La sentencia evangélica parafraseada parece la mejor forma de describir la reducción de los tres ceros. Son ya cinco propuestas dese el año 2000 en el Congreso las que han intentado avanzar en este camino, la última de las cuales fue del Partido de la U. Esta usaba como argumentos los mismos de ahora: la necesidad de simplificar las operaciones comerciales y contables, la posibilidad de acercarnos a los estándares internacionales y, finalmente, el argumento bastante inocente de controlar la inflación.
Dicen que la quinta es la vencida. Ya veremos si eso es posible en el marco de un Congreso que en estos meses va a estar más conectado con las elecciones. A esta dificultad se va sumar el argumento de que la medida cuesta mínimo $400.000 millones, cifra que en un apretado contexto fiscal no es un asunto menor.
Lo curioso es que ahora la iniciativa vino del propio Fiscal General, como un camino para enfrentar los dineros que en efectivo aparentemente guardaron algunos grupos o ex grupos al margen de la ley, o en general dineros de economías subterráneas que se encuentran “encaletados” o “embodegados” para evitar, no sólo el pago de impuestos, sino pendientes de ser “lavados”.
Presentada así, la iniciativa es menos parecida a dos de las tres razones que han llevado a muchas naciones en el mundo a seguir este camino. La primera razón que se esgrime es la misma de nuestras cinco propuestas que busca simplificar las operaciones contables, reducir los costos de transacción y acercarnos a los órdenes de magnitud de países más desarrollados. La segunda razón fue la que intentaron usar los políticos en 2016, que es enfrentar la inflación, asunto que en realidad ha funcionado en muchas naciones que han hecho una redenominación de sus monedas para enfrentar hiperinflaciones y que tiene ejemplos en Perú, Brasil o Rusia. Pretender usar este argumento ahora en Colombia no tendría sentido pues ya estamos de nuevo en el rango de meta del Banco.
La nueva propuesta se parece más bien al proceso de “desmonetización” que implementó India en 2016, que buscaba sacar del mercado 80 % de la moneda circulante debido al fenómeno de atesoramiento por fuera del sistema financiero que animaba corrupción, ilegalidad y evasión fiscal. Curiosamente, y ello serviría de lección en nuestro caso, el gobierno indio estimaba que 20 % del circulante existente iba a desaparecer porque las personas, por temor a ser capturadas en su ilegalidad o evasión, no se aproximarían a cambiarlo en el plazo definido. Al final, 99 % del circulante fue cambiado, incluso a pesar de los errores de implementación.
Lo que me inquieta es que, siendo este el odre nuevo con el que se presenta la vieja propuesta de eliminación de los tres ceros, el Banco de la República sale a decir que el proceso de cambio debe ser largo y durar cerca de tres años, con una implementación igualmente larga porque aún falta todo el trámite en el Congreso.
Concebida así, la propuesta es entonces la misma de las ultimas cuatro ocasiones y únicamente serviría para simplificar las operaciones. Si la implementación es larga, las economías subterráneas o grupos o ex grupos al margen de la ley sabrán rápidamente cómo reemplazar su moneda por divisas y otros bienes poco a poco, directamente, o a través de testaferros, al punto que al final será un modelo generoso y lento de lavado de activos, que si bien puede traer nuevos recursos al sistema, no enfrenta el problema descrito por el Fiscal.
Seguir el camino de las últimas cuatro propuestas me lleva a pensar que es una ruta costosa y no esencial. En cualquier caso, lo que sí debemos garantizar es que la propuesta venga con herramientas para enfrentar el problema de fondo que es cómo disminuimos el excesivo uso de efectivo en nuestro país para las transacciones (que está entre 50 % y 70 % contra casos totalmente distintos como Corea, Inglaterra y Chile en donde oscila entre 10 % y 20 %). Tanto uso de efectivo es dejar viva la semilla de la ilegalidad, la informalidad y la evasión.
