A medida que aumenta la esperanza de vida de la población y el empleo informal es una proporción mayor del empleo, surge el debate sobre la necesidad de modificar las leyes de pensión para reducir el costo fiscal de estas. Las soluciones tradicionales consisten en aumentar la edad de jubilación o el aporte de los trabajadores y empleadores. Se evita enfrentar el principal problema: el bajo porcentaje de las personas de tercera edad que disfrutan de alguna jubilación o que tienen un ingreso que les permita al menos subsistir.
Aumentar la edad de jubilación es la respuesta al mayor tiempo en que se percibirá el ingreso pensional. Sin embargo, esta política tiene problemas, en particular el aumento del desempleo juvenil, por la reducción de las oportunidades. Colombia no es ajena a este fenómeno mundial, la tasa de desempleo juvenil puede ser el doble de las tasas de desempleo, llegando en algunos casos a niveles del 25 %, alarmante cifra a pesar del incremento de la tasa de cobertura de la educación superior que retrasa el ingreso de los jóvenes a la población activa ocupada o buscando empleo. Una de las más graves deficiencias del modelo de desarrollo es generar crecimiento económico, pero sin aumentar la oferta laboral. Este mal resultado se produce a pesar de la significativa reducción de la tasa de natalidad. Algunas economías desarrolladas han modificado la política de la edad de jubilación en el sentido de reducir la edad para obtener el derecho a la pensión y así atenuar los costos sociales del desempleo juvenil.
En el mundo, la mayor parte de los sectores económicos consideran una ventaja las bajas tasas de interés, se estimula el consumo y la inversión, no tanto el ahorro. Pero hay un sector altamente perjudicado: el pensional. Cuando en Colombia se crearon los fondos de administración de pensiones, las tasas de interés real se asumieron al 6 %, hoy están alrededor del 3 % o menos. En algunos países, como Alemania, la tasa nominal es negativa, en los Estados Unidos es inferior al 2 %, negativa en términos reales. La sensibilidad de la mesada pensional o la tasa de interés es mucho más significativa que el aumento en la edad de jubilación. Un ejemplo sencillo lo demuestra. Suponiendo una tasa de interés real del 6 %, una persona que cotice durante 30 años para tener una jubilación durante 20 años de $12 millones anuales constantes, es decir, que se aumente con la inflación, tendría que tener un fondo de $138 millones y para lograrlo durante 30 años el ahorro anual debe alcanzar $1,24 millones. Si la tasa de interés real es del 3 %, el fondo debe ascender a $179 millones y el ahorro anual a $3,76 millones. Con la misma tasa del 3 %, si se aumenta en dos años el período de cotizaciones y por lo tanto se reduce en la misma proporción el disfrute de la pensión, el fondo debería alcanzar $165 millones y el ahorro anual $3,1 millones.
Los mayores subsidios a las pensiones no se dirigen a las inferiores a $1 millón mensuales, se concentra en los regímenes especiales, el Congreso, las altas cortes (aunque gracias a la Corte Constitucional se han reducido exorbitantes privilegios), el Ejército, Telecom, etc.
Poco preocupan los subsidios que por ejemplo reciben unas pocas familias productoras de etanol y biodiésel que está superando los $2 billones anuales, cifra similar al “subsidio” de 500.000 jubilados con salario mínimo, asumiendo un subsidio de $4millones/año/jubilado.
A medida que aumenta la esperanza de vida de la población y el empleo informal es una proporción mayor del empleo, surge el debate sobre la necesidad de modificar las leyes de pensión para reducir el costo fiscal de estas. Las soluciones tradicionales consisten en aumentar la edad de jubilación o el aporte de los trabajadores y empleadores. Se evita enfrentar el principal problema: el bajo porcentaje de las personas de tercera edad que disfrutan de alguna jubilación o que tienen un ingreso que les permita al menos subsistir.
Aumentar la edad de jubilación es la respuesta al mayor tiempo en que se percibirá el ingreso pensional. Sin embargo, esta política tiene problemas, en particular el aumento del desempleo juvenil, por la reducción de las oportunidades. Colombia no es ajena a este fenómeno mundial, la tasa de desempleo juvenil puede ser el doble de las tasas de desempleo, llegando en algunos casos a niveles del 25 %, alarmante cifra a pesar del incremento de la tasa de cobertura de la educación superior que retrasa el ingreso de los jóvenes a la población activa ocupada o buscando empleo. Una de las más graves deficiencias del modelo de desarrollo es generar crecimiento económico, pero sin aumentar la oferta laboral. Este mal resultado se produce a pesar de la significativa reducción de la tasa de natalidad. Algunas economías desarrolladas han modificado la política de la edad de jubilación en el sentido de reducir la edad para obtener el derecho a la pensión y así atenuar los costos sociales del desempleo juvenil.
En el mundo, la mayor parte de los sectores económicos consideran una ventaja las bajas tasas de interés, se estimula el consumo y la inversión, no tanto el ahorro. Pero hay un sector altamente perjudicado: el pensional. Cuando en Colombia se crearon los fondos de administración de pensiones, las tasas de interés real se asumieron al 6 %, hoy están alrededor del 3 % o menos. En algunos países, como Alemania, la tasa nominal es negativa, en los Estados Unidos es inferior al 2 %, negativa en términos reales. La sensibilidad de la mesada pensional o la tasa de interés es mucho más significativa que el aumento en la edad de jubilación. Un ejemplo sencillo lo demuestra. Suponiendo una tasa de interés real del 6 %, una persona que cotice durante 30 años para tener una jubilación durante 20 años de $12 millones anuales constantes, es decir, que se aumente con la inflación, tendría que tener un fondo de $138 millones y para lograrlo durante 30 años el ahorro anual debe alcanzar $1,24 millones. Si la tasa de interés real es del 3 %, el fondo debe ascender a $179 millones y el ahorro anual a $3,76 millones. Con la misma tasa del 3 %, si se aumenta en dos años el período de cotizaciones y por lo tanto se reduce en la misma proporción el disfrute de la pensión, el fondo debería alcanzar $165 millones y el ahorro anual $3,1 millones.
Los mayores subsidios a las pensiones no se dirigen a las inferiores a $1 millón mensuales, se concentra en los regímenes especiales, el Congreso, las altas cortes (aunque gracias a la Corte Constitucional se han reducido exorbitantes privilegios), el Ejército, Telecom, etc.
Poco preocupan los subsidios que por ejemplo reciben unas pocas familias productoras de etanol y biodiésel que está superando los $2 billones anuales, cifra similar al “subsidio” de 500.000 jubilados con salario mínimo, asumiendo un subsidio de $4millones/año/jubilado.