Almendrón de nuestro futuro económico

Santiago Montenegro publicó  en este medio recientemente un artículo maravilloso que en uno de sus párrafos dice mucho sobre un asunto central de nuestro pasado, presente y futuro económico. Compara él a España y Colombia como países ambos cercanos a los 47 millones de habitantes. Ambos también con cerca de 24 millones de personas entre la población económicamente activa. Pero a continuación aparecen las diferencias: mientras que en nuestra tierra ocho millones cotizan a salud y seguridad social, en España es el doble; y peor aún, mientras en Colombia dos millones declaran renta, en España lo hacen nueve veces esta cifra.

Lo anterior es sólo una pequeña muestra de datos que podrían extenderse a formas de vinculación laboral más o menos formales, al pago de impuesto de renta en el sector empresarial o a indicadores de evasión fiscal en todos los niveles de la sociedad. Explica esto también el drama de un país como el nuestro en el que, como hace un par de años lo confirmara la Andi, sólo uno de cada ocho negocios pagan impuestos sobre su renta, porque el resto sale con “saldo a favor” o en ceros. Entiende uno también por qué en Colombia, en comparación con países OECD, el recaudo es de la mitad en proporción al PIB.

La informalidad que describe Montenegro en lo laboral y seguridad social, y que representa un problema muy complejo de cara a una efectiva reforma pensional, se extiende a lo tributario y también a lo empresarial. A 2015 la UGPP calculaba en más de 728.000 los negocios informales, representando el 53 % de las micro y pequeñas empresas. El problema delicado es que este nivel de informalidad empresarial nos aleja del gran propósito que tenemos como sociedad de ser más productivos y de facilitar temas como el acceso al crédito para potenciar las empresas y lograr crecer a largo plazo. Tristemente la informalidad, en todo sentido, es no sólo un signo, sino fuente de subdesarrollo y pobreza.

Pero el asunto no termina allí, súmele también la informalidad asociada con el excesivo uso de efectivo por oposición a otros instrumentos financieros más seguros y efectivos a la hora de motivar la inversión y el ahorro. Hoy, más del 50 % de nuestra oferta monetaria esta en el efectivo, cuando países cercanos como México están en el 30 % y otros como Chile en el 20 %. Usar tanto el efectivo tiene impacto directo sobre menores posibilidades de inversión en la economía y alimenta una “economía subterránea” que es fuente de más evasión fiscal y más informalidad empresarial.

Lo anterior continúa con informalidades en la construcción de vivienda (a 2013 eran cerca de 70 mil viviendas en zonas de alto riesgo no mitigable), en el transporte público (donde se estima entre el 30 y el 40 % de la oferta), en el trabajo informal que para muchos es la única fuente de ingresos, en el crecimiento de la minería ilegal (ahora alimentada por las indefiniciones y demoras en licencias ambientales y consultas a comunidades), en las debilidades de titulación para muchos colombianos de sus respectivas propiedades, lo que les dificulta el acceso a capitales prestados (se estima en cerca de 400.000 viviendas sin escrituras); y ahora que se habla de la tasa de usura, en la cantidad de créditos gota a gota, agiotistas, pirámides y cadenas que sustituyen sistemas formales de crédito y disposición de recursos.

De seguir en medio de este modelo de economía subterránea, la capacidad de potenciar nuestros recursos será limitada, y ella seguirá siendo caldo de cultivo para la corrupción y el delito. Por tanto, se trata no sólo de un problema económico, sino de uno social.

Ahora que se aproxima el debate electoral, vale la pena tomar atenta nota sobre las propuestas de los candidatos a la Presidencia y el Congreso para enfrentar el problema de informalidad, que es sin duda uno de los almendrones que explican el rezago de nuestra economía, pero si se soluciona, será la oportunidad de avanzar más rápidamente a un país más productivo y competitivo y con nuevas fuentes de crecimiento económico y de recursos fiscales para aportarle a nuestra ya casi seca hacienda pública.

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