Adolfo Meisel Roca publicó una interesante columna en El Espectador sobre la necesidad de replantear el rol del Departamento Nacional de Planeación, toda vez que éste dejó de pensar en las grandes metas estratégicas del país y se convirtió en una instancia cuya función esencial es la de otorgar la viabilidad técnica de los proyectos de inversión pública, incluidos los que se aprueban en las regiones, esto último afectando de manera grave el principio de autonomía de los entes territoriales.
Me uno a esa petición e incluso voy más allá: no sólo es necesario replantear el rol del DNP, sino cambiar de manera radical la lógica de planificación en Colombia, aquella que se fundamenta en planes de desarrollo de cuatro años, y abordar una más estratégica, de mediano y largo plazo, sobre la base de políticas públicas concertadas entre el Estado y la sociedad civil.
La falta de continuidad en las políticas públicas se explica porque cada cuatro años los gobiernos cambian las prioridades de inversión en función de las preferencias de sus nuevos mandatos. Si bien esto hace parte de la lógica de la democracia, y las preferencias de los electores deben reflejarse en los planes de desarrollo y, posteriormente en los presupuestos, esto debe armonizarse con estrategias de mediano y largo plazo vinculantes para los distintos gobiernos, tanto en el ámbito nacional como en el regional.
Objetivos como la superación de la pobreza y la reducción de la desigualdad, o el acceso a la justicia y la modernización de la infraestructura vial, por sólo dar unos ejemplos, sólo pueden lograrse en un escenario de largo aliento que supone articular las grandes líneas de la inversión pública nacional y regional al logro de estos objetivos, pero los planes de desarrollo dejaron de ser marco estratégicos para la inversión, y hoy no son más que matrices de gasto en los cuales los gobiernos terminan dando gusto a los más variopintos intereses políticos.
La aprobación de planes de desarrollo para ajustar el gasto público a las exigencias macro económicas ha impedido que el Estado colombiano formule políticas públicas que trasciendan los distintos gobiernos. En Colombia, lo que se formula y ejecuta son proyectos de inversión, generalmente desfinanciados y con fecha de expiración. Aquí se llama política pública a lo que decide un técnico en el DNP o en los ministerios, perdiendo el carácter de proceso de integración social y política que supone la elaboración con los actores sociales involucrados en el problema, para darle mayor legitimidad y afianzamiento a la intervención estatal.
El DNP debe descentralizarse y servir de articulador entre el nivel nacional y los niveles departamentales y municipales en la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas que permitan dar una orientación más estratégica, más armónica, más equitativa y más sostenible al desarrollo. No más pensar el país desde la 26 con 13.
Adolfo Meisel Roca publicó una interesante columna en El Espectador sobre la necesidad de replantear el rol del Departamento Nacional de Planeación, toda vez que éste dejó de pensar en las grandes metas estratégicas del país y se convirtió en una instancia cuya función esencial es la de otorgar la viabilidad técnica de los proyectos de inversión pública, incluidos los que se aprueban en las regiones, esto último afectando de manera grave el principio de autonomía de los entes territoriales.
Me uno a esa petición e incluso voy más allá: no sólo es necesario replantear el rol del DNP, sino cambiar de manera radical la lógica de planificación en Colombia, aquella que se fundamenta en planes de desarrollo de cuatro años, y abordar una más estratégica, de mediano y largo plazo, sobre la base de políticas públicas concertadas entre el Estado y la sociedad civil.
La falta de continuidad en las políticas públicas se explica porque cada cuatro años los gobiernos cambian las prioridades de inversión en función de las preferencias de sus nuevos mandatos. Si bien esto hace parte de la lógica de la democracia, y las preferencias de los electores deben reflejarse en los planes de desarrollo y, posteriormente en los presupuestos, esto debe armonizarse con estrategias de mediano y largo plazo vinculantes para los distintos gobiernos, tanto en el ámbito nacional como en el regional.
Objetivos como la superación de la pobreza y la reducción de la desigualdad, o el acceso a la justicia y la modernización de la infraestructura vial, por sólo dar unos ejemplos, sólo pueden lograrse en un escenario de largo aliento que supone articular las grandes líneas de la inversión pública nacional y regional al logro de estos objetivos, pero los planes de desarrollo dejaron de ser marco estratégicos para la inversión, y hoy no son más que matrices de gasto en los cuales los gobiernos terminan dando gusto a los más variopintos intereses políticos.
La aprobación de planes de desarrollo para ajustar el gasto público a las exigencias macro económicas ha impedido que el Estado colombiano formule políticas públicas que trasciendan los distintos gobiernos. En Colombia, lo que se formula y ejecuta son proyectos de inversión, generalmente desfinanciados y con fecha de expiración. Aquí se llama política pública a lo que decide un técnico en el DNP o en los ministerios, perdiendo el carácter de proceso de integración social y política que supone la elaboración con los actores sociales involucrados en el problema, para darle mayor legitimidad y afianzamiento a la intervención estatal.
El DNP debe descentralizarse y servir de articulador entre el nivel nacional y los niveles departamentales y municipales en la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas que permitan dar una orientación más estratégica, más armónica, más equitativa y más sostenible al desarrollo. No más pensar el país desde la 26 con 13.