La sentencia evangélica parafraseada parece la mejor forma de describir la reducción de los tres ceros. Son ya cinco propuestas dese el año 2000 en el Congreso las que han intentado avanzar en este camino, la última de las cuales fue del Partido de la U. Esta usaba como argumentos los mismos de ahora: la necesidad de simplificar las operaciones comerciales y contables, la posibilidad de acercarnos a los estándares internacionales y, finalmente, el argumento bastante inocente de controlar la inflación.
Dicen que la quinta es la vencida. Ya veremos si eso es posible en el marco de un Congreso que en estos meses va a estar más conectado con las elecciones. A esta dificultad se va sumar el argumento de que la medida cuesta mínimo $400.000 millones, cifra que en un apretado contexto fiscal no es un asunto menor.
Lo curioso es que ahora la iniciativa vino del propio Fiscal General, como un camino para enfrentar los dineros que en efectivo aparentemente guardaron algunos grupos o ex grupos al margen de la ley, o en general dineros de economías subterráneas que se encuentran “encaletados” o “embodegados” para evitar, no sólo el pago de impuestos, sino pendientes de ser “lavados”.
Presentada así, la iniciativa es menos parecida a dos de las tres razones que han llevado a muchas naciones en el mundo a seguir este camino. La primera razón que se esgrime es la misma de nuestras cinco propuestas que busca simplificar las operaciones contables, reducir los costos de transacción y acercarnos a los órdenes de magnitud de países más desarrollados. La segunda razón fue la que intentaron usar los políticos en 2016, que es enfrentar la inflación, asunto que en realidad ha funcionado en muchas naciones que han hecho una redenominación de sus monedas para enfrentar hiperinflaciones y que tiene ejemplos en Perú, Brasil o Rusia. Pretender usar este argumento ahora en Colombia no tendría sentido pues ya estamos de nuevo en el rango de meta del Banco.
La nueva propuesta se parece más bien al proceso de “desmonetización” que implementó India en 2016, que buscaba sacar del mercado 80 % de la moneda circulante debido al fenómeno de atesoramiento por fuera del sistema financiero que animaba corrupción, ilegalidad y evasión fiscal. Curiosamente, y ello serviría de lección en nuestro caso, el gobierno indio estimaba que 20 % del circulante existente iba a desaparecer porque las personas, por temor a ser capturadas en su ilegalidad o evasión, no se aproximarían a cambiarlo en el plazo definido. Al final, 99 % del circulante fue cambiado, incluso a pesar de los errores de implementación.
Lo que me inquieta es que, siendo este el odre nuevo con el que se presenta la vieja propuesta de eliminación de los tres ceros, el Banco de la República sale a decir que el proceso de cambio debe ser largo y durar cerca de tres años, con una implementación igualmente larga porque aún falta todo el trámite en el Congreso.
Concebida así, la propuesta es entonces la misma de las ultimas cuatro ocasiones y únicamente serviría para simplificar las operaciones. Si la implementación es larga, las economías subterráneas o grupos o ex grupos al margen de la ley sabrán rápidamente cómo reemplazar su moneda por divisas y otros bienes poco a poco, directamente, o a través de testaferros, al punto que al final será un modelo generoso y lento de lavado de activos, que si bien puede traer nuevos recursos al sistema, no enfrenta el problema descrito por el Fiscal.
Seguir el camino de las últimas cuatro propuestas me lleva a pensar que es una ruta costosa y no esencial. En cualquier caso, lo que sí debemos garantizar es que la propuesta venga con herramientas para enfrentar el problema de fondo que es cómo disminuimos el excesivo uso de efectivo en nuestro país para las transacciones (que está entre 50 % y 70 % contra casos totalmente distintos como Corea, Inglaterra y Chile en donde oscila entre 10 % y 20 %). Tanto uso de efectivo es dejar viva la semilla de la ilegalidad, la informalidad y la evasión.