿Será que Uribe contó con el visto bueno del Departamento de Estado para hacer indagaciones carcelarias y obtener la carta de un narco dirigida al fiscal Martínez?
De otro lado, ¿cómo hizo para que a la velocidad del rayo alias ‘don Berna’ –otro de los presos- se haya retractado (con impecable redacción) de un correo de incuestionable procedencia suya, dirigido a la abogada e investigadora Maria McFarland, donde acusó a Uribe de haber ordenado el asesinato de Pedro Juan Moreno?: “la muerte de El fue producto de un saboteo al Elicoptero (sic) donde se movilizaba. Acción llebada (sic) a cabo por órdenes de Uribe”. (Ver correo).
Frente a la tarde de recreo con show mediático que el Fiscal le permitió montar a Uribe en predios de la Fiscalía, queda la impresión de que lo hizo no solo para distraer la atención sobre dos columnas (la publicada el 11 de febrero y la anunciada para el siguiente domingo) donde Daniel Coronell reveló los correos de don Berna, sino también por el anuncio de nuevas revelaciones que trae el libro de la señora MacFarland, There Are No Dead Here: A Story of Murder and Denial in Colombia (Aquí no hay muertos: una historia de asesinato y negación en Colombia). Allí la autora hace referencia al asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, en el que al parecer Uribe también resulta implicado. (Ver última columna).
Fuera de lo anterior, tan maquiavélica visita a la Fiscalía suscita otros interrogantes: ¿puede el Fiscal General de la Nación reunirse con un político investigado por la Corte Suprema, y además recibirle la solicitud de tramitar una rebaja de penas para unos paramilitares presos en Estados Unidos? ¿No debe ser esa una tarea del Estado colombiano?
¿De ahora en adelante cualquier político diferente a Uribe, pero que como él esté siendo acusado o investigado, puede reunirse como cualquier parroquiano con el Fiscal General de la Nación y recibir cubrimiento de los medios?
¿Tuvo que ver en la celebración de dicha reunión que Néstor Humberto Martínez haya sido militante activo de Cambio Radical y que el apoyo de Álvaro Uribe resulte vital para la aspiración presidencial de Germán Vargas Lleras?
¿Ese marcado interés del senador Uribe en que se tramite un convenio con la justicia de EE.UU. para rebajarles penas a unos paramilitares, no corrobora acaso su cercanía con el paramilitarismo? De otro lado, ¿no podían ellos mismos elevar esa solicitud directamente a la Fiscalía, por intermedio de sus abogados? Mejor dicho: ¿utiliza Uribe a esos paras… o esos paras lo utilizan a él?
¿Siendo que Uribe tiene a su hermano Santiago preso, es de buen recibo que pretenda ahora fungir ante la justicia como negociador de unos presos en EE.UU. a cambio de favorecer a su pariente?
Hablando de parentescos, ¿estuvo varios años preso, sí o no, su ‘parcero’ el primo Mario Uribe por haber llegado al Congreso con los votos conseguidos a sangre y fuego por grupos paramilitares?
Y por último: ¿el fiscal general del que aquí se habla es el mismo que el 29 de abril de 2015 dijo “el presidente (sic) Uribe es un patriota, juntos trabajamos por Colombia”? (Ver declaración).
DE REMATE: Una parte de los interrogantes aquí expuestos fueron tomados de un audio que circuló en Whatsapp la semana pasada, procedente de alguien que se presenta como periodista pero cuyo nombre no revela. Me parecieron pertinentes y, en tal medida, dieron origen a esta columna.
En Twitter: @Jorgomezpinilla
http://jorgegomezpinilla.
A menudo en Colombia ocurren situaciones que se inscriben en el reino del absurdo, pero que por tratarse de un país enfermo se asumen como normales. Una de ellas es la visita que el pasado miércoles –de ceniza– 14 de febrero le hizo Álvaro Uribe Vélez al fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, sobre la cual Noticias Caracol reseñó que “estuvo casi todo el día y tuvo tiempo para todo (…) hasta para que le pusieran la ceniza con la señal de la Santa Cruz".
Comencemos por decir que el noticiero pisó la cascarita ‘religiosa’, pues la intención del astuto visitante era la de hacerse ver como un hombre recto y piadoso. Sea como fuere, el fiscal general de la Nación no debería tener potestad para recibir en su despacho a un individuo tan cuestionado: masacre del Aro, falsos positivos, chuzadas, corrupción rampante en su gobierno, etc. En cualquier país respetuoso de la legalidad, habría dado para que la Corte Suprema de Justicia llamara a Martínez Neira a rendir cuentas por permitir que alguien investigado por la misma Corte utilice su despacho con una intención propagandística, por completo contraria a las funciones del ente acusador.
La reseña de Código Caracol contó que Uribe “asistió (…) a pedirle a la Fiscalía que tramite un convenio con Estados Unidos para otorgarle rebaja de penas a dos paramilitares extraditados” (Ramón Quintero alias ‘Diego Rasguño’ y Diego Pérez alias ‘Diego Rastrojo’), porque supuestamente tendrían valiosa información sobre el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y sobre su hermano Santiago, hoy preso bajo acusaciones de conformación de grupos paramilitares, homicidios y desapariciones.
Lo primero a preguntarnos es qué clase de vínculos tiene Uribe con personas presas en EE.UU. y por qué consigue de ellos información privilegiada con tan asombrosa facilidad, incluida la carta de uno de ellos debidamente apostillada (la del narco Ramón Quintero) haciendo ofrecimientos al fiscal colombiano.
Por cierto, ¿a qué puede obedecer el repentino el interés de Uribe en el proceso por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado: a quién pretende enlodar o favorecer? ¿Y qué tiene que decir el Departamento de Estado norteamericano ante el hecho de que un senador colombiano ande ahora de intermediario de reos confinados en cárceles de alta seguridad? ¿Será que Uribe contó con el visto bueno del Departamento de Estado para hacer indagaciones carcelarias y obtener la carta de un narco dirigida al fiscal Martínez?
De otro lado, ¿cómo hizo para que a la velocidad del rayo alias ‘don Berna’ –otro de los presos- se haya retractado (con impecable redacción) de un correo de incuestionable procedencia suya, dirigido a la abogada e investigadora Maria McFarland, donde acusó a Uribe de haber ordenado el asesinato de Pedro Juan Moreno?: “la muerte de El fue producto de un saboteo al Elicoptero (sic) donde se movilizaba. Acción llebada (sic) a cabo por órdenes de Uribe”. (Ver correo).
Frente a la tarde de recreo con show mediático que el Fiscal le permitió montar a Uribe en predios de la Fiscalía, queda la impresión de que lo hizo no solo para distraer la atención sobre dos columnas (la publicada el 11 de febrero y la anunciada para el siguiente domingo) donde Daniel Coronell reveló los correos de don Berna, sino también por el anuncio de nuevas revelaciones que trae el libro de la señora MacFarland, There Are No Dead Here: A Story of Murder and Denial in Colombia (Aquí no hay muertos: una historia de asesinato y negación en Colombia). Allí la autora hace referencia al asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, en el que al parecer Uribe también resulta implicado. (Ver última columna).
Fuera de lo anterior, tan maquiavélica visita a la Fiscalía suscita otros interrogantes: ¿puede el Fiscal General de la Nación reunirse con un político investigado por la Corte Suprema, y además recibirle la solicitud de tramitar una rebaja de penas para unos paramilitares presos en Estados Unidos? ¿No debe ser esa una tarea del Estado colombiano?
¿De ahora en adelante cualquier político diferente a Uribe, pero que como él esté siendo acusado o investigado, puede reunirse como cualquier parroquiano con el Fiscal General de la Nación y recibir cubrimiento de los medios?
¿Tuvo que ver en la celebración de dicha reunión que Néstor Humberto Martínez haya sido militante activo de Cambio Radical y que el apoyo de Álvaro Uribe resulte vital para la aspiración presidencial de Germán Vargas Lleras?
¿Ese marcado interés del senador Uribe en que se tramite un convenio con la justicia de EE.UU. para rebajarles penas a unos paramilitares, no corrobora acaso su cercanía con el paramilitarismo? De otro lado, ¿no podían ellos mismos elevar esa solicitud directamente a la Fiscalía, por intermedio de sus abogados? Mejor dicho: ¿utiliza Uribe a esos paras… o esos paras lo utilizan a él?
¿Siendo que Uribe tiene a su hermano Santiago preso, es de buen recibo que pretenda ahora fungir ante la justicia como negociador de unos presos en EE.UU. a cambio de favorecer a su pariente?
Hablando de parentescos, ¿estuvo varios años preso, sí o no, su ‘parcero’ el primo Mario Uribe por haber llegado al Congreso con los votos conseguidos a sangre y fuego por grupos paramilitares?
Y por último: ¿el fiscal general del que aquí se habla es el mismo que el 29 de abril de 2015 dijo “el presidente (sic) Uribe es un patriota, juntos trabajamos por Colombia”? (Ver declaración).
DE REMATE: Una parte de los interrogantes aquí expuestos fueron tomados de un audio que circuló en Whatsapp la semana pasada, procedente de alguien que se presenta como periodista pero cuyo nombre no revela. Me parecieron pertinentes y, en tal medida, dieron origen a esta columna.
En Twitter: @Jorgomezpinilla
http://jorgegomezpinilla.