Ya el viceministro de Hacienda salió a justificar el peligroso Decreto 1385 del pasado 22 de junio, con el que se abrió una peligrosa excepción a las normas de buen manejo financiero al permitir a los dueños de las Sociedades Administradoras de Pensiones (AFP) usar los dineros de sus clientes para sus negocios en obras de 4G, en un abierto conflicto de interés.
El artículo 7.6.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010 considera que hay conflictos de interés cuando la situación conlleve la escogencia entre la utilidad del dueño de la AFP y la de sus afiliados; o la utilidad de un tercero vinculado a la AFP y sus afiliados; o la utilidad de los fondos o carteras colectivas que administra la AFP y la utilidad para sus afiliados; o la utilidad de una operación y la transparencia del mercado. Todo sorprendentemente autorizado con el funesto Decreto 1385.
Aunque este decreto busca legalizar ese tipo de conductas cuando se trate de inversiones en fondos de capital privado que destinen al menos dos terceras partes de los aportes de sus inversionistas a proyectos de infraestructura o de 4G, no lo logra, pues estas conductas no desaparecen o tasan su legalidad porque se refieran a dos terceras partes, o a la mitad, o una proporción cualquiera atada a un activo específico. Además, ignora el artículo 13 del Decreto Ley 656 de 1994, norma de mayor jerarquía, que prohíbe expresamente semejantes conductas ya descritas.
Las normas referidas a situaciones de conflictos de interés son de naturaleza preventiva para el funcionamiento ortodoxo de los mercados, de ahí que contemplen la prohibición o abstención de obrar cuando el funcionario se encuentre ante cualquier situación que la configure, por ello, apenas se sucedan estos negocios entre los dueños controladores de las AFP con recursos de sus afiliados para su provecho personal, cabrán acciones de grupo por los perjuicios causados y riesgos inherentes.
Todo sin perjuicio de un debate más técnico sobre el manejo de mayores riesgos, trasparencia del mercado y valoración de activos tan complejos como los fondos de capital privado, que podrían disfrazar maniobras de estafa sin precedentes con los ahorros de los pensionados. Son necesarias más explicaciones a semejante cheque en blanco con cargo al ahorro pensional.
Ya el viceministro de Hacienda salió a justificar el peligroso Decreto 1385 del pasado 22 de junio, con el que se abrió una peligrosa excepción a las normas de buen manejo financiero al permitir a los dueños de las Sociedades Administradoras de Pensiones (AFP) usar los dineros de sus clientes para sus negocios en obras de 4G, en un abierto conflicto de interés.
El artículo 7.6.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010 considera que hay conflictos de interés cuando la situación conlleve la escogencia entre la utilidad del dueño de la AFP y la de sus afiliados; o la utilidad de un tercero vinculado a la AFP y sus afiliados; o la utilidad de los fondos o carteras colectivas que administra la AFP y la utilidad para sus afiliados; o la utilidad de una operación y la transparencia del mercado. Todo sorprendentemente autorizado con el funesto Decreto 1385.
Aunque este decreto busca legalizar ese tipo de conductas cuando se trate de inversiones en fondos de capital privado que destinen al menos dos terceras partes de los aportes de sus inversionistas a proyectos de infraestructura o de 4G, no lo logra, pues estas conductas no desaparecen o tasan su legalidad porque se refieran a dos terceras partes, o a la mitad, o una proporción cualquiera atada a un activo específico. Además, ignora el artículo 13 del Decreto Ley 656 de 1994, norma de mayor jerarquía, que prohíbe expresamente semejantes conductas ya descritas.
Las normas referidas a situaciones de conflictos de interés son de naturaleza preventiva para el funcionamiento ortodoxo de los mercados, de ahí que contemplen la prohibición o abstención de obrar cuando el funcionario se encuentre ante cualquier situación que la configure, por ello, apenas se sucedan estos negocios entre los dueños controladores de las AFP con recursos de sus afiliados para su provecho personal, cabrán acciones de grupo por los perjuicios causados y riesgos inherentes.
Todo sin perjuicio de un debate más técnico sobre el manejo de mayores riesgos, trasparencia del mercado y valoración de activos tan complejos como los fondos de capital privado, que podrían disfrazar maniobras de estafa sin precedentes con los ahorros de los pensionados. Son necesarias más explicaciones a semejante cheque en blanco con cargo al ahorro pensional.