Vajilla

José Fernando Isaza
20 de junio de 2019 - 05:30 a. m.
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Corría el año 2003, un gran escándalo conmocionaba a una de las entidades más respetadas y admiradas: las Empresas Públicas de Medellín, la mayor empresa integrada de servicios públicos del país. La gerente de EPM había comprado para la compañía una vajilla, pues de acuerdo con su análisis era más económico que la empresa tuviera vajilla propia que pagar alquiler cada vez que la necesitaba para un evento. El costo fue de $90 millones, unos US$33.000 de la época; los documentos publicados permitían deducir que el precio incluía un juego de cubiertos, pues se lee: “Incluye tenedores para pescado y cucharas para el té”. Se hizo pronta y debida justicia: la gerente renunció, a pesar de que la empresa, por razones de importantes negocios nacionales e internacionales, bien podía comprar una vajilla y un juego de cubiertos para los eventos. La gerente aceptó pagar de su bolsillo $14 millones que exigían los vendedores para deshacer el negocio. No dispongo de la información pertinente para saber si EPM luego compró los utensilios o si sigue pagando por su eventual uso.

Parecería que lo anterior fue un hecho más grave que lo que está ocurriendo en Hidroituango, pues los directivos denominan “incidente” a esta calamidad ambiental que ha obligado a masivos desplazamientos de los poblados, que ha destruido infraestructura, que conlleva sobrecostos que pueden superar los $3 billones (millones de millones).

La sociedad tiene derecho a una información clara y precisa de las decisiones que condujeron a este “incidente”. ¿Qué entidad tomó la decisión de bloquear el túnel de descarga? ¿EPM como contratista o Hidroituango como dueño? Se deben dar a conocer los estudios técnicos, financieros y de riesgos que justificaron esta decisión. Se debe precisar en qué nivel se decidió esta acción que desencadena la catástrofe, perdón, el incidente: ¿gerencia, junta directiva, subgerencia técnica? ¿Por qué se bloquea sin haber terminado el vertedero?

La construcción de la galería auxiliar de desviación (GAD) se inicia sin la autorización de la ANLA. ¿Quién da la orden de incumplir esta normatividad, o se pensó que las normas ambientales no aplican a entidades de la magnitud de EPM? Como se sabe, la GAD colapsa, pero días antes destruyó la galería de salida y el flujo de agua causó inundaciones de poblaciones aguas abajo y colapsó el puente de Puerto Valdivia. ¿Quiénes revisaron el diseño de la GAD que según la firma Skava fue deficiente?

¿Por qué se inicia el llenado del embalse antes de retirar todo el material orgánico? La invasión del buchón en el embalse, con los nocivos efectos ambientales ,se explica en parte por la descomposición del material vegetal dejado. ¿Por qué se incumplió la directiva de la ANLA, que obliga al retiro del material vegetal? ¿Qué entidad y en qué nivel se toma esta decisión que viola los lineamientos ambientales?

Horas antes de la ruptura de la salida de la GAD, oficialmente se anunció que no existía ningún riesgo.

Si la decisión de Hidroituango era contratar la construcción con EPM, lo cual puede ser justificado por la experiencia de esta empresa, ¿por qué se invitó a una preselección internacional de posibles ejecutores del proyecto? Puede pensarse que es una manera de hacer un esguince a las normas que regulan la contratación.

Es de esperarse que el grado de información de este “incidente” tenga igual divulgación que el escándalo de la vajilla.

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