En Colombia nos hemos acostumbrado a vivir mal, exigir algo tan elemental como mejores condiciones de vida parecería ser una demanda que solo tiene alguna validez en tiempos de elecciones, pero una vez los políticos se constituyen en gobierno parecen desentenderse de ese mínimo deber: hacer que pasen cosas para que la gente viva mejor.
Pensemos en Bogotá, una ciudad capital con más de ocho millones de habitantes, sin metro, sin tren de cercanías y con un transporte público que no puede ser considerado una alternativa cómoda, segura y amigable con el ambiente. Sí, Transmilenio en su momento fue una solución a lo que había, pero ahora su funcionamiento es un problema para la ciudad, tanto por su sostenibilidad financiera como por lo que implica su operación. Lejos de repensar el modelo, se alienta su desarrollo y extensión. A una persona que vive en el sur y trabaja en el centro o norte, le toma cerca de tres horas diarias moverse de su casa al trabajo, en condiciones indignas, pero ya nadie lo lamenta, en una suerte de resignación con el caos de movilidad de la capital.
O qué tal Barranquilla, en cuyo modelo de éxito –que lo es de alguna manera– no está contemplada la calidad de vida de quienes viven en los barrios del sur. El contraste entre las vías, la infraestructura urbana, los parques, los espacios públicos y los centros comerciales tipo Miami del norte de la ciudad, es evidente con lo que se ve en el sur. Obras no terminadas, calles sin pavimentar, casas en obra y a medio hacer, barrios embotellados, son apenas algunas de las postales con las que se encuentra cualquier visitante y que no aparecen en la narrativa del éxito barranquillero de la mano de la dupla de los clanes Char /Daes, como bien lo muestra Laura Ardila en su libro La Costa Nostra. “Aquí se acostumbraron a vivir así, con el embrujo del Junior y la cultura etílica tan arraigada, con eso los entretienen, y en época electoral les pagan el voto, y con eso viven”, me dijo un barranquillero hace poco. Este panorama de contraste se repite en ciudades como Cali, Cartagena, Cúcuta, entre otras, entre la indiferencia y la resignación.
O vamos a cualquiera de los 1040 municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, donde no están dadas las condiciones institucionales y económicas para que funcione un Estado que garantice mínimamente los derechos de quienes allí viven, lo que implica que pensemos el modelo de descentralización municipalista, en parte responsable de los magros avances en materia de lucha contra la pobreza.
Según el Dane, más de 18.3 millones de personas se encuentran en pobreza monetaria, de los cuales, 6.9 millones se encuentran en condiciones de pobreza extrema, una cifra muy preocupante que ya hace parte del paisaje, una estadística más que encubre el hecho de lo que esto significa en términos de calidad de vida de estas personas que no tienen el ingreso necesario para acceder a los bienes básicos de una vida digna. Así mismo, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, advirtió que cerca de 22 millones de personas tienen problemas para acceder a alimentos, de los cuales 12 tienen acceso solo a dos comidas diarias, un escándalo ante lo cual las autoridades ya ni siquiera se dan golpes de pecho.
Este panorama que muchos presentan como un caso de éxito, es el telón de fondo de un descontento social que culminó, junto a otros factores, con la elección de un gobierno progresista, un gobierno que se enreda en su propia retórica y en su incapacidad para entender la función gubernamental, que ha llevado al debate público la idea del buen vivir, del vivir sabroso, de mejores condiciones de vida para todos, especialmente para los más vulnerables y excluidos de siempre, pero que no tiene muy claro cómo lograrlo.
En Colombia, es el esfuerzo privado el camino a mejores condiciones de vida, pero no todos tienen cómo hacerlo, la mayoría sobrevive, la lucha cada día -la pandemia lo puso en evidencia-, y ahí el Estado tiene un rol que cumplir, creando las condiciones para que se pueda transitar hacia una sociedad de bienestar, donde se pueda vivir bien sin que ello implique un privilegio, donde vivir mal no esté normalizado, donde vivir sabroso sea más que un lema institucional.
En Colombia nos hemos acostumbrado a vivir mal, exigir algo tan elemental como mejores condiciones de vida parecería ser una demanda que solo tiene alguna validez en tiempos de elecciones, pero una vez los políticos se constituyen en gobierno parecen desentenderse de ese mínimo deber: hacer que pasen cosas para que la gente viva mejor.
Pensemos en Bogotá, una ciudad capital con más de ocho millones de habitantes, sin metro, sin tren de cercanías y con un transporte público que no puede ser considerado una alternativa cómoda, segura y amigable con el ambiente. Sí, Transmilenio en su momento fue una solución a lo que había, pero ahora su funcionamiento es un problema para la ciudad, tanto por su sostenibilidad financiera como por lo que implica su operación. Lejos de repensar el modelo, se alienta su desarrollo y extensión. A una persona que vive en el sur y trabaja en el centro o norte, le toma cerca de tres horas diarias moverse de su casa al trabajo, en condiciones indignas, pero ya nadie lo lamenta, en una suerte de resignación con el caos de movilidad de la capital.
O qué tal Barranquilla, en cuyo modelo de éxito –que lo es de alguna manera– no está contemplada la calidad de vida de quienes viven en los barrios del sur. El contraste entre las vías, la infraestructura urbana, los parques, los espacios públicos y los centros comerciales tipo Miami del norte de la ciudad, es evidente con lo que se ve en el sur. Obras no terminadas, calles sin pavimentar, casas en obra y a medio hacer, barrios embotellados, son apenas algunas de las postales con las que se encuentra cualquier visitante y que no aparecen en la narrativa del éxito barranquillero de la mano de la dupla de los clanes Char /Daes, como bien lo muestra Laura Ardila en su libro La Costa Nostra. “Aquí se acostumbraron a vivir así, con el embrujo del Junior y la cultura etílica tan arraigada, con eso los entretienen, y en época electoral les pagan el voto, y con eso viven”, me dijo un barranquillero hace poco. Este panorama de contraste se repite en ciudades como Cali, Cartagena, Cúcuta, entre otras, entre la indiferencia y la resignación.
O vamos a cualquiera de los 1040 municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, donde no están dadas las condiciones institucionales y económicas para que funcione un Estado que garantice mínimamente los derechos de quienes allí viven, lo que implica que pensemos el modelo de descentralización municipalista, en parte responsable de los magros avances en materia de lucha contra la pobreza.
Según el Dane, más de 18.3 millones de personas se encuentran en pobreza monetaria, de los cuales, 6.9 millones se encuentran en condiciones de pobreza extrema, una cifra muy preocupante que ya hace parte del paisaje, una estadística más que encubre el hecho de lo que esto significa en términos de calidad de vida de estas personas que no tienen el ingreso necesario para acceder a los bienes básicos de una vida digna. Así mismo, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, advirtió que cerca de 22 millones de personas tienen problemas para acceder a alimentos, de los cuales 12 tienen acceso solo a dos comidas diarias, un escándalo ante lo cual las autoridades ya ni siquiera se dan golpes de pecho.
Este panorama que muchos presentan como un caso de éxito, es el telón de fondo de un descontento social que culminó, junto a otros factores, con la elección de un gobierno progresista, un gobierno que se enreda en su propia retórica y en su incapacidad para entender la función gubernamental, que ha llevado al debate público la idea del buen vivir, del vivir sabroso, de mejores condiciones de vida para todos, especialmente para los más vulnerables y excluidos de siempre, pero que no tiene muy claro cómo lograrlo.
En Colombia, es el esfuerzo privado el camino a mejores condiciones de vida, pero no todos tienen cómo hacerlo, la mayoría sobrevive, la lucha cada día -la pandemia lo puso en evidencia-, y ahí el Estado tiene un rol que cumplir, creando las condiciones para que se pueda transitar hacia una sociedad de bienestar, donde se pueda vivir bien sin que ello implique un privilegio, donde vivir mal no esté normalizado, donde vivir sabroso sea más que un lema institucional